Macrogranjas, demagogia y fake news

Los que tenemos la suerte de mantener un contacto estrecho con la realidad del sector agroalimentario español, por razones “románticas” y también profesionales, venimos advirtiendo desde hace ya muchos meses al sector ganadero y, especialmente, al porcino que sobre él se estaba implementando por algunos movimientos políticos y sociales una estrategia perfectamente orientada a su desprestigio sectorial y social, con la exclusiva finalidad de procurar una traumática “reconversión” del sector y un redimensionamiento forzoso del mismo, lo que acarrearía una grave pérdida de competitividad de uno de los sectores económicos más potentes y dinámicos de España.

A lo largo ya de bastante tiempo hemos venido observando cómo “plataformas”, movimientos ecologistas, partidos políticos, e incluso algunas corporaciones locales de diverso signo político, han venido empleando el argumento de la sostenibilidad medioambiental y el de la contaminación de suelo y aguas para tratar de impedir el establecimiento y/o el crecimiento de explotaciones ganaderas, empleando el término “macrogranja” para aludir al presunto responsable de esta realidad o riesgo (según los casos) que afectaría al medio natural.

En este contexto, y cuando ya se han ganado algunas batallas jurídicas frente a actuaciones “poco ortodoxas” de algunas corporaciones municipales, que tratan de dilatar o impedir la tramitación administrativa de expedientes que afectan a este tipo de explotaciones, en las últimos días han aparecido dos nuevos “elementos” que, a mi juicio, suponen un salto cualitativo importante en la compleja situación a la que se enfrenta este sector ganadero. De una parte, un ministro del Gobierno de España (nada menos que el de Consumo) entra de lleno en el ataque a nuestro modelo productivo y, lo que es peor, ataca la calidad del producto que comercializa el sector. De otra, y en simultáneo, un gobierno autonómico de región eminentemente ganadera, decreta, por Ley, una “moratoria” hasta el 31 de diciembre del 2024, de lo que podría entenderse como “macrogranjas”.

Y todo esto sin que nadie sepa que es, realmente, una macrogranja y sin que exista una sola norma jurídica que defina o determine qué es y cuál seria, de existir, su régimen jurídico. Y, lo que es aún peor, sin que nadie se haya parado a conocer y estudiar cual es el verdadero modelo productivo desarrollado en España, que nos ha llevado a ser líderes europeos y mundiales en sostenibilidad medioambiental y en calidad de nuestras carnes. No se es consciente (o quizás sí) que el debate que se suscita por estos sectores y en el ámbito político no debería ir nunca a contraponer el modelo extensivo de explotación con el intensivo, ni a intentar sutilmente “provocar una guerra” entre los dos tipos de explotaciones ganaderas que son imprescindibles para tener un modelo productivo competitivo capaz de abastecer la demanda interna y la exportación.

No se puede romper, una vez más, el marco jurídico vigente generando inseguridad jurídica a explotaciones que no dejan de ser en su mayoría pequeños negocios familiares, ni avocar a las explotaciones y empresas (como en el reciente caso de Castilla-La Mancha) a una política de deslocalización en favor de otras comunidades autónomas, en donde la seguridad jurídica pueda ser hoy mayor para este tipo de explotaciones, aun cuando pudiera llegarse a pensar que una estrategia como la del ministro Garzón, asumida por el Gobierno de coalición social-comunista que tenemos, podría llevar a una inseguridad jurídica para el sector de carácter nacional, ante una hipotética nueva normativa que pudiera ir a dinamitar el modelo actual.

Pues bien, en este difícil e inseguro contexto en el que nos encontramos, con notable tendencia a empeorar, parece razonable afirmar una serie de cuestiones para intentar ayudar a poner las cosas en sus justos términos:

• En España no existe el concepto jurídico o sectorial de “macrogranjas” y, por lo tanto, debe de rechazarse el mismo de manera categórica para avalar o justificar cualquier posicionamiento. Entrar a discutir sobre este concepto es, a mi juicio, hacer el juego a quienes persiguen la desaparición de este sector o al menos la reconversión del mismo a un sector testimonial, eso sí, con una producción solo accesible para los más acaudalados. Las explotaciones ganaderas requieren siempre de una dimensión suficiente para hacerlas eficientes y rentables pero ello no lleva aparejado en España la existencia de grandes explotaciones (como se conocen en otros países) dado a que nuestro modelo productivo (pionero) ha abandonado con carácter general el ciclo cerrado en beneficio de el modelo integrador que supone la separación de las madres reproductoras para ser cebados en otras explotaciones (naves) de poco más de dos mil cabezas en su mayoría.

• La demagogia y las fake news que algunos medios de comunicación y redes sociales difunden con el objetivo de denigrar la imagen del sector y deteriorar su prestigio comercial y social y el ansia de generalizar alguna mala practica aislada (que el propio sector debe eliminar radicalmente), son, en mi opinión, ingredientes fundamentales de esta estrategia pensada y organizada para generar, poco a poco (como lluvia fina), una opinión publica favorable a los cambios que estos “actores” pretenden por razones más dogmáticas e ideológicas que reales.

• Los ataques a la buena imagen del sector desde las instituciones públicas y por responsables políticos deben generar no solo el rechazo sectorial, sino la exigencia de rectificación real y, en su caso, la posible exigencia de indemnización por los daños y perjuicios que ello produce en términos de imagen, ventas y exportaciones. Si nuestra legislación mercantil permite paralizar e indemnizar los actos de denigración de un competidor y nuestra legislación de protección a la imagen permite lo mismo, deberíamos sostener que los actos de un Gobierno o de un responsable público que denigra y ataca (desde la ignorancia y de manera injustificable) la buena imagen de un sector (de sus explotaciones y empresas) y la calidad de sus producciones comercializadas con todos los parabienes legales y reglamentarios, requerirían de un trato indemnizatorio en el marco de la responsabilidad patrimonial de los poderes públicos y del principio indemnizatorio del daño producido por culpa, negligencia o ignorancia inexcusable.

No debemos nunca olvidar que también las personas jurídicas son titulares del derecho al honor, en la vertiente del buen nombre comercial de la empresa o de prestigio de la misma que suponen una proyección pública del buen nombre. La reputación mercantil y comercial (el “honor mercantil”) supone el amparar la fama y el crédito logrado en el tráfico mercantil frente a cualquier “agresión” injustificada y falsa sin que nadie pueda ampararse en el principio constitucional de libertad de expresión dado que estaríamos ante “imputaciones” de hechos o situaciones susceptibles de control de veracidad.

En todo caso, tiempos difíciles para nuestro sector ganadero y muy especialmente para el sector porcino. Será necesaria mucha prudencia para reconducir esta situación sin entrar en una guerra indeseada, pero será también necesario no dejar que crezcan bulos o que se consoliden decisiones políticas y/o administrativas que puedan condicionar seriamente el futuro y la imagen del sector. La protección del medio ambiente y un deseable desarrollo rural sostenible no es ni puede ser argumento para atacar a un sector que lleva años cumpliendo una estricta normativa y apostando por generar riqueza y empleo con productos de máxima calidad reconocida mundialmente. La excepción de alguna mala práctica tampoco puede ser tolerada como excusa para intentar generalizar una situación ajena a la realidad.