El PP propone descuentos directos del 20% en la luz y del 40% en el gas para hogares y pymes que ahorren energía

La pasada semana, el presidente del Gobierno afeó en el Senado al presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que su partido no hubiera presentado propuestas concretas para solucionar la crisis energética. Pues dicho y hecho. El vicesecretario de Economía del PP, Juan Bravo, ha presentado la propuesta energética popular, en la que plantean bonificar la factura de la luz y del gas a las familias y pymes que reduzcan su consumo, medida con la que estos colectivos podrían ahorrar hasta 2.900 millones de euros. El paquete de medidas, que ya remitido al Gobierno, propone “descuentos directos” de hasta el 20% en el recibo de la luz y del 40% en el del gas para aquellos hogares y pymes que moderen su consumo energético en más de un 15%.

El documento, titulado ‘Propuestas para un pacto energético que proteja a familia y empresas para la recuperación de la economía española’, desgrana en ocho epígrafes, más de 50 apartados y “múltiples propuestas” su plan energético, encabezado por la propuesta de conceder rebajas directas sobre el recibo de la luz a aquellos consumidores que cumplan ciertos objetivos de ahorro energético. Esta petición va en línea con las orientaciones que la Unión Europea ha dado a los Estados miembro para confeccionar sus planes de reducción de consumo: apostar por las recomendaciones y evitar las obligaciones a los ciudadanos.

En esa dirección ha querido ir Génova, que criticó con dureza el primer decreto de ahorro energético del Gobierno -incluso se planteó recurrirlo ante el Tribunal Constitucional- por establecer “imposiciones” al sector privado. Para PP, no hay debate: las medidas de obligado cumplimiento se deben limitar a las entidades y administraciones públicas, que en “la mayoría de los casos” son los mayores consumidores en los distintos territorios que vertebran España.

Por contra, los populares piden al Gobierno en su documento aprobar “recomendaciones” para los consumidores domésticos y pymes, y que vayan aparejadas de rebajas directas en el recibo de la luz para fomentar un ahorro energético voluntario por parte de los españoles sin “raciocinios”. Estos descuentos se dividirían en tres tramos: el primero sería del 5% en la factura de la luz y del 10% en la del gas para aquellos consumidores que reduzcan su consumo entre un 3% y un 6,9%. Para los que moderen su gasto energético entre un 7% y un 14,9%, la rebaja “directa” se elevaría al 10% en el recibo de la luz y al 20% en la del gas. Por último, quienes reduzcan el gasto en más de un 15% se beneficiarían con descuentos de un 20% en la luz y un 40% en el gas. Las familias receptoras del bono social también recibirían estas ayudas. El marco temporal para la aplicación de esta medida sería entre el 1 de noviembre de 2022 y el 31 de marzo de 2023.

Los populares estiman, en base a los datos del Instituto para la Diversificación y Ahorro de la Energía (IDEA), que esta medida tendría un coste para las arcas del Estado de 2.900 millones de euros. No obstante, Bravo avanzó que están “abiertos” a modificar los porcentajes o aplicar un umbral de renta máximo para beneficiarse de estas rebajas. Estas bonificaciones serían pagadas por las comercializadoras en los ciclos de facturación entre el 1 de abril de 2023 y el 30 de junio de 2023 y serían asumidas por el Estado con cargo a los Presupuestos Generales del Estado.

En ese sentido, Bravo ha subrayado que la propuesta del PP para lograr reducir el consumo energético pasa por “incentivarlo”, en lugar de “prohibir”, en alusión a las medidas de eficiencia planteadas por el PSOE, como el apagado de escaparates a partir de las 22.00 de la noche o las temperaturas máximas y mínimas de los termostatos. En cuanto al motivo por el que los descuentos son superiores en la factura del gas, el vicesecretario de Economía del PP ha explicado que se debe a que el principal problema en estos momentos tiene que ver con el precio del gas.

La propuesta del PP también plantea alargar la vida útil de las nucleares españolas, cuyo cierre está previsto, según el calendario actual, entre 2027 y 2035. Aunque no detallan el marco temporal de esa prórroga, sí indican que es necesaria una “revisión de la viabilidad de las centrales para extender su vida útil más allá de ese calendario de cierre” en las condiciones necesarias de seguridad y factibilidad técnica de acuerdo con el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), “puesto que se trata de una energía de base, no emisora y con costes acotados”.

En relación con la política nuclear, el principal partido de la oposición propone un “precio fijo para la generación nuclear que permita reducir la factura de la luz”, así como “desbloquear de forma inmediata” la construcción del Almacén Temporal Centralizado (ATC) de residuos de Villar de Cañas (Cuenca), un proyecto que, según remarca el PP, “tiene más de 47.000 horas de estudio técnico del CSN y faltarían alrededor de 800 horas para su finalización”.

El paquete de propuestas del PP también hace referencia al impuesto a los supuestos beneficios extraordinarios que las empresas energéticas estarían obteniendo en el contexto actual y que, junto al nuevo gravamen a la banca, será sometido a su primera votación en el Congreso este martes. “La proposición de ley presentada por los partidos políticos de la coalición que sustenta al Gobierno de Pedro Sánchez crea un nuevo impuesto que dice que gravará los beneficios extraordinarios a las eléctricas. Sin embargo, lo que realmente gravaría es la cifra de negocios, no los beneficios extraordinarios, y no de todas las eléctricas, sino de algunas”, argumenta el PP en el documento.

Así, proponen que los ingresos extraordinarios que obtenga Hacienda -las estimaciones del Gobierno apuntan a unos 3.500 millones anuales durante los dos próximos ejercicios- se “compartan con los consumidores para bajar los precios”. Además, resaltan que la Unión Europea (UE) “ha alertado de que la aprobación de un impuesto que no se someta a sus planteamientos para el conjunto (de la UE) podría conllevar su posterior abolición. Para evitar que España pueda sufrir las consecuencias de un mal diseño del impuesto, proponemos la retirada de la proposición de ley de los socios de Gobierno hasta que no se haya fijado una posición común que permita una decisión definitiva”, apunta el documento.

En ese sentido, durante la presentación de la propuesta energética, el PP ha hecho hincapié en que su posición es decir que “sí” a las medidas excepcionales que reduzcan la factura energética de empresas y hogares, pero han matizado que se oponen a “captar recursos de las empresas para guardarlos en el cajón”.