El Banco de España pide elevar los impuestos a energía y carburantes para pagar la transición ecológica

Subir los impuestos a los carburantes y a la energía en cuanto la situación económica mejore una vez superados los efectos negativos de la pandemia y de la guerra de Ucrania. Esa es la principal conclusión del capítulo 4º sobre el cambio climático en España incluido en el informe anual del Banco de España. Según defienden los expertos del supervisor bancario, es “imprescindible potenciar y mejorar el diseño de la fiscalidad medioambiental” para avanzar y financiar la transición ecológica en nuestro país, ya que la menor recaudación respecto a la UE debe llevar al Ejecutivo a aprobar una “mayor imposición fiscal” para que se puedan reducir “significativamente” los costes de ese proceso, aunque reconocen que no es el momento de implementar esta fiscalidad porque la economía aún está pendiente de recuperar lo perdido durante la pandemia y debe hacer frente a corto y medio plazo los efectos de la guerra en Ucrania.

Para ello, el estudio asegura que hay margen para incrementar la presión fiscal sobre la energía y los carburantes porque España está “muy por detrás” de otros países de la UE en recaudación medioambiental, una brecha que “se ha mantenido estable” y que se debe “a los menores impuestos sobre la energía y, en particular, sobre los hidrocarburos”.

El informe recurre a datos de Eurostat para demostrar que la brecha de recaudación en España en fiscalidad ambiental, respecto a la media aritmética de los Veintisiete, se ha “mantenido estable y cercana a un punto porcentual durante las dos últimas décadas”. Según destaca, en 2019 España mostró un diferencial negativo de 0,8 puntos. Esta menor recaudación se debió, en un 67%, a los menores impuestos sobre la energía, y en particular sobre los hidrocarburos, en los que los tipos de gravamen no se han incrementado en términos reales en los últimos años y eso “habría favorecido el diferencial negativo” con la UE. Por ello, ve “imprescindible potenciar y mejorar el diseño de la fiscalidad medioambiental en nuestro país, para que la economía española pueda avanzar eficientemente en el proceso de transición ecológica”.

Así lo ha corroborado el director general de Economía y Estadística de la entidad, Ángel Gavilán, que ha reiterado que “es imprescindible potenciar y mejorar el diseño” de los impuestos verdes para “avanzar en la lucha contra el calentamiento global”. Según afirma, una mayor recaudación por estos conceptos permitiría aliviar la carga impositiva en otros impuestos, como los del trabajo, e incluso “compensar a aquellos hogares más vulnerables y a los que les cuesta más llevar a cabo la transición ecológica”, pero esta compensación -avisa- debería ser “temporal” y estar “muy bien diseñada” para que fomenten un cambio de hábitos y no se limiten a dar subsidios “porque entonces no se consigue nada”.

En este punto, el supervisor advierte que las medidas compensatorias que se apliquen deben diseñarse “cuidadosamente” para que no reduzcan los incentivos a disminuir las emisiones contaminantes y propone que restas ayudas pueden entregarse como “cheques verdes” destinados, por ejemplo, a invertir en equipamiento que reduzca las emisiones. En el caso de las familias, “sería deseable” que las medidas se articulen a través del IRPF y condicionadas a su nivel de renta.

De esta forma se alinea con el Comité de Expertos que presentó el Libro Blanco de la fiscalidad a Hacienda, del que dice el organismo bancario que marca un “punto de partida indispensable” para valorar una “posible revisión integral de la fiscalidad medioambiental”, que aumente la recaudación y permita “reducir significativamente los costes de transición para el conjunto de la economía” gracias a “un uso eficiente de los recursos obtenidos a través de una mayor imposición medioambiental”, que posibilitarían poner en práctica “políticas compensatorias” a corto plazo para las empresas y los hogares más vulnerables. “Si la transición ecológica resultara exitosa, una parte significativa de los ingresos que se derivarían en el corto plazo de una mayor fiscalidad medioambiental tendrían un carácter eminentemente transitorio y que se disiparían gradualmente a medida que los hogares y las empresas se adaptaran a un modelo de crecimiento más sostenible”, sostiene.

El propio Gavilán abundó en esta idea y defendió que una mayor recaudación medioambiental podría permitir “reducir las distorsiones impositivas que generan otros impuestos en la economía. Si al tiempo que aumentas la fiscalidad medioambiental, que te permite una mayor recaudación, reduces los impuestos al trabajo, que son muy distorsionadores, puedes llegar a tener un impacto positivo sobre la actividad”.

Eso sí, el Banco de España lanza varias advertencias sobre algunos riesgos que se deberían tener en cuenta en un proceso de transformación estructural “extraordinariamente incierto”, en el que ve imprescindible que las políticas públicas proporcionen “certidumbre” a los distintos agentes económicos y favorezcan un marco operativo estable en el que estos puedan adoptar sus decisiones de consumo, inversión y producción con las máximas garantías. Advierte también del impacto de los riesgos físicos y de transición, con el previsible incremento en el precio de los bienes y servicios más contaminantes, que será “heterogéneo entre sectores, empresas y hogares”. En el caso de las familias, el impacto será más acusado “sobre los hogares con menor nivel de renta”, aquellos cuyo cabeza de familia tiene entre 35 y 45 años, los que residen en zonas rurales, los que tienen un menor nivel educativo y los que presentan un mayor número de miembros.

En cuanto a las empresas, avisa de que el modelo CATS (modelo sectorial de impuesto al carbón, en sus siglas en inglés) del Banco de España refleja que, si aumentase el precio de los derechos de emisión de forma similar a los últimos años (de 25 euros a 100 euros por tonelada de CO2 entre 2019 y febrero de 2022), los sectores más afectados, tras los energéticos, serían otros productos minerales no metálicos, el transporte aéreo y el papel. Si además a ello se añadiese una generalización de la cobertura del sistema, por detrás de los energéticos se verían más afectados el sector de transporte (marítimo, aéreo y terrestre) y el de agricultura, ganadería y pesca. Asimismo, las empresas de menor tamaño se verían más afectadas que las más grandes.

Otro de los actores importantes ante el reto climático es el sistema financiero, ya que sin su participación activa no será posible canalizar el volumen de recursos que se requiere para alcanzar los objetivos y que Gavilán ha cifrado en 500.000 millones de euros adicionales. El informe también subraya la necesidad de impulsar la inversión pública o privada, y destaca la importancia de maximizar el papel de los fondos europeos Next Generation, así como de tomar medidas coordinadas de forma global.

Para evitar estas disfunciones, el Banco de España cree que se “desincentiven las actividades medioambientalmente más dañinas” a través de la imposición medioambiental, se fomente la” inversión privada en tecnologías verdes mediante subvenciones”, se desarrollen políticas directas, con objetivos de calidad del aire, normas de rendimiento energético en la promoción y renovación de edificios, normas que exigen ciertos estándares en la fabricación de automóviles y objetivos de penetración de fuentes de energía renovable en la generación de energía eléctrica.