Apagón presupuestario

Se ha cumplido un mes desde el apagón que tuvo lugar en la mayor parte de España y seguimos a oscuras en lo que respecta a las causas del mismo. Ya dijeron en su momento desde el Gobierno, supongo que para curarse en salud, que se tardaría en saberlo y que se habían abierto las investigaciones oportunas por las «fuerzas a su mando». Lo que pasa es que no está el ambiente general como para fiarse del Ejecutivo presidido por el marido de Begoña. Tampoco se puede olvidar que hubo unos intentos gubernamentales de culpar a las empresas eléctricas, de las que, dicho sea de paso, tampoco me fío mucho. Vamos que tengo un grave problema: en este asunto ya no confío en los de Moncloa, ni en la encargada de que llegue la luz a nuestras casas y empresas, que responde ahora al nombre de Redeia, ni tampoco en las empresas popularmente conocidas como «eléctricas», porque no entiendo el recibo que envían cada mes. Y, mientras tanto, sigue lo que bien podría denominarse el «apagón presupuestario».

Justamente mañana se cumplirán ocho meses desde que el Gobierno debería haber remitido a las Cortes el proyecto de presupuestos para el año en curso. Salvo error u omisión por mi parte, esa obligación constitucional no se ha cumplido. Y no es la primera vez que Sánchez obra así. Llegados a este punto contemplo la siguiente hipótesis, que no me parece descabellada: el marido de Begoña pretende agotar la legislatura, pero dada su fragilidad parlamentaria, mucho me temo que no habrá presupuesto en 2025, pero tampoco en 2026, ni en 2027. O sea, que nos podríamos tirar toda una legislatura sin que se hayan elaborado y aprobado los Presupuestos Generales del Estado que corresponderían a cada ejercicio. Y esto, que para muchos puede parecer imposible, lo tengo cada vez más claro. Y, visto lo anterior, me pregunto si no hay manera de exigir responsabilidades jurídicas –de las políticas me olvido– al esposo de Begoña y a todos sus ministros por saltarse a la torera esa obligación constitucional de decir cuánto dinero van a extraer de nuestros bolsillos, cuánto en concepto de impuestos y tasas diversas y también en qué se van a gastar ese «porrón» de pasta, que cada día que pasa es más «porrón». Se saltan la Constitución a la torera y no pasa nada.