Situación límite: el 35% de las oficinas de la Seguridad Social está al borde del cierre o no tiene atención presencial

Oficinas cerradas al público, equipos informáticos viejos y con softwares anticuados, locales envejecidos y con malas condiciones de habitabilidad y trabajo y una plantilla mínima y envejecida, que se ve incapaz de atender de forma presencial a los ciudadanos porque apenas cuentan con tres o cuatro trabajadores operativos y se bloquea el servicio porque algunos de ellos está de baja o de vacaciones y no tienen reemplazo. Este el triste panorama de al menos 140 oficinas y centros de información y atención de la Seguridad Social (Caiss), que afrontan la postpandemia con la misma precariedad con la que se enfrentaron el impacto del covid.

Estas oficinas han asumido durante la presente legislatura una carga de trabajo muy superior a la que tenían antes de la pandemia, pese a acumular años de recortes de plantilla por la continua pérdida de efectivos, ya fuera por llegar a la jubilación -sin que se hayan efectuado las reposiciones correspondientes-, o por las continuas peticiones de traslado efectuadas por parte del personal -sobrepasado por el exceso de trabajo-. Todo ello ha provocado que, según fuentes sindicales, cerca del 35% de las oficinas del Caiss se encuentren en riesgo de cierre o con problemas funcionales, que impiden “realizar un buen servicio al ciudadano”, denuncian las mismas fuentes, que advierten de que la atención directa y presencial al ciudadano está desapareciendo de las delegaciones más pequeñas, las que disponen de una plantilla de seis o menos empleados.

Los propios datos oficiales del Ministerio que dirige José Luis Escrivá así lo atestiguan. Durante los últimos dos años, una treintena de oficinas del INSS han sido clausuradas o están en proceso de cierre definitivo, de ellas una quincena está en proceso de cancelación por falta de personal, otra decena solo tiene capacidad para abrir de cara al público algunos días de la semana porque han tenido que delegar parte de sus funciones a otros centros cercanos por su incapacidad de asumir más funciones y al menos ocho solo atienden vía telemática o por teléfono, y “no siempre, solo cuando tienen personal suficiente”, insisten fuentes de los propios centros.

En la actualidad, la plantilla de la Seguridad Social está compuesta por 25.000 personas, pero los sindicatos denuncian un déficit de 7.000 puestos de trabajo, lo que tiene como consecuencia que “la ciudadanía esté recibiendo un servicio deficiente en sus gestiones básicas con este organismo, padeciendo el retraso en las citas, cierre de atención de oficinas, colas interminables y demoras en la concesión de prestaciones”, denuncian las organizaciones sindicales.

Además, está previsto que en el plazo de cinco años se jubile el 28,5% de la plantilla, y en 10 años un 36% por ciento adicional, es decir, casi dos tercios de la plantilla actual, “por lo que el organismo colapsará”, insisten. El Ministerio pretende suplir las necesidades con la próxima contratación de 1.615 interinos, “un personal de quita y pon que no soluciona los problemas estructurales del organismo”, advierte CSIF, que considera que la resolución de un macro concurso con 12.000 participantes para casi 8.000 plazas ahora está comprometida y sin fecha de resolución por publicar.

Ahora mismo, estos 25.000 efectivos atienden a 20 millones de afiliados, 10 millones de pensionistas, 1,4 millones de empresas, incontables incapacidades temporales, maternidades, paternidades y numerosas prestaciones más, algunas de ellas aprobadas por el Gobierno durante la pandemia, como el ingreso mínimo vital (IMV), que los propios sindicatos consideran que va camino de ser un “fracaso” porque se tienen que atender a medio millón de hogares y esta sobrecarga de trabajo ha provocado que el servicio “haya colapsado y generado una inmensa bolsa de expedientes pendientes de tramitación”. Según CSIF, la realidad es que esta prestación está gestionada, además de por el personal de la Seguridad Social, por 1.050 interinos que fueron contratados de manera “precipitada” para dedicarse en exclusiva a tramitar el IMV y cuyos contratos terminarán como muy tarde en septiembre de 2023, lo que supondrá una “nueva carga de trabajo” para una plantilla que ya está “sobrepasada”.

Desde el Ministerio se reconoce esta situación límite en el organismo, pero defienden que se están tomando medidas al respecto para paliarlo, aunque la mayoría de ellas están relacionadas con soluciones tecnológicas, como la automatización de procesos y la simplificación de trámites de los ciudadanos -como el servicio sin certificado digital o el portal Tu Seguridad Social-, unos sistemas que facilitan y agilizan la gestión interna y “que han permitido una reducción de cargas de trabajo y la agilización de gestiones”, aunque reconocen fuentes ministeriales que los plazos de resolución todavía no han alcanzado las cifras previas a la pandemia en más de un centenar de delegaciones provinciales. Además, admiten que “a veces se cierran temporalmente algunas de estas oficinas con una mínima plantilla por falta de personal -cuando hay trabajadores de baja, por ejemplo-, aunque eso no quiere decir que no puedan atender al público ni que no funcionen. Simplemente hay un problema estructural de plantilla que se está intentado solucionar, pero el servicio se sigue realizando”.

Según el Ministerio, en lo que va de año se han realizado 4.799.958 atenciones en los Caiss, ya sea de forma presencial en los mismos centros o de forma no presencial -por atención telefónica, telemática o en el buzón de consultas-, de ellos 1,4 millones han sido por gestiones y consultas relacionadas con la jubilación. “Son datos contundentes que demuestran la eficiencia y el esfuerzo de los empleados públicos”, pese a que “hay deficiencias”.

El ministro Escrivá ha dicho en varias ocasiones que no es un problema generalizado en toda España, pero ha admitido que “en algunas provincias existen más problemas que en otras” y que en determinadas zonas “cuesta cubrir puestos vacantes”. Eso sí, ha culpado de la situación al anterior Gobierno del PP, que “a partir de 2012 empezó a recortar la plantilla de la Seguridad Social y hoy es un 25% inferior a la de entonces, ignorando el hecho de que la edad media de los funcionarios es de 57 años. Rehacer todo esto y reconducirlo va a llevar varios años porque hay que convocar oposiciones y cubrirlas”, admitió el ministro, que aseguró que se están acelerando los procesos para cubrir plazas, reforzar la plantilla y conseguir que los funcionarios quieran trabajar en determinadas zonas de España. Mientras se cubren estas plazas, el Ministerio solo ha encontrado una solución a “este desfase”: un programa piloto de videollamadas “que está funcionando bien”, aunque reconoce que “no se debe empujar a que todo sea por la web. La videollamada es una vía para agilizar procesos”. Mientras tanto, cientos de miles de ciudadanos residentes en localidades medianas y pequeñas no pueden cumplir su derecho de realizar sus gestiones de forma directa y presencial.