Abertis exige 1.621 millones al Estado en la «guerra» de la AP-7

Aumenta un 8,5% su demanda inicial por el cobro de peaje en un tramo de la autopista.

Abertis, la compañía española de autopistas y satélites, ha decidido elevar a 1.621 millones de euros la reclamación al Estado por los derechos de cobro de peaje en un tramo de la autopista AP-7 en Cataluña. La cantidad exigida en un principio era de 1.494 millones de euros a cierre de 2016, según detalla la propia Abertis dentro de su informe de cuentas semestrales. De esta forma el monto de la reclamación aumenta un 8,5% en tan sólo seis meses.

La reclamación de Abertis se encuadra dentro de la «guerra» judicial entre la firma española y el Estado que comenzó en 2015 en el Tribunal Supremo. El origen de esta demanda proviene de 2006. Hace nueve años, durante el primer Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, el Ministerio de Fomento y Abertis firmaron un acuerdo por el cual la empresa se comprometía a ampliar y mejorar un tramo de la AP-7, además de a bajar los peajes de la vía.

Por su parte, el Gobierno asumía el riesgo de que el tráfico de la autopista no alcanzara determinados niveles. Dicho pacto fue aprobado por Real Decreto en Consejo de Ministros.

Cinco años después, en 2011, Fomento empezó a dudar sobre la interpretación del acuerdo pactado en 2006, y de forma especial, de lo referido a las compensaciones por menor tráfico.

Finalmente, en 2015, ante la dificultad de poder llegar a un acuerdo en común, Abertis elevó el caso al Tribunal Supremo y al Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Este último se pronunció el pasado marzo a favor de la compañía española.

Es precisamente por el fallo emitido por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por el que Abertis decide recrudecer la batalla legal contra el Estado al considerar que «se mantiene la solidez de sus argumentos jurídicos, basados en el convenio firmado en su día con Fomento por razones de interés general».

El pasado 3 de julio, el Consejo de Ministros aprobó un informe en relación con este contencioso judicial con Abertis. De este modo, el Gobierno ratificó que no le corresponde pagar al grupo por el menor tráfico registrado en la autopista, según informa Ep.

Este litigio pudo constituir uno de los factores por los que Enaire, compañía pública a través de la que el Estado controla el 51% de Aena, se opuso a que ésta entrará en la puja por Abertis.