Díaz pretende endurecer los delitos laborales con penas más altas

Los delitos contra los derechos de los trabajadores se encuentran en el debate político. Así, los ministerios de Trabajo y Justicia, junto con la Fiscalía, trabajan en la reformulación de estas acciones penadas por ley recogidas enel Código Penal, ya que consideran que la realidad del mundo laboral actual “no tiene que ver” con la existente cuando fueron formulados y poder así depurar responsabilidades penales en los tribunales. De esta manera, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz aumentará aún más la presión contra las empresas.

Por su parte, Díaz ha defendido este lunes la reforma en una conferencia de prensa ofrecida en Bilbao, en el marco de la Cumbre sobre Trabajos Saludables que acoge la ciudad promovida por la agencia europea en la materia. Asimismo, la sesión inaugural del evento también ha contado con la participación del comisario de Empleo y Derechos Sociales, Nicolas Schmit, y la consejera vasca de Trabajo, Idoia Mendia.

En su intervención, la ministra ha apuntado que está trabajando para abordar una reforma, “de máximo interés”, de los artículos del Código Penal que van desde el 311 al 318, “que tienen que ver con los delitos en el ámbito del trabajo”.

Díaz ha indicado que “la indeterminación” de estos tipos penales contemplados lleva a tener en los tribunales unas “enormes dificultades” para poder culminar “una adecuada investigación”, así como una finalización de un proceso penal, que “irrogará responsabilidades penales en las partes que alcanzan o que forman parte de esta litis”.

Además, en el marco del diálogo social, la ministra también ha instado a los agentes sociales a que, “de una vez por todas”, sean capaces de “culminar” una estrategia en materia de salud y prevención en el trabajo.

“Cuando fallece un trabajador en su puesto de trabajo, el sistema falla”, ha asegurado Díaz. Por tanto, habrá que colocar “todas las herramientas” para combatir la siniestralidad laboral, dado que el número de fallecidos en accidente laboral se eleva en España a 613 este año, según sus datos.

“El primer derecho de todo trabajador es que su salud y seguridad se vean garantizadas”, ha afirmado Nicolas Schmit, quién ha defendido la inversión de seguridad laboral por parte de las empresas.

Asimismo ha señalado que la pandemia del coronavirus “nos ha mostrado lo importante que es la salud en nuestra sociedad e invertir en buenos sistemas sanitarios”.

Por su parte, Idoia Mendia, ha afirmado que “prevenir y proteger la salud es una obligación de las empresas”, por lo que estas deben invertir en salarios, formación y salud como garantía de competitividad.

“Lo hacemos, no solo porque es un derecho de quienes trabajan, sino porque tenemos la plena convicción de que es, además, una de las mejores inversiones que pueden hacer las empresas”, ha abundado.

“En Euskadi y el resto de España, alineados con Europa, hemos sabido proteger y hacer crecer el empleo en la crisis pandémica y ante las consecuencias de la guerra en Ucrania”, ha explicado Mendina. Además, ha añadido, “en la profunda revolución que vivimos, nuestro reto es ganar en la calidad de ese empleo”.

A su juicio, hasta hace poco la competitividad “sólo se medía en términos de costes económicos, pero no en inversión de capital humano”. Sin embargo, ha añadido que gracias a la Estrategia Vasca de Seguridad y Salud en el Trabajo, que se ha acordado en el seno de la Mesa de Diálogo Social, se apuesta por “cambiar el paradigma y poner la salud de las personas, también en el trabajo, en el centro de las acciones preventivas”.