Agricultura

Activictas de derechos humanos de Marruecos piden una mejora de las condiciones laborales de los temporeros de la fresa en España

Admiten que se han producido mejoras, pero consideran que existen aún abusos empresariales

Un grupo de temporeras siembra las plantas de fresas en una finca de Cartaya (Huelva), provincia que aglutina más del 95% de la producción nacional
Un grupo de temporeras siembra las plantas de fresas en una finca de Cartaya (Huelva), provincia que aglutina más del 95% de la producción nacionalJulián PérezAgencia EFE

Los activistas de derechos humanos exigen una "mejora significativa" de la situación" que los temporeros marroquíes en los campos de fresas en España, "frente a violaciones patronales, como la comunicación con los sindicatos españoles”. En concreto, cursos de capacitación intensiva para la defensa de sus derechos laborales.

Activistas de la Federación de la Liga por los Derechos de las Mujeres, que organizó numerosas visitas a los campos situados sobre todo en Huelva, dicen que están dispuestas a contribuir a la organización de seminarios con el fin de mejorar dichas condiciones y que haya una mayor comunicación con las autoridades de ambos países.

La Asociación de Productores y Exportadores de Fresa (Freshuelva) anunció recientemente su decisión de ampliar la contratación de temporeros procedentes de Marruecos, “en el marco de abordar la escasez de mano de obra registrada en la campaña anterior, ya que quedaron vacantes cerca de 3.000 puestos de trabajo fuera del cupo asignado a los trabajadores temporeros, lo que afectó significativamente a la producción”, recuerda HessPress..

Latifia Bouchoy, activista de derechos humanos, admitió que “la situación de los trabajadores temporeros en los campos de fresas en España ha mejorado significativamente en los últimos años debido a la emisión de un conjunto de novedades legales que igualan derechos entre los trabajadores inmigrantes y sus homólogos españoles”. Sin embargo, "aún quedan muchos retos y coacciones, entre ellas la falta de respeto hacia horarios de trabajo, hacinamiento en algunas fincas cuyos dueños no respetan la ley, así como falta de visitas de inspección”.

“Las trabajadoras agrícolas tienen ahora derecho a afiliarse a un sindicato, y muchos sindicatos españoles están moviéndose para atraerlas, pero todavía no están ejerciendo este derecho;esto se debe, por por un lado, a su desconocimiento de sus derechos y de cómo defenderlos, dado el analfabetismo de la mayoría de ellas, y por otro, a su temor de que cualquier protesta contra las violaciones cometidas contra ellas los lleve a perdersus trabajos”.

Por su parte, Samira Mohia, presidenta de la Federación de la Liga por los Derechos de las Mujeres, afirmó: “La federación lleva mucho tiempo defendiendo la cuestión de las trabajadoras agrícolas en los campos de fresas y ha hecho numerosas recomendaciones a las autoridades marroquíes y españolas limitar la vulneración de sus derechos por parte de los empleadores y mejorar sus condiciones laborales. Las modificaciones realizadas a la ley de trabajo migratorio en España han mejorado significativamente su situación, especialmente desde que aprobaron otorgarles tarjetas de residencia que les garantizan empleo permanente durante cuatro años, por un lado, y el derecho a afiliarse a sindicatos para defender sus demandas, por el otro”.

“Las mujeres que trabajaron en estos campos durante la temporada pasada conocen las condiciones laborales y los derechos que los empleadores deben proteger para ellas, pero no conocen los nuevos logros por la ley, mientras que los trabajadores que se incorporarán a ellos durante la próxima temporada, pueden no estar conscientes de estos requisitos o de estos derechos”.

“En la próxima temporada, el Ministerio deberá acompañar a las trabajadoras con apoyo psicológico y social, dado que viven en verdadero aislamiento durante sus meses de trabajo en los campos de España; se deben intensificar intensifique las visitas de inspección a los centros residenciales y a los campos de fresas para controlar el grado de cumplimiento de la legislación laboral por parte de los empresarios”, agregó.