El lobo y las protestas del campo

ASAJA dio el pistoletazo de salida a las protestas el pasado miércoles ante la sede de la Representación de la Comisión Europea en España, dirigida por María Ángeles Benítez. El motivo era doble: por un lado, que en el programa inicial de una jornada sobre agricultura sostenible no habían sido invitados a participar y, por otro, para criticar la nueva PAC diseñada por la Comisión e impuesta en España por Luis Planas, a través de su Plan Estratégico, en el que se va mucho más lejos en cuanto a medidas medioambientales de lo que había propuesto Bruselas, según ha reconocido el comisario de Agricultura. La segunda protesta tendrá lugar mañana ante el Ministerio de Transición Ecológica, desde el que han salido medidas muy lesivas para los intereses de los agricultores y ganaderos en materia de aguas, regadíos, no aprobación de la doble tarifa eléctrica para riego y mayor protección para el lobo, dejando desatendidos los intereses de los ganaderos.

Precisamente el Pleno del Parlamento Europeo adoptó días atrás una resolución sobre la protección de la ganadería frente a los grandes carnívoros, especialmente el lobo. Piden que se revise la normativa en vigor y que la protección del lobo pase de estricta a lo que podría denominarse «normal». De momento, estamos solo ante palabras, pero es verdad que esta resolución mete más presión a Bruselas. Ahora la pelota está en el tejado de esta última. Nos encontramos ante las primeras muestras de protesta protagonizadas por agricultores y ganaderos, que podrían tener continuidad en los dos primeros meses de 2023, debido al malestar del campo ante las normas de la nueva PAC, que están redactadas en Bruselas y en Madrid por burócratas que desconocen la realidad práctica del campo. De momento, las concentraciones han tenido lugar ante la Comisión y ante el Ministerio de Transición Ecológica, pero en el futuro no se descarta que sean ante la sede del Ministerio de Agricultura dirigido por Planas, que debe ser el embajador de los problemas del campo ante el Gobierno, función que no ejerce, ya que se limita ponerse de perfil.