La patronal se planta y pide vincular salarios a productividad y rechaza las cláusulas de revisión

“Sustituir conceptos retributivos obsoletos por otros vinculados a productividad y resultados”, apostar por “principios de transparencia retributiva variable” y rechazar “el establecimiento de cláusulas de garantía salarial”. Estos son los tres puntos principales de las recomendaciones del Comité Ejecutivo de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) para la negociación de los convenios colectivos para 2022, acordado en la reunión, a los que han recordado que “es imprescindible que las actualizaciones salariales carezcan de efectos retroactivos”.

Los empresarios, que la semana pasada dieron por cerradas las negociaciones del Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC) por las discrepancias entre sus posiciones y las de los sindicatos, han asentado hoy su postura definitiva en un documento en el que instan a los equipos negociadores a “sustituir conceptos retributivos obsoletos por otros vinculados a la productividad y a los resultados”, y apuestan por aplicar los “principios de transparencia retributiva” y de “igual retribución por trabajo de igual valor”. Por tanto, recomiendan avanzar hacia “sistemas de retribución variable”, con criterios “objetivos, transparentes y neutros” que ayuden, también, a “disminuir la brecha salarial”, y cuya estructura salarial tenga en cuenta los índices de absentismo y “evite pluses y conceptos que lo fomenten”.

Como ya defendió durante la negociación, reclaman que se evite “vincular las subidas salariales a conceptos tan volátiles como la inflación”, como defendían los sindicatos. Por tanto, rechazan cualquier vinculación al IPC. Para las organizaciones empresariales es “imprescindible” tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector a la hora de pactar subidas salariales, en un contexto de incremento de costes que las empresas “están tratando de no trasladar a los precios”. Además, recuerdan a las empresas “la existencia de mecanismos de inaplicación de las condiciones de trabajo pactadas en los convenios colectivos cuando concurran causas económicas, técnicas, organizativas o de producción”, previo establecimiento de un periodo de consultas. También defendieron que “es imprescindible que las actualizaciones salariales carezcan de efectos retroactivos debido a la imposibilidad de repercutir en el coste del producto o servicio los devengos producidos”.

Los empresarios no quisieron perder la oportunidad de volver a mandar un “recadito” al Gobierno, al que han vuelto a recordar que las empresas que trabajan para el sector público no pueden repercutir el aumento de los costes laborales a la Administración hasta que se lleve a cabo la modificación de la normativa de revisión de precios en los procesos de contratación derivados de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, “lo que obliga a considerar una mayor moderación salarial que la indicada con carácter general. Así, hay que tener en cuenta que, cuando no se ha previsto en las licitaciones, cuestión habitual, los incrementos salariales derivados de la negociación colectiva y del SMI, y los correspondientes a las cotizaciones sociales, no se han podido trasladar a la Administración”, abundó.

La patronal ha vuelto a denunciar a través de este documento que la subida del SMI aplicable entre 2019 y 2022 representa el 35,89%. “Esta situación, muy particularmente en sectores intensivos en mano de obra, combinada con la coyuntura adversa derivada de la pandemia, ha obligado a las empresas a mantenerse en el cumplimiento de los contratos incluso a pérdidas erosionando la negociación colectiva en su conjunto”.

Durante la sesión del Comité Ejecutivo, los empresarios insistieron en que las decisiones de las empresas deben ser “especialmente prudentes para no perder mayores niveles de competitividad, igual que pedimos en el caso de las políticas económicas del Gobierno cuando se ha planteado, por ejemplo, una subida de cotizaciones sociales a las empresas, en el actual contexto de crisis, para sufragar las pensiones públicas”. Finalmente, la patronal recordó que el Gobierno ya ha recortado también sus previsiones de crecimiento económico, al tiempo que auguró que esta “subida transitoria” de la inflación ha superado ya sus “máximos en este año”, por lo que al cierre de 2022 advierte de que “se deben establecer límites o topes”.

Aunque el documento no marca ninguna cifra sobre la que negociar, fuentes de la CEOE confirmaron a LA RAZÓN que se mantienen los planteamientos que realizaron en la última reunión con los sindicatos los sindicatos, a los que propuso una subida salarial del 8% repartida entre 2022 y 2024, que recogía una actualización del 3,5% para este año, del 2,5% en 2023 y del 2% en 2024, unas cifras no muy distantes de los planteamientos de las organizaciones. Pero la ruptura del acuerdo llegó al considerar “inaceptable” la petición de CC OO y UGT de incorporar cláusulas de revisión salarial que garantizaran el poder adquisitivo de los trabajadores si la inflación era superior. Este tipo de cláusulas, consideran los empresarios, “solo contribuyen a alimentar la espiral inflacionista”.

Para las organizaciones empresariales es “imprescindible” tener en cuenta las circunstancias específicas de cada sector a la hora de pactar subidas salariales, en un contexto de incremento de costes que las empresas “están tratando de no trasladar a los precios”.