La factura energética amenaza con cortocircuitar la construcción

La construcción atraviesa estos días uno de sus momentos más críticos de los últimos años. Si la pandemia trajo consigo un alza de las materias primas y problemas en las cadenas globales de suministro, la guerra en Ucrania ha originado una crisis energética que, de no remediarse con urgencia, podría provocar un electroshock en el sector, lo que en última instancia terminaría frenando drásticamente los ritmos de recuperación económica.

A esta tremenda situación se ha sumado un parón de los transportistas que ha agravado los desabastecimientos que amenazan el normal funcionamiento de las constructoras, necesitadas ahora más que nunca de certidumbre para llevar adelante las obras en marcha y ejecutar en tiempo y forma los proyectos que estén por venir, con la vista puesta en la inminente llegada de los fondos europeos.

Pero más allá de incidencias puntuales, nuestro verdadero problema es el coste de la energía, al igual que para los transportistas y para la mayoría de los hogares españoles.

En la última sesión de control celebrada en el Congreso de los Diputados, el presidente Pedro Sánchez remarcó que el Gobierno está trabajando tanto en el ámbito internacional como en el interno para responder a las consecuencias de la invasión rusa, y aseguró que el Ejecutivo “está construyendo un acuerdo de país” frente a los efectos económicos de la guerra que aprobará el próximo martes, 29 de marzo.

Lo cierto es que en este contexto con tintes apocalípticos, en el que parecemos vivir días históricos por encima de nuestras posibilidades; necesitamos medidas urgentes, decididas y contundentes. Medidas que por una parte alivien los bolsillos de los ciudadanos y, por otra, sofoquen el incendio que podría terminar arrasando el tejido empresarial de España. Y, sin lugar a dudas, es el sobrecoste energético lo que debemos abordar con mayor urgencia. Pero recapitulemos: desde mediados de 2021, en el sector de la construcción venimos sufriendo un alza incontenible de materiales básicos por contratiempos en la cadena de suministros relacionados con la mayor demanda tras las restricciones pandémicas globales.

Ampliar la revisión de precios

El Ministerio de Transportes, todo sea dicho, tomó conciencia del asunto, fue sensible con la situación y, finalmente, el 1 de marzo el Consejo de Ministros aprobó un Real Decreto-ley con medidas de carácter extraordinario para revisar, excepcionalmente, los precios de los contratos públicos de obras afectados por la subida de los precios de los materiales. Un avance significativo, pero insuficiente, máxime teniendo en cuenta que la revisión de precios excluía el encarecimiento -ahora insoportable- de la energía, que según nuestros cálculos puede suponer hasta un 30% del coste de las obras, de manera directa e indirecta. Fruto de ello, nuestras empresas se encuentran al límite, al verse obligadas a parar, cuando no a abandonar, las obras para no perder dinero por culpa de la factura energética.

De ahí, la urgencia de ampliar el Real Decreto-ley para revisar estos extras. Valga como ejemplo que para fabricar cemento, la energía puede alcanzar más del 50% del coste en el proceso; alrededor del 65% en el caso de la cerámica y el ladrillo; además de un porcentaje significativo en el acero o betún, en el uso de la maquinaria y en otros materiales electrointensivos.

En esa ampliación de la norma también habría que valorar la necesidad de estabilidad que tienen ahora mismo las constructoras, para lo que resultaría determinante ampliar la revisión de precios más allá de 2021, computar los plazos desde el momento de presentación de ofertas -momento último en que el que la empresa puede prever con certeza sus costes- e incluir en su cálculo los materiales cuyo desabastecimiento se ha agudizado estos días como consecuencia de la huelga del transporte.

Ley de desindexación

En paralelo, convendría matizar la Ley de desindexación de la economía española para que su contenido no se aplique a la contratación pública. Y es que el sistema de revisión de precios vigente desde 1965 dotó de estabilidad a la contratación pública hasta su entrada en vigor de la ley en 2015. El sistema de revisión de precios se basa en unos índices que elabora el INE y que aprueba el Ministerio de Hacienda y Función Pública, por lo que su rigor estaría asegurado. Y este sistema nunca dio problemas.

En definitiva, el cortocircuito de la construcción por la factura energética sería tremendo para la recuperación de España, a tenor de su peso en la economía y el empleo, y de su importancia para ejecutar los fondos europeos. Evitarlo, sin lugar a dudas, requiere “un acuerdo de país” o un Pacto de Estado.