El campo convoca una gran protesta contra el Gobierno en busca de soluciones para el sector agrario

El campo no aguanta más y se va a echar a la calle en defensa del medio rural, sus empresas y sus explotaciones agrarias y ganaderas. Las organizaciones Asaja, COAG y UPA, junto a la Real Federación Española de Caza (RFEC), la Real Federación de Asociaciones de Ganado Selecto (Rfeagas), la Unión de Criadores de Toros de Lidia (UCTL), y la Alianza Rural han convocado una gran manifestación en Madrid para el próximo 20 de marzo. Su objetivo es «defender y poner en valor el medio rural español», que está atravesando un complicado momento por el incremento de los costes de las materias primas, la energía y los carburante, además de denunciar la falta de sensibilidad del Gobierno con el sector agrario, que está ahogando las explotaciones.

Bajo el lema «Juntos por el campo» y «20MRural», agricultores, ganaderos y cazadores reclamarán al Gobierno y a las comunidades autónomas un plan de choque para solucionar la falta de rentabilidad de sus explotaciones. El presidente de Asaja, Pedro Barato, ha destacado en la presentación de la convocatoria que el «mundo rural necesita salir a la calle para reivindicar temas que son de justicia y que algunas veces son de atropello». Se refiere concretamente a la reforma laboral, que no se ha adaptado a las necesidades de contratación del campo, con temas como en el de la estacionalidad. «Además de incrementarse el salario mínimo y crear más desempleo, se aboca al sector a cambios urgentes de cultivos. Y luego está el lío de los fijos discontinuos, que va a ser un negocio para otros, donde el trabajador va a cobrar igual o menos». Respecto a los costes energéticos, las organizaciones agrarias han denunciado que son el único sector que «sigue pagando la luz sin usarla».

Además de criticar la nueva PAC, «que debe ser más justa con aquellas personas que viven de esta actividad», también cargaron contra la protección a determinadas especies que hacen daño a las plantaciones y a las ganaderías. «Es incomprensible que el lobo se recoja en el Lespre. Nosotros no estamos en que se erradique, sino en que se controlen las especies». Por ello, exigieron un «plan de choque real» para salvar el campo. Barato ha denunciado que la reforma laboral que prepara el Gobierno y que no es la que necesita el sector o a la regulación de las tarifas eléctricas, donde el sector agrario es el único sector que sin utilizar la luz tiene que pagarla. «Que dejen de utilizar a la España Vaciada y den un tratamiento acorde a la situación que vive el mundo rural».

Por su parte, el secretario general de COAG, Miguel Padilla, ha criticado que el Plan Estratégico de la nueva PAC enviado a Bruselas no responde a las necesidades de los agricultores y ganaderos profesionales. «Se deben priorizar los apoyos a aquellos activos agrarios que viven de su trabajo en el campo y generan verdadera economía real en el medio rural. Sin sostenibilidad económica de las explotaciones agrarias profesionales difícilmente habrá sostenibilidad social y medioambiental», ha asegurado.

Por otro lado, ha advertido de la «hipocresía» que supone que a las importaciones de terceros países no se les exija el cumplimiento de los altos estándares de producción que sí cumplen los productores europeos. «Es una competencia desleal e inaceptable. Hay que acabar con ello», insiste.

El secretario de ganadería de UPA, Lorenzo Ramos ha animado a «todo» el medio rural a manifestarse para no permitir que ningún joven que quiera vivir y trabajar en su pueblo se vea «obligado a abandonarlo. Tenemos que hacer lo que haga falta para favorecer el relevo generacional», reclama Ramos que alerta de la «gravísima coyuntura» que atraviesan la agricultura y la ganadería debido a la falta de precios justos y el incremento de costes de producción.

Desde la RFEC, Manuel Gallardo ha mostrado la preocupación del sector cinegético ante la deriva anti-caza del Gobierno, «que desprecia a la caza como actividad generadora de economía, fijadora de empleo y sustento de muchas poblaciones rurales» y que genera «enormes» beneficios sociales, culturales, económicos y medioambientales, y que está «fuertemente arraigada» a la cultura española. En ese sentido, ha criticado al Gobierno porque «obvia el impacto negativo que tendría el abandono de la caza en España» desde la perspectiva socio-económica y desde la conservación de los ecosistemas.

Por último, el presidente de Alianza Rural, Fermín Bohórquez, ha defendido un mundo rural vivo y ha calificado de inadmisible que se legisle a espaldas de este «desde una visión urbanita desconocedora de la realidad del campo, de la realidad del mundo rural» y perjudicando sus intereses, lo que empuja a los pueblos al abandono o a convertirlos en «museos para visitar los fines de semana».

Según datos de las organizaciones, en España hay 996.000 explotaciones ganaderas, que generan 27.000 millones de euros, el 2,4 % del PIB y 700.000 empleos (entre producción y transformación).