España sopesa acudir al Tribunal de Justicia de la UE por el veto a la pesca de fondo en zonas protegidas

El Gobierno sopesa recurrir ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) la decisión de Bruselas de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas, según ha señalado este lunes el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, que ha matizado que dependerá de si hay “base jurídica”, tras las reclamaciones del sector pesquero y de algunas comunidades autónomas más dependientes de este sector.

“Yo tengo las ideas muy claras. El Gobierno de España es firme y este ministro también. Si tenemos base, vamos a ir al Tribunal de Justicia, lo tengo decidido”, ha aseverado Planas ante la prensa a su entrada al Consejo de ministros de Agricultura de la UE, al tiempo que ha avanzado su intención de “consultar a los servicios jurídicos del Estado”.

En este sentido, el ministro de Agricultura ha destacado que a su juicio “hay una base jurídica fuerte sobre esta materia” y ha señalado que de la mano del sector y de las comunidades autónomas “más interesadas” el Gobierno “va a defender los intereses del sector pesquero”.

“No descarto en modo alguno, más bien al contrario, mi posición es favorable, a recurrir ante el Tribunal de Justicia. Estamos en consulta con los servicios jurídicos del Estado, pero creo que hay materia para que, efectivamente, esta decisión sea recurrida ante el Tribunal de Justicia europeo”, ha argumentado el ministro de Agricultura.

A su entrada a la reunión de ministros de Agricultura de la UE, Planas ha apuntado que en el encuentro pedirá a la Comisión Europea “que suspenda la aplicación del reglamento y que proceda a revisarlo” en relación a la decisión de vetar las artes de pesca de fondo en zonas protegidas.

En paralelo, según ha destacado Planas, España mantiene “abiertas las opciones de conversación con la Comisión Europea”, y le ha afeado que no haya esperado seis semanas a la publicación del informe del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES, en por sus siglas en inglés) para decidir sobre esta cuestión y que la considere “la primera oportunidad para revisar el acto”.

“Sabemos que ahora en noviembre hay un nuevo informe científico y sobre la base de él se puede revisar. No sabemos a qué vienen estas prisas y, por tanto, creemos que, efectivamente, hay base para suspenderlo y para revisarlo”, ha añadido el titular de Agricultura español.

En todo caso, Planas ha comentado que “es muy probable” que la Comisión Europea “no acceda a la petición formulada por España” ante lo cual “tomaremos las medidas que nos parezcan oportunas”.

España, Francia e Irlanda han presentado este lunes un escrito conjunto en el consejo de ministros de Agricultura para debatir sobre la decisión de veto de la Comisión Europea a pesca de arrastre en 87 zonas de protegidas en aguas comunitarias del Atlántico Nororiental, lo que en la práctica supone vetar la captura de especies en aguas con profundidades superiores a 1.500 metros.

Bruselas tomó la decisión de prohibir las artes de pesca de fondo en zonas marinas protegidas el pasado 15 de septiembre, después de haber sido sometido a votación el pasado junio en el Comité de Pesca y Acuicultura a través de un acto de implementación que no obtuvo la mayoría requerida para salir adelante, con los votos en contra de España e Irlanda y las abstenciones de varios países.

La respuesta de Bruselas al escrito de España, Francia e Irlanda

Por su parte, el comisario de Medio Ambiente, Océanos y Pesca, Virginijus Sinkevicius, ha respondido a España, Francia e Irlanda que revisará la decisión de vetar la pesca de fondo en zonas marinas protegidas si así lo avalan los datos científicos que se harán públicos el próximo noviembre, después de que estos países pidieran al Ejecutivo comunitario la revisión de la decisión.

“Esperamos el primer dictamen científico revisado en noviembre y si se justifica se revisará el cierre de ciertas zonas”, ha señalado Sinkevicius en un debate con los ministros de Agricultura y Pesca de la UE, durante cuya intervención ha advertido de que no se puede “anticipar el contenido de la recomendación científica”.

En este sentido, el comisario se refiere a la publicación el próximo noviembre por parte de el Consejo Internacional para la Exploración del Mar (Ices, por sus siglas en inglés) de un informe de evaluación de esas zonas marinas vulnerables.

“La Comisión entiende perfectamente que este acto de Ejecución no haya sido bien recibido por todos los interesados”, ha indicado el comisario de Pesca, que ha recalcado que es la “mejor decisión posible” ya que se basa en el “mejor dictamen científico disponible” y en los “mejores” y “más recientes” datos.

Respecto a la queja manifestada por algunos países de que la decisión se basa en datos científicos desactualizados, Sinkevicius ha respondido que el informe se ha basado en los datos proporcionados por los Estados miembros del ICES.

“Estamos al inicio de un proceso. Puesto que se va a revisar este informe científico cada año para tener en consideración los datos más recientes de los Estados miembro”, ha indicado el comisario de Pesca.

En un paso más, Sinkevicius ha recordado que esta decisión se ha tomado con cuatro años de “retraso” y ha añadido que se ha analizado la actividad pesquera en determinadas zonas antes de proceder “proteger los ecosistemas vulnerables”.

“Nuestros científicos han visto que los buques faenaban mucho en donde estaban establecidos los ecosistemas vulnerables”, ha explicado el comisario de Pesca, que ha justificado que la decisión pretende “maximizar la conservación, minimizando el impacto económico” en la actividad pesquera.

Además, Sinkevicius ha incidido en la “obligación legal de revisar estos cierres anualmente y lo vamos a hacer”, y ha quedado a la espera de recibir los datos de 2023.

En su intervención en el debate, el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha defendido que el informe del ICES que se tomó como referencia para adoptar esta decisión “no es actual” y que, además, “incluye modalidades como el palangre de fondo que no estaban consideradas”.

Ante lo cual ha solicitado al Ejecutivo comunitario que “suspenda la aplicación del reglamento”, que entra en vigor el próximo 9 de octubre, y que “incluye modalidades como el palangre de fondo que no estaban consideradas”