El apagón nuclear costará 22.600 millones de euros a los consumidores

La seguridad del suministro es el principal desafío del proceso de electrificación de la economía y de la descarbonización del mix energético español. Casi nadie duda de las ventajas competitivas que logrará España gracias a la progresiva transición a fuentes de energías renovables que son rentables económicamente al suponer, en el caso de España, un coste inferior al de la generación a partir de combustibles fósiles.

En función de eso, no solo se espera por fin una reducción progresiva de los precios de electricidad, notable a partir de 2030 para todos los consumidores, sino unos costes inferiores a los de los países vecinos, incluso aunque estén también plenamente descarbonizados, lo que favorece la captación de actividades intensivas en consumo energético. Además, está el ahorro: unos 90.000 millones de euros anuales de importaciones de hidrocarburos.

Sin embargo, como consecuencia del abandono de la generación eléctrica de origen fósil, se espera «un empeoramiento generalizado del margen de reserva (indicador fundamental de la seguridad del suministro) en todos los escenarios considerados» por el informe «¿Verde, competitiva y segura?» elaborado por el «think tank» Oikos y la consultora internacional Afry, líder en España en prospectiva energética, en el que se analiza la programada transición energética nacional.

Aunque en algunos escenarios el margen de reserva puede llegar a mantenerse «en niveles aceptables», en otros (tales como un cierre nuclear anticipado o de alta penetración de energías renovables sin soluciones del almacenamiento) puede poner en peligro la seguridad del suministro a niveles que son inviables (un margen de reserva inferior al 5%) a partir de 2035.

En el escenario central, el informe de Afry asume que todas las centrales de carbón se cierran en 2026 y un aumento a corto plazo en el despliegue renovable, especialmente solar fotovoltaica, impulsado por subastas de renovables y también por un gran apetito inversor.

También una continuidad de la generación de plantas de ciclo combinado (gas natural) hasta la década de 2040, momento en que son sustituidas por baterías y centrales de almacenamiento por bombeo.

El problema, es que según el calendario de cierre nuclear, desde 2035 no habría generación. En consecuencia, habrá un aumento de la producción de los ciclos combinados y de las emisiones dado que las energías renovables no tendrán capacidad para asegurar el suministro eléctrico 24 horas al día. Eso implica un coste añadido.

Costes por emisiones

«En términos de volumen de emisiones de CO2, la cantidad acumulada de CO2 adicional es de 28 toneladas métricas de CO2. Para poner esta cifra en contexto, se trata de casi 3 años de emisiones medias durante el mismo periodo. En términos de valor de mercado, el coste total de estas emisiones adicionales sería de 3.400 millones de euros teniendo en cuenta los precios previstos del CO2», indica el análisis.

Los autores del informe calculan que la demanda eléctrica y el precio que tendrá la luz en el mercado mayorista en un escenario de extensión de la vida útil de las centrales y en un escenario de cierre, más caro. Así, deducen que el coste directo adicional proyectado total de no prorrogar las centrales nucleares ascendería a 22.600 millones de euros entre 2027 y 2050, que sería soportado por las empresas y consumidores españoles.

Y eso teniendo en cuenta que Afry estima es que los cierres serán más lentos que el plan actual del Gobierno, dado su impacto negativo sobre la seguridad del suministro. De hecho, en el escenario central se asume como hipótesis el desmantelamiento total para 2038, lo que supone un retraso de 3 años respecto al plan del gobierno.

Con estos costes y con el riesgo de apagones constante hasta que el almacenamiento sea una realidad, se considera que la prórroga nuclear es más eficiente en términos de inversión por beneficio económico y medioambiental que un alto despliegue en baterías por sí solas y aporta mayores ventajas en seguridad de suministro.