La creación y aplicación de sanciones a caseros que no cumplan la Ley de Vivienda quedará en manos de las autonomías

Transportes está dispuesto a abrir el articulado de la norma a penalizaciones, pero serán las comunidades las que decidan cómo y si las aplican por tener las competencias

Anuncios de alquileres en una inmobiliaria
Anuncios de alquileres en una inmobiliaria FOTO: Cristina Bejarano La Razón

La Ley de Vivienda que ahora se tramita en el Congreso no recogerá ningún tipo de sanciones para aquellos propietarios que no la respeten. Pero eso no significa que no pueda llegar a haberlas. La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, aseguró a mediados de febrero que no descartaba introducir en la Ley de Vivienda sanciones para todos aquellos caseros que no cumplan la normativa para dar así respuesta a una de las peticiones que le habían formulado diversos colectivos afectados por la medida como los Sindicatos de Inquilinos. Pero lo que en realidad acabará recogiendo el articulado casi con toda probabilidad es la opción de que las comunidades autónomas puedan diseñar y aplicar tales sanciones.

Como explican desde el Mitma, el departamento está dispuesto a “abrir un matiz” en el articulado de la ley que permita a las autonomías que así lo deseen imponer penalizaciones a los propietarios díscolos. El motivo de que Transportes no contemple introducir directamente las sanciones en la norma no es otro que los posibles problemas de invasión de competencias -las de vivienda están transferidas- que podría originar este paso. La ley, de hecho, ya ha sido puesta en en tela de juicio en este sentido por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que en su informe evaluador, cuestiona la constitucionalidad de la normativa por, a su juicio, invadir competencias autonómicas.

Lo más probable, explican desde el ministerio, es que la modificación del texto para habilitar la capacidad sancionadora de los autonomías se realice a través de una de las enmiendas que se empezarán a negociar a partir del próximo 10 de marzo, una vez que, si todo va según lo previsto por el Gobierno, se rechacen las enmiendas a la totalidad presentadas por ERC, el PNV, Junts per Catalunya y PDeCAT. Previsiblemente, estas enmiendas no prosperarán y el Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos tendrá que seguir negociando con dos de sus socios prioritarios, PNV y ERC, para sacar adelante esta ley y evitar que vuelva a ocurrir lo que sucedió hace unas semanas con la reforma laboral, que fue aprobada gracias al voto a favor por error de un diputado del PP y los votos en contra de ambas formaciones.

Rechazo nacionalista

En línea con el CGPJ, las formaciones nacionalistas consideran que la Ley de Vivienda que plantea el Mitma invade las competencias en la materia, transferidas a las autonomías. ERC ha propuesto un texto alternativo al del Gobierno de coalición y ciñe la ley al “ámbito incidental” de las competencias del Estado. Por su parte, el PNV asegura que la titularidad de la competencia de vivienda viene recogida en el artículo 10.31 del Estatuto de Gernika, mientras que Junts considera que el proyecto de ley supone un “desmantelamiento, por la vía de la articulación transversal y multidisciplinar, de las regulaciones legítimamente impulsadas, aplicadas y vigentes en Cataluña”, la misma tesis que defiende PDeCAT, que haba de “invasión competencial”.

Junto con la introducción de sanciones, los Sindicatos de Inquilinos también han pedido al ministerio que la bajada de los alquileres en zonas tensionadas que recoge la ley se aplique a todos los arrendadores, no solo a las empresas propietarias de diez viviendas o más y que sea suficiente para declarar una zona tensionada con que el crecimiento del precio de la vivienda sea de dos puntos (no cinco, como estipula la ley) por encima de la inflación o bien con que la carga media destinada a la vivienda (con gastos y suministros básicos) supere el 30% de los ingresos.

El Sindicato de Inquilinos también ha pedido que el texto garantice la vigencia de los regímenes de contención de rentas ya existentes y en funcionamiento, como el de Cataluña; y que la regulación de precios del alquiler sea de aplicación inmediata cuando se apruebe la ley. A este respecto, la norma recoge una “vacatio legis” de hasta 18 meses desde su aprobación para que el Mitma elabore el índice de precios de referencia que se precisa para regular las rentas en las zonas tensionadas. No obstante, la propia ministra declaró tras aprobarse la Ley que, si era posible, tratarían de acortar ese plazo para que la norma entre en vigor en esta legislatura y no en 2024, cuando parece que lo haría según los plazos que se manejan en el ministerio.

Otras peticiones

Otras de las propuestas que presentaron, y que Unidas Podemos defenderá en forma de enmienda en la tramitación parlamentaria, es que los arrendadores paguen los gastos de las agencias inmobiliarias, que los contratos sean renovables automáticamente, si no hay incumplimiento de las condiciones o necesidad propia del arrendador; y que la subida de los alquileres se limite a un máximo del 2%. También solicitan que la ley reconozca el papel de representación, intermediación y asesoramiento de las organizaciones inquilinas y que se limite el alquiler turístico en los entornos urbanos residenciales. En materia fiscal, reclaman que las desgravaciones para arrendadores se apliquen solo cuando la renta sea al menos un 15% inferior a la del índice de precios o cuando se trate de una vivienda de alquiler social y que se eliminen los beneficios de las socimi (sociedades anónimas cotizadas de inversión inmobiliaria).