Los acreedores de Celsa estrenan la ley concursal con un plan para hacerse con el control de la compañía

Los fondos tenedores de la mayoría de la deuda de Celsa han estrenado en los juzgados de Barcelona la nueva ley concursal que ha entrado hoy en vigor con la presentación de un plan de reestructuración para sanear la compañía y hacerse con el cien por cien del capital. Según han informado fuentes financieras a Efe, el plan se centra en reducir el endeudamiento capitalizando la deuda convertible y parte de la deuda jumbo y en alargar los vencimientos del resto del pasivo cinco años.

El movimiento de los fondos se produce después de meses de negociaciones para la reestructuración de la deuda de unos 2.800 millones de Celsa. En concreto, la propuesta consiste en reducir el endeudamiento en 1.291 millones de euros e incluye un compromiso para inyectar más liquidez en la compañía, mantener el centro de operaciones en España y el empleo de todo el grupo.

Estos acreedores, que representan el 90% de la deuda jumbo y el 89% de la deuda convertible, han pedido que se designe a un experto para ejecutar el plan de reestructuración, que, si se aplicara, dejaría a la familia Rubiralta fuera del control de Celsa, que ahora es de su propiedad al cien por cien. Esta propuesta no contaría con el apoyo de los bancos acreedores, que son Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell, y no tendría en cuenta el plan de rescate de la SEPI, que aprobó inyectar 550 millones en la siderúrgica el pasado junio siempre y que hubiera un acuerdo sobre la deuda, según las mismas fuentes.

La empresa ha incumplido los pagos de deuda durante los últimos tres años -los correspondientes a la pandemia-, situación que ha sido denunciada en los juzgados. Además, durante el otoño la compañía debe hacer frente al pago de 1.375 millones de euros a los propios fondos que han presentado el plan y una línea de 525 millones de euros de circulante firmada con Santander, BBVA, CaixaBank y Sabadell.

Las mismas fuentes han apuntado que la propuesta se enmarca en un “proceso preliminar” al preconcurso con el propósito de solucionar la situación antes de llegar a él, y después de que “la empresa no haya hecho ningún intento razonable de llegar a un acuerdo comercialmente aceptable con sus acreedores”. Los fondos se apoyan en las últimas modificaciones de la ley concursal española, que busca preservar los derechos de los acreedores frente a los de los accionistas en circunstancias en las que los accionistas no tienen valor económico en la compañía y contribuir a reducir el endeudamiento del negocio