Discriminación salarial en la Administración: una parte de las empresas públicas sigue sin abonar la ‘paguilla’ extra a los funcionarios

El incremento salarial compensatorio por el despegue de la inflación aprobado para este año por el Gobierno no acaba de completarse. CSIF ha exigido al Ministerio de Hacienda y Función Pública que “dé orden antes de finalizar el año a todas las empresas públicas” para ejecutar la subida salarial del 3,5% aprobada para 2022 -2% anual más el 1,5% extra-.El sindicato mayoritario en la Administración General del Estado (AGE) ha exigido en una comunicación al Departamento que dirige María Jesús Montero que ante una inflación como la actual, se impulse “una mayor agilidad” para que no haya más distinciones ni discriminaciones entre los más de 100.000 empleados de las empresas públicas a la hora de que sus empleados reciban las subidas salariales acordadas. “No puede ser que, a estas alturas, en unas se haya cobrado y en otras no, porque todas las empresas públicas pertenecen a la misma familia: el Estado”.

Fue el pasado viernes cuando el sindicato que preside Miguel Borra envió una carta al Ministerio de Hacienda y Función Pública para que se ejecute la ‘paguilla’ extra del 1,5% extra aprobada en octubre para los empleados públicos, con efectos desde el pasado 1 de enero, y que se suma al 2% incluido en los Presupuestos de este año. En el acuerdo salarial suscrito solo por CC OO y UGT -y rechazado por CSIF-, además de la paguilla del 1,5%, también consta un aumento de las retribuciones públicas en 2023 del 2,5%, con la opción de incrementar hasta en un punto adicional en función de variables vinculadas al IPC y al PIB nominal -un 0,5% más si la suma del IPC Armonizado de 2022 y del IPC Armonizado adelantado de septiembre de 2023 supera el 6%, y otro 0,5% si el PIB nominal iguala o supera el estimado en el cuadro macroeconómico que acompaña a los Presupuestos de 2023-. Para 2024, los sueldos públicos subirán otro 2%, con un 0,5% adicional en función de la variación del IPC armonizado. Según explica Hacienda, la revalorización puede ser del 9,8% si se hacen cálculos en términos reales.

CSIF se negó a rubricar este acuerdo al considerarlo insuficiente. “Sólo en los últimos dos años los trabajadores de estas empresas, como los demás empleados públicos, hemos perdido cerca de un 10%. De ahí que lo aprobado por el Gobierno para los tres próximos años no está en ningún caso a la altura de las circunstancias”, ha vuelto a aseverar el sindicato.

Hay que recordar que este incremento salarial no es automático para todos los empleados públicos. Si éste ha cambiado de destino o de administración y quiere recibir el alza salarial extraordinaria del 1,5% para este año deberá de solicitar el abono de este incremento adicional expresamente y por escrito ya que, de no ser así, Hacienda no le transferirá el dinero al abonar solo de oficio a los trabajadores que hayan permanecido en su mismo puesto habitual de destino.

Según precisó la resolución de la Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos, publicada en el Boletín Oficial del Estado (BOE), esta obligación normativa afecta a dos supuestos: a los empleados públicos que entre el 1 de enero y el 31 de octubre de este año hayan cambiado de destino dentro del sector público estatal y a aquellos que hayan pasado a prestar servicios en una administración pública que no era la suya. En cualquiera de los dos caso deberán solicitar el abono, por lo que no se les ingresará de forma directa con carácter retroactivo desde el 1 de enero de 2022 en la nómina de noviembre.

En el caso de que el empleado público haya fallecido, sus herederos tienen derecho a solicitar el importe correspondiente con carácter retroactivo, por lo que estarían obligados a solicitar el pago de forma expresa. La resolución de Hacienda también precisa que el alza salarial adicional se aplicará de igual manera a los altos cargos y personal directivo, así como al resto del personal laboral, en los mismos plazos y condiciones señalados en el caso de los funcionarios.

Para los funcionarios de comunidades autónomas y entidades locales, el pago podría no materializarse hasta el 31 de marzo del próximo año, pese a que según establecía el real decreto de eficiencia energética -en el que el Gobierno ha incluido la subida salarial a los empleados públicos- esta paguilla “debe hacerse efectiva antes del 31 de diciembre de 2022″, aunque ofrece un “margen de cinco meses” para que incorporar ese desembolso extra.