El Gobierno irá a las urnas con un récord de gasto de 583.543 millones

Unos Presupuestos «para los más vulnerables». Así comenzó la ministra de Hacienda la presentación oficial en el Congreso, agarrándose a «la justicia social» y a la «protección de la clase media y trabajadora» para impulsar un proyecto presupuestario, el último de la legislatura, «que cumple con un mensaje de estabilidad, mantiene nuestro compromiso de consolidación fiscal y continúa con una política presupuestaria responsable y seria, a diferencia de lo que propugnan otros partidos políticos».

Llegó Montero con la lección bien aprendida a la rueda de prensa con los medios, con un mensaje plagado de referencias directas en defensa de la clase media –hasta en siete ocasiones se refirió explícitamente a este colectivo social–, sobre la que incidió que «estos Presupuestos se han pensado para proteger a los que más lo necesitan». En este sentido, lanzó un mensaje directo a quienes «se han opuesto y han criticado la aprobación de los nuevos impuestos» –entre ellos a las grandes fortunas, a la banca y a las energéticas–. «Siempre hemos defendido que los que más tengan deben aportar en consecuencia, para que los más vulnerables puedan seguir adelante y nadie se quede atrás. Es un deber constitucional y de justicia social», indicó. Y para llevar a cabo este compromiso con las Cuentas públicas «más expansivas de la historia» se ha preparado la «mayor recaudación de la historia», incluido un incremento récord de los ingresos tributarios.

Hacienda espera elevar sus ingresos impositivos hasta los 262.781 millones, lo que supondrá un 7,7% más y un embolso extra para las arcas públicas de 18.710 millones de euros respecto al presente ejercicio, con un fuerte crecimiento por IRPF, hasta 113.123 millones (+7,7%), por el impuesto de Sociedades, 28.519 millones (+7,7%), y por el IVA, 86.093 millones (+5,9%). Solo con la recaudación por impuestos directos (IRPF y Sociedades fundamentalmente) y cotizaciones sociales, crecerá un 10,2%. Por su parte, los impuestos indirectos –entre los que se encuentra el IVA y los impuestos especiales– se mantendrán prácticamente sin cambios respecto a 2022, con una imperceptible caída del 0,1% –debido a la bajada del consumo, compensada por el efecto inflacionario–, para sumar 57.809 millones, mientras que las tasas y otros ingresos tributarios crecerán un 6,6%, hasta los 14.471 millones.

En total, el presupuesto consolidado de ingresos ascenderá a 389.927 millones de euros, lo que supone un aumento del 3,4% respecto al presupuesto de este año. Todos estos ingresos deberán sostener un mareante presupuesto consolidado de gastos de 583.543 millones, un 10,7% más, pese a que el PIB sólo crecerá un 2,1% el próximo año -el Banco de España ha rebajado la previsión de crecimiento hasta el 1,4%, siete décimas menos-.

Montero también se defendió con vehemencia cuando se le preguntó por la idoneidad o no de elevar las pensiones un 8,5% el próximo ejercicio, medida cuestionada entre otros organismos por el Banco de España o la Airef. «Quiero dejar bien claro que lo que ha hecho este Gobierno es dar cumplimiento a lo aprobado por ley en el Parlamento: que las pensiones se actualicen con los precios». La ministra insistió en que esta subida no provocará ningún desequilibrio en las cuentas y defendió que «no solo hemos subido un 8,5%, sino que hemos inyectado en la hucha de las pensiones 2.900 millones». No comentó que esa cantidad apenas cubriría ocho días al año de la factura de pensiones.

Los Presupuestos contemplan un techo de gasto de 198.211 millones, un 1,1% más y un máximo histórico, incluidos 25.156 millones de fondos europeos y una transferencia a la Seguridad Social de 19.888 millones, un 8,1% más que el año pasado. El mayor trozo de la tarta del gasto (266.719 millones) se lo llevan las pensiones, que tendrán un coste de 190.687 millones, un 11,4% más que en 2022, lo que supone un 39,2% del «gasto social». Es decir, que casi 40 euros de cada 100 se irán en hacer frente al pago de las pensiones. La ministra también confirmó que lo recaudado en el impuesto a las grandes fortunas se destinará a las medidas anticrisis.