Los controladores se querellan contra la excúpula de Aena por el cierre aéreo de 2010

La Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) se ha querellado por prevaricación y malversación de caudales públicos contra el expresidente de Aena Juan Ignacio Lema y la exdirectora de Navegación Aérea y ahora comisionada especial para el Transporte, la Movilidad y la Agenda Urbana, Carmen Librero; entre otros, por su actuación durante el cierre aéreo de diciembre de 2010. La querella, que aún no ha sido admitida a trámite y a la que ha tenido acceso Efe, se dirige, además de contra Lema y Librero, contra el entonces director de operaciones ATM, Andrés Torrecilla; el jefe de la división ATS del Centro de Control de Madrid, Antonio Almodóvar; el director regional del Centro de Control de Madrid, Gabriel Miralles; el responsable del control de afluencia, José Luis de la Calle, y el jefe de la Unidad Central de Control y Afluencia de Tráfico (UCATM), Pedro Pérez de los Cobos.

El pasado 30 de marzo, la Audiencia Provincial de Madrid absolvió a los 131 controladores aéreos que fueron condenados, en primera instancia, a multas de hasta 31.500 euros por abandono del servicio público durante la huelga de diciembre de 2010, así como al gestor de la navegación aérea Enaire, que figuraba como responsable civil subsidiario.

Durante el puente de la Constitución de diciembre de 2010, el cierre del espacio aéreo se prolongó durante cerca de 20 horas y afectó a 600.000 pasajeros. Ahora, el sindicato de controladores ha decidido presentar la querella por las decisiones adoptadas por el gestor aéreo durante el conflicto de 2010, entre ellas la adopción de varias regulaciones restrictivas del tráfico aéreo, que pasaron por reducciones del 20% y del 30%.

La dirección de Aena, a cargo de los querellados, tomó la decisión de decretar la regulación Rate 0 en la tarde del día 3 de diciembre de 2010, “como reacción injustificada ante el conflicto laboral, y, con esto, se procedió al cierre del espacio aéreo, con el pretexto y la falsa atribución de abandono del servicio por parte de los trabajadores”. Esta medida, sostiene la querella, se adoptó “a sabiendas del daño que produciría en los ciudadanos, con la única finalidad de (..) trasladar a los trabajadores la responsabilidad por las graves consecuencias que se producirían para los viajeros y las compañías aéreas”. “Anticipándose a la evolución del conflicto”, señala el texto, “se decidió de forma arbitraria el cierre del espacio aéreo, a pesar de que este cierre debió ser evitado y ser conscientes de las consecuencias que ello acarreaba”.

Según los controladores, el órgano rector de Aena, “omitiendo el hecho de que los controladores no abandonaron sus puestos de trabajo, que continuaron desempeñando sus funciones y que no se había recibido formalmente ningún formulario de disminución de capacidad, tomó una decisión de carácter drástico como es la decisión de ordenar el cierre del espacio aéreo”. La decisión de la cúpula de Aena, “se movió en unos márgenes totalmente arbitrarios al no seguir los protocolos y planes previstos específicamente para situaciones como la que aconteció”, indica el texto, que destaca que no siguió sus obligaciones conforme a los planes de actuación y de contingencia vigentes.