Los transportistas rechazan la ley para no trabajar a pérdidas que el Gobierno quiere aplicar en agosto

La paz social entre los transportistas y el Gobierno vuelve a estar en entredicho. Después de que el pasado jueves, la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma), Raquel Sánchez, anunciase que el Gobiernoiba a aprobar antes del 2 de agosto vía real decreto la ley que aplicará al transporte de mercancías por carretera los principios de la normativa de la cadena alimentaria que asegure que los precios del transporte sean similares a los precios incurridos en ese servicio, las organizaciones del sector que integran el Departamento de Mercancías del Comité Nacional del Transporte por Carretera (CNTC), el órgano legítimo de representación del sector, han anunciado hoy que rechazan el borrador que les ha propuesto el ministerio. “La opinión es desfavorable en cuanto supone un paso atrás a los términos conforme a los que se había venido desarrollando la negociación hasta ahora”, han asegurado en una nota.

Durante su comparecencia del pasado jueves, Sánchez había asegurado que la norma había sido negociada con la CNTC, integrada, entre otras, por Cetm, Fedanismer o Astic. Pero, según lo expuesto por el comité, en su redacción final no ha quedado recogido lo hablado. La organización asegura que van a proponer al Mitma “una redacción alternativa en la que se insista en los principios básicos que se han venido defendiendo a lo largo de este tiempo de negociación”. “El CNTC no va a aceptar la redacción de una norma que permita al Gobierno justificar un cumplimiento formal de sus compromisos pero que resulte inaplicable en la práctica”, advierten.

Hasta ahora, el sector de los camioneros más beligerante con el ministerio había sido la Plataforma en Defensa del Transporte de Mercancías por Carretera. Primero amenazó con reanudar los paros que celebró en marzo y suspendió en abril si la ley no se aplicaba antes del 1 de junio. Sin embargo, sus asociados acordaron después dar un plazo de un mes al Gobierno para terminar su redacción, de la que el Mitma asegura que les ha informa a pesar de no formar parte del CNTC. Este órgano se h mostrado por el contrario partidario de agotar la vía negociadora y no convocar movilizaciones.

Críticas de CC OO

La CNTC no ha sido la única que ha mostrado hoy sus reparos a la ley que ha preparado el Departamento de Sánchez. CC OO asegura que el real decreto incluye costes salariales “fraudulentos”. Se está planteando, dice, que un conductor de vehículo de más de 3.500 kilos “tenga que cargar y descargar si lleva carga fraccionada” y subraya que, acerca de las limitaciones a la subcontratación, se está buscando “cómo descontar operaciones para dejarlo todo como está”.

No obstante, para el sindicato “lo más sorprendente es que se quiere computar el coste salarial de los conductores a precio de fraude y no a salarios de convenio para fijar el precio justo por los servicios de transporte”. Este precio “debe cubrir los costes de explotación, entre los que se encuentra el coste salarial, cotizaciones a la seguridad social, salarios y dieta, y pretenden tomar como referencia el Observatorio de costes del transporte de mercancías por carretera”, apuntan. Según CC OO, este observatorio “no recoge los costes salariales derivados de la aplicación de los convenios colectivos sino de los salarios en fraude que están pagando actualmente las empresas del sector”. Este Observatorio, avalado por el Mitma, es el resultado de un grupo de trabajo formado únicamente por patronales como el Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), Asociación de Fabricantes y Distribuidores, Asociación de Cargadores y Asociación de Empresas Cargadoras.

Según denuncia CC OO, en el documento se establece un coste de personal “distinto según el tipo de vehículo cuando los conductores cobran lo mismo con independencia del vehículo que lleven” y el número de horas de trabajo “de manera absolutamente arbitraria”, también según el tipo de vehículo, computando “2.000 horas al año de trabajo en algunos casos cuando la jornada media según convenio es de 1.764″. Asimismo, indican que computa un plus de actividad calculado “a precio por kilómetro” cuando la normativa europea “prohíbe la retribución por kilómetro y que aparece junto con las dietas”.

Más ayudas

Junto a la ley para garantizar a los transportistas que no trabajen a pérdidas, el Gobierno ha acordado también la concesión de un nuevo paquete de ayudas directas para el sector por 450 millones de euros que replica al ya aprobado en marzo en el marco del plan de ayudas al que el Ejecutivo dio luz verde para hacer frente a las consecuencias económicas de la guerra de Ucrania. En esta ocasión, esta subvenciones por vehículo, que han supuesto la entrega de hasta 1.250 euros por camión o 500 euros por furgoneta; se han hecho también extensibles a los autobuses urbanos, responsables del 60% de los viajes colectivos, como ha recordado Sánchez.

La otra novedad es que el Gobierno también va a habilitar a la administraciones para que puedan compensar a las empresas concesionarias de servicios de transporte ante el encarecimiento de los precios de los combustibles.