Las empresas ya no pueden más en un país sin presupuestos. Al creciente absentismo, las subidas del Salario Mínimo Interprofesional y la reducción de jornada -con la amenaza del Gobierno de llevarla a las 32 horas cuando aún no se han tramitado las 37,5- se suman el mayor coste de la energía que en competidores directos, como Francia, y las inspecciones a discreción tanto laborales como fiscales, como la que vive la planta del grupo Sargadelos en su planta de Cervo, que ha forzado la paralización de las vajillas y porcelanas gallegas reconocidas en todo el mundo. Y ahora, además, los aranceles de Trump. Los desplomes bursátiles del jueves y del pasado viernes negro no dejan dudas sobre el terrible impacto de estos.

Un cóctel letal para inversores y empresarios ante el que ha fracasado antes de arrancar el presunto plan del Gobierno, emperrado en poner las cosas más difíciles cada día a la iniciativa privada.

Así, la producción industrial se desacelera y encadena dos meses seguidos con caídas, la creación de empresas baja y el empleo crece a un ritmo significativamente menor, ya que en la variación interanual hasta marzo era del 2,44% y ahora queda en el 2,18% y eso pese a que en un año hay 86.365 afiliados más en las administraciones públicas. En el último año se ha medido un crecimiento de 5.233 demandantes de empleo, pese a que la afiliación ha crecido en 455.000 trabajadores, hasta las 4.420.617 personas que buscaban empleo el pasado marzo.

Menor creación de empresas

La creación de empresas cayó un 10% con 9.265 nuevas empresas registradas solo en el mes de febrero, un 18 % menos en comparación con el mismo mes del año anterior y un 8% por debajo de las cifras de enero.

El capital invertido para la creación de estas empresas también ha sufrido una caída significativa. En los dos primeros meses de 2025, la inversión total ha disminuido un 41%, alcanzando los 1.042 millones de euros. En febrero, la inversión fue de 439 millones de euros, lo que representa un descenso del 33 %, según el Estudio sobre Demografía Empresarial realizado por Informa D&B.

No solo baja la creación de empresas, sino que aunque las disoluciones de empresas se reducen cerca de un 3% hasta los 9.786 en el primer trimestre del año los procedimientos concursales (2.800) aumentan un 23%. En un marzo negro, los procedimientos concursales suben un 33% más y las disoluciones crecen un 12%.

“No podemos más”, reconocía una alta fuente empresarial en un encuentro informal con este diario previo a la guerra arancelaria. El líder empresarial señalaba también la ausencia de presupuestos como otro palo en la rueda, algo que preocupa al 68% de los empresarios, más que Trump, según un estudio de Grant Thornton.

Los aranceles son la punta del iceberg. Porque los empresarios llevan sufriendo los efectos de la subida del SMI desde hace años, más aún desde que se elevó a 1.184 euros, el 61,8% del sueldo medio neto de jornada completa, según los cálculos del Servicio de Estudios de Cepyme, con lo que supera el umbral del 60% de la remuneración media sugerido por la Carta Social Europea “en el que el Gobierno justifica su aumento acumulativo, del 80,7% desde 2016”.

Los empresarios claman en el desierto pese a que España acumula el quinto mayor incremento del SMI en la UE y el tercero de la zona euro. Y es que el SMI ha crecido el triple que los precios desde 2018 (el 45,1% frente al 19,5%). Además, la subida del SMI a 1.184 euros coloca a España como el país de la UE con el salario mínimo más costoso en relación con la productividad, remarcan las patronales.

El impacto es incluso más duro para las micro y pequeñas empresas, el 99% del tejido productivo español, pues el SMI supone el 70% del salario medio ordinario de jornada completa. El esfuerzo adicional vinculado al SMI de las empresas más pequeñas llega casi al 30%, destaca Cepyme.

Normal que el empleo se resienta, con un alza de solo el 0,9% desde finales 2018 frente al 12,9% que podría haber subido de proseguir las tendencias de aumentos de contratación previos a estas alzas. Cepyme estima que estas microempresas han dejado de crear 350.000 empleos por la repercusión del SMI.

El golpe también ha sido cuantificado por la Autoridad Fiscal. La AIReF considera que las últimas subidas del SMI han tenido un impacto "negativo y significativo" en la afiliación y, en concreto, la realizada en 2023 -del 8 % hasta los 1.080 euros mensuales-, habría reducido la creación de entre 55.000 y 85.000 empleos.

En un documento de esta semana, la AIReF señalaba que el impacto del SMI en la afiliación cuatro años antes, en 2019 -cuando la subida fue del 22,3% hasta los 900 euros-, redujo la creación de empleo entre 40.000 y 65.000 trabajadores.

Así, la subida del SMI de 2019 tuvo un impacto sobre la afiliación en el Régimen General de entre 0,28 y 0,45 puntos porcentuales, mientras que en 2023 el efecto estimado sería algo mayor, entre 0,34 y 0,53 puntos porcentuales.

El impacto de la subida de este sueldo mínimo en 2023 es mayor que en 2019 porque el porcentaje de individuos que perciben el SMI ha pasado de representar un 3,5% en 2018 al 7,4% en 2023, al tiempo que éste se sitúa cada vez más próximo al salario más frecuente de la economía, es decir, que no está ejerciendo una presión al alza en el resto de salarios.

En concreto, el porcentaje de individuos que tiene bases de cotización hasta el 125% del SMI ha pasado del 7,9% en 2018 al 22,8% en 2023.

La AIReF concluye que el impacto sobre el empleo de las alzas del SMI analizadas es mayor entre las empresas pequeñas, la mayoría.

Reducción de jornada con baja productividad

A esta evidencia se añade los costes empresariales de la reducción de jornada a 37,5 horas: entre 1.800 y 2.000 euros por trabajador, sumando la cotización más el salario, con lo que, en conjunto, teniendo en cuenta que esta medida afectará a casi 12 millones de trabajadores, el coste estaría entre 21.000 y 24.000 millones de euros.

«Hagan la cuenta para ese pequeño empresario que tiene uno o dos trabajadores, o para aquellas personas que en su casa tenga un cuidador o alguien dado de alta en el Régimen del Hogar, que sepa que el coste también son 2.000 euros y si se le añade el salario mínimo son 3.000 euros. ¿Algún pensionista, alguna familia con un salario medio puede asumir ese coste extra de 3.000 euros? », alertó Lorenzo Amor, presidente de ATA, que ha cifrado esta reducción de horas en un incremento del coste salarial del 6,5%.

Ahora, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, asegura que su objetivo es reducir la jornada a 32 horas. Antonio Garamendi, presidente de la CEOE, ironizaba con esta semana al asegurar que “por qué no a 20 horas, si a menos horas mejora la productividad”.

El hecho es que la productividad no solo no ha crecido, sino que no deja de caer desde comienzos de siglo. La Comisión Europea ponía el dedo en la llaga al situar a España a la cola de la productividad: “Los bajos niveles de inversión, la falta de innovación, la escasa transferencia de conocimiento de la academia a la industria y la fragmentación del mercado nacional” están detrás de este problema secular. El crecimiento económico de la última década no se ha reflejado en una mejora de la productividad. El PIB por trabajador, un indicador clave del rendimiento económico, se mantiene prácticamente estancado desde 2015, según Funcas.

Los empresarios también destacan la lentitud de los permisos y el lastre del papeleo. Y es que España pierde 90.000 millones de euros por trabas burocráticas propias y la ausencia de un mercado único europeo y se dejará 100.000 empleos a este ritmo de restricciones a las empresas.