Opinión
El penúltimo embrollo de Sánchez
España alcanzó en 2020 la media de gasto público de la UE, con un 52,4% del PIB, diez puntos más que el año anterior. En términos absolutos, la friolera de 588.000 millones de euros
Pedro Sánchez, desde que llegó a la Moncloa, gobierna de embrollo en embrollo, de importancia y urgencia cambiantes, en un tiempo más «líquido» que nunca, incluso más del que entrevió Zygmunt Bauman. Los precios de la energía, desde la luz a los carburantes, son ahora la preocupación más importante del inquilino de la Moncloa, que vuelve a utilizar la táctica de Indiana Jones. En la primera de las películas de la serie que protagonizó Harrison Ford, en medio de una pelea uno de sus compañeros de aventuras le pregunta: «Indi, ¿cuál es el plan?», a lo que responde, con cara de circunstancias, «improviso sobre la marcha».
El presidente, porque todo es muy «líquido», afrontaba los asuntos «semana a semana», como explicaba Iván Redondo. Más allá de ese plazo, casi todo se diluye. La polémica del envío de armas a Ucrania parece algo remoto. Los precios, sin embargo, son más tangibles y permanentes. La inflación ha venido, al menos durante un tiempo, para quedarse y el malestar por el encarecimiento del gas, la luz y los combustibles puede incendiar la calle. Sánchez anuncia medidas, pero las pospone hasta el día 29. «Largo me lo fiáis», repetía el don Juan de Zorrilla. El inquilino de la Moncloa tiene sus razones, algunas quizá poco convincentes para quienes más sufren los agobios de los precios. Por una parte, como apunta un ministro, Sánchez no tiene más remedio que apuntarse a todo lo que la va bien a la Unión Europea (UE) o a lo que quiere la Unión Europea. Hay mucho dinero en juego de los fondos Next Generation. Por otra parte, es consciente del estado de las cuentas públicas y no puede permitir que se le descuadren más. Así de simple y así de complejo. El primer gran objetivo es que la UE cambie la fórmula de fijación de precios eléctricos y el gas –que va a seguir por las nubes– pondere menos. Si no lo consigue, la ministra Teresa Ribera le explicó a Alsina en Onda Cero que el Gobierno actuaría por su cuenta. Habrá que verlo, porque una apuesta en contra de Europa es muy arriesgada, sobre todo con los nubarrones económicos que nublan el horizonte.
La guerra de Putin es ahora el bosque en donde se pierde casi todo. Funcas, el segundo centro de análisis y pensamiento económico más prestigioso de España –el primero es el Banco de España–, que dirige Carlos Ocaña –secretario de Estado de Hacienda con Zapatero–, acaba de publicar un informe, poco aireado, que concluye que el gasto público subió diez puntos porcentuales entre 2019 y 2020. Pasó del 42.1% al 52.4% del PIB y alcanzó la media de la Unión Europea. En términos absolutos, el gasto llegó a los 588.000 millones de euros, de los que 323.000 millones correspondieron a gasto social y sanitario. Los autores del informe puntualizan que «dado que España sufrió la mayor caída del PIB de la UE-27 en el año 2020 (-10,8%), la convergencia entre el gasto público español y el europeo no es en sí misma una buena noticia. Además, hay que tener en cuenta que España acabó 2020 con el mayor déficit público de la UE (11%)». No hay datos todavía del cierre del ejercicio de 2021, pero el gasto total rozó los 600.000 millones de euros, con un déficit que, aunque sea algo mejor que el previsto, superará el 7% del PIB, y que en términos absolutos será de más de 80.000 millones, un agujero que hay que tapar con dinero nuevo.
En los últimos tiempos, pero sobre todo desde la pandemia, el Banco Central Europeo (BCE) que preside Christine Lagarde compraba la práctica totalidad de la deuda pública que emitía España para financiarse. Eso está previsto que se termine a lo largo de este año, salvo que la guerra de Putin se complique todavía más. Por otra parte, en Estados Unidos, la Reserva Federal que preside Jerome Powell ha subido los tipos de interés, son apenas 0,25 puntos, pero es una subida. En Europa no está previsto, por ahora, pero si la inflación sigue al alza –y es probable–, antes o después, el BCE ser verá obligado a hacer lo mismo. Sánchez, pero sobre todo Nadia Calviño y María Jesús Montero, son muy conscientes. Por eso, aunque eluda decirlo, el Gobierno es tan reticente a adoptar cualquier medida que suponga un recorte de la recaudación y hace oídos sordos a las reclamaciones de bajadas de los impuestos que gravan el gas, la luz y los carburantes y también a deflactar la tarifa del impuesto sobre la renta, que no es más que un alza impositiva encubierta. Sánchez y su equipo barajan otras fórmulas, como bonos y subvenciones a los colectivos más perjudicados, según una derivación de la teoría del Nobel británico James Alexander Mirrless. Es una opción, pero no deja de ser otro parche para salir del penúltimo embrollo. Hasta que llegue el siguiente.
Los problemas de Unicaja abren la vía de la reforma de las Fundaciones bancarias
La Fundación bancaria Unicaja, que preside Braulio Medel, es el primer accionista, con un 30%, de Unicaja Banco. Varios miembros del consejo de la Fundación han dimitido y otros han apuntado posibles irregularidades, en plena lucha por el control del banco. La ministra Calviño ha mostrado su preocupación en público y la situación podría derivar en un cambio de la Ley de Fundaciones bancarias para profesionalizarlas, que chocaría con los intereses de algunas CC AA.
Las empresas cada vez piden menos créditos a los bancos
Las sociedades no financieras –empresas– muestran «un escaso dinamismo» desde la segunda mitad de 2020, una vez pasado el primer impacto de la pandemia, según un informe del Banco de España, elaborado por Roi Barreira, Sergio Mayordomo, Irene Roibás y Manuel Ruiz-García. El estudio apunta que las empresas habrían utilizado los colchones de liquidez acumulados en 2020 y que recurren cada vez más a sustituir la financiación bancaria por valores de renta fija.
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