El Gobierno inicia una carrera a contra reloj para que los topes al alquiler no queden sin aplicar

El Consejo de Ministros aprobó ayer el proyecto deLey por el Derecho a la Vivienda. El texto ha recibido el visto bueno a pesar de las reticencias mostradas por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha puesto en duda su constitucionalidad. El Ejecutivo, como ya había anunciado, ha hecho caso omiso casi por completo al órgano de gobierno de los jueces y ha dado luz verde a la norma sin apenas modificaciones. A este respecto, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, aseguró que el Gobierno ha estudiado «con respeto absoluto a las consideraciones» y añadió que se han «incorporado comentarios» para «clarificar determinados artículos donde entra la normativa autonómica». «El Gobierno quiere destacar que este proyecto de ley reconoce las competencias de las comunidades en materia de vivienda y pone a su disposición aprobar aquellas herramientas para ayudar a hacer efectivo este derecho básico», dijo Sánchez.

El texto aprobado ayer será ahora remitido al Congreso de los Diputados para iniciar una contra reloj con el objetivo de que la medida estrella que permite a las autonomías topar los precios del alquiler en zonas tensionadasentre en vigor en la presente legislatura ya que, de haber nuevas elecciones y perderlas el PSOE, el PP ya ha advertido de que no la aplicará de ningún modo.

La ley recoge que podrán ser declaradas como zonas de precios tensionados aquellas en las que los gastos de la vivienda, incluido el alquiler, supongan más del 30% de los ingresos o que en las que en los cinco últimos años los precios de compra o alquiler hayan subido más de 5 puntos por encima del IPC autonómico. Si se cumplen estos requisitos, las comunidades podrán solicitar la declaración de área de precios tensionados.

Índice de precios

Una vez que una de estas áreas sea declarada, las rentas de los alquileres quedarán intervenidas. En el caso de las compañías propietarias de más de diez viviendas o una superficie construida de más de 1.500 metros cuadrados, los precios se congelarán si prorrogan los contratos. Pero si firman otros nuevos, deberán ajustar sus precios al valor medio del área que establecerá el futuro índice de referencia que elaborará el Mitma y para el que se ha dado un plazo de 18 meses desde la aprobación de la norma. Esto supondría que, en el mejor de los casos, es posible quela medida no se pusiera en marcha hasta la próxima legislatura, en 2024, dado que el Gobierno no espera tener aprobada la ley hasta el tercer trimestre de este ejercicio.

Para tratar de acelerar el paso, el Ejecutivo no sólo tramitará por la vía de urgencia la ley sino que, además, intentará reducir ese plazo de 18 meses que tiene para confeccionar el índice, como aseguró ayer Sánchez. No obstante, la ministra considera que se trata de un proceso «complejo» pues muchas autonomías no disponen de datos para calcular el índice. Fuentes del Ministerio de Transportes explicaron que buscan «instrumentos que sean válidos y ágiles» para el Estado y las comunidades y que uno podría ser el registro de fianzas.

Podemos, principal impulsor de la ley, ya ha anunciado que tratará de reducir el plazo para tener listo el índice hasta los tres meses de manera que las autonomías puedan aplicar la limitación de precios antes de que termina la legislatura. Una medida que, de entrada, no aplicarán ni Madrid, ni Andalucía, ni Galicia, tres de las comunidades gobernadas por el PP y que ya han anunciado, además, que recurrirán la ley si invade competencias autonómicas.

Otras medidas

Junto a los límites de precios, la Ley de Vivienda contempla un recargo del IBI de hasta el 150% para movilizar las viviendas vacías. Ese porcentaje variará en función del tiempo de desocupación y del número de viviendas desocupadas del mismo titular en el término municipal, según explican desde el Ministerio de Transportes.

La ley también contempla que no se pueda volver a enajenar el parque público de vivienda social, considerado como un patrimonio permanentemente sujeto a protección. Además, se establece una calificación indefinida de vivienda protegida, garantizando siempre, al menos, un periodo de treinta años.

Del mismo modo, se introduce el concepto de vivienda asequible incentivada, una figura “necesaria” para incrementar la oferta a corto plazo que pretende favorecer la participación del sector privado y del tercer sector a través de la instrumentación de beneficios de carácter urbanístico y fiscal, entre otros.