La bajada del IVA de los alimentos ahorrará menos de cuatro euros por cada 100 de compra

Para hacer frente a la crisis inflacionaria, que ha disparado los precios los alimentos de la cesta de la compra, el Gobierno oficializó ayer en el BOE la activación del real decreto que suprimirá durante seis meses el IVA del 4% que se aplica a todos los alimentos de primera necesidad, entre ellos el pan o la leche, y rebajará del 10% al 5% el del aceite y la pasta, aunque no aplica esta medida sobre la carne o el pescado.

La norma también detalla que el periodo de aplicación de la norma será de seis meses, por lo que estará estará vigente desde el 1 de enero y hasta el 30 de junio, aunque con condicionantes y letra pequeña, ya que el Gobierno ha dejado constancia por escrito de que esta medida se podrá revertir a partir del 1 de mayo en función de la evolución de la inflación subyacente. Es decir, que los alimentos básicos de la cesta de la compra afectados por esta rebaja al 0% volverán a recuperar su estatus del 4% a partir de esa fecha «en el caso de que la tasa interanual de la inflación subyacente de marzo, publicada en abril, sea inferior al 5,5% intermensual». La última tasa de inflación subyacente se situó en noviembre en el 6,3%.

En cuanto a las cuentas puras y duras del impacto real de esta medida en el bolsillo de las familias, la supresión del IVA a los alimentos básicos supondrá apenas un ahorro de 3,85 euros por cada 100 euros de compra, mientras que la bajada al aceite del 10% al 5% supondrá un alivio de 1,36 euros por cada 25 euros de compra de este producto. Así lo han calculado los Técnicos de Hacienda (Gestha), que consideran esta medida «muy ineficaz»para abordar las verdaderas causas del alza de esos precios. En su opinión, algunos productores, comercializadores y patronales magnifican los efectos de las bajadas de IVA para aumentar sus ventas, «pero las cifras muestran que eso no es así a nivel del consumidor» y advierten de que Estado y Autonomías «pierden mucha recaudación con la que financiar ayudas públicas».

El real decreto también activará «un sistema de seguimiento de la evolución de los precios» para que la rebaja beneficie «íntegramente» al consumidor y no se traslade a los márgenes empresariales vía aumento de precios. «Habrá sanciones para el sector de la distribución si no repercute en sus precios la rebaja del IVA en alimentos. Vamos a estar muy vigilantes y muy atentos de que así sea». Con esta advertencia, la vicepresidenta primera del Gobierno, Nadia Calviño, avisó ayer a empresas y comercios de que se multará con severidad a los que se detecte «que han tenido un beneficio extraordinario a costa de no repercutir la bajada en los precios de los alimentos», confirmaron a LA RAZÓN fuentes ministeriales.

Sistema doble de control

Este sistema de control será doble, tanto desde los organismos inspectores de la Administración pública como por parte de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC). Ambos frentes se encargarán de que se cumplan los requisitos del paquete aprobado «con la indicación muy clara de vigilarlo por parte de Gobierno y con capacidad sancionadora si no se cumple con la legislación». Según consta en el apartado correspondiente a la bajada de impuesto del valor añadido del real decreto, la reducción del tipo impositivo –con entrada en vigor inmediata– «beneficiará íntegramente al consumidor» sin que «el importe de la reducción pueda dedicarse total o parcialmente a incrementar el margen de beneficio empresarial con el consiguiente aumento de los precios».

La efectividad de esta medida a través de este sistema de seguimiento evolutivo de los precios será «independiente de las actuaciones que corresponda realizar a la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia en el ámbito de sus competencias» –específicas sobre el control de los precios–. Sin embargo, ninguno de los ministerios implicados en el desarrollo de la medida ha querido especificar qué tipo de seguimiento y cómo se van a desarrollar esas actuaciones de control, limitándose a confirmar que «se dispone de los mecanismos necesarios para llevar a cabo el seguimiento y la aplicación correcta del real decreto».