Las políticas activas de empleo en España no funcionan, lastran los objetivos para los que fueron diseñadas, su eficacia es limitada y han provocado una total descoordinación institucional. Este es el sombrío panorama que los expertos del Consejo General de Economistas (CGE), Foment del Treball y Fedea presentan sobre las políticas activas de empleo tras señalar que los avances y esfuerzos realizados durante los últimos años no han resuelto ninguno de los problemas intrínsecos del sistema y sus resultados "continúan siendo muy insatisfactorios".

Uno de los principales factores que para estos expertos explican la falta de eficacia de los servicios públicos de empleo como intermediarios entre la oferta y la demanda laboral se debe al "insuficiente conocimiento del tejido productivo y a la falta de un perfilado adecuado de los demandantes", provocado por un deficiente marco normativo de distribución de competencias, que "dificulta una gestión eficaz", al establecer una separación entre la administración de las prestaciones económicas -que está a cargo del SEPE- y las políticas activas de empleo -competencia en manos de las comunidades autónomas-. "Esta fragmentación provoca una enorme descoordinación institucional: quien financia las prestaciones no controla su ejecución y quien gestiona las políticas activas carece de competencias sobre las ayudas económicas". Es decir, que los incentivos para fomentar la colaboración entre administraciones "están desalineados" -quien controla el cumplimiento de las obligaciones no paga las prestaciones, y el que paga no controla-. A ello añaden los analistas la falta de acceso de las comunidades autónomas a información clave -principalmente la gestionada por la Seguridad Social-, lo que "limita su capacidad para diseñar estrategias más eficaces en materia de incentivos al empleo".

El director ejecutivo de Fedea, Ángel de la Fuente, ha cargado contra los cambios realizados en la ley de empleo porque "incluye una larga lista de buenos deseos y propósitos, pero en la práctica no han mejorado significativamente el funcionamiento del SEPE como mecanismo de intermediación en el mercado laboral o su capacidad para mejorar la empleabilidad del grueso de los parados". Según ha apuntado, la norma no ha aportado a los servicios de empleo de los medios necesarios para potenciar las políticas activas de empleo, "ni se ha acertado en el diseño ni en la gestión de sus servicios y sus herramientas de trabajo, que deberían modernizarse para explotar más eficientemente la abundante información disponible".

Por otro lado, los expertos también advierten que la "rigidez y obsolescencia" de los actuales programas de formación para el empleo representan un serio obstáculo para adaptarse a las necesidades reales del mercado laboral. También han criticado con dureza la validez de los certificados de profesionalidad, que presentan "estructuras excesivamente estandarizadas y contenidos poco ágiles, lo que dificulta una respuesta adecuada ante los rápidos cambios tecnológicos y sectoriales". Además, han expresado gran preocupación por la "limitada efectividad de los incentivos a la contratación", que en la mayoría de los casos "no logran generar empleo adicional, especialmente cuando no están suficientemente focalizados".

Para Salvador Guillermo, director de Estudios y Economía de Foment del Treball, la normativa actual tiene un diseño excesivamente detallado y complicado en sus programas de incentivos, lo que "restringe la capacidad de las comunidades autónomas para adaptarlos a las particularidades de su entorno económico y social. Esta rigidez, combinada con la falta de una evaluación sistemática y continua, reduce el impacto real de estas políticas". En este contexto, aboga por un "rediseño integral" de estos instrumentos, basado en criterios más selectivos, adaptables y sometidos a mecanismos de revisión permanente que aseguren su efectividad y eficiencia. "No se puede pagar jamón de jabugo y dar mortadela", ha apostillado con ironía.

Por su parte, el presidente del CGE, Valentín Pich, ha reclamado que las políticas formativas "deben estar estrechamente alineadas con las necesidades del tejido empresarial, para dotar a los trabajadores de las competencias que demanda realmente el mercado laboral para facilitar así su inserción”. Por ello, ha incidido en que "si queremos que las políticas activas de empleo tengan un impacto real sobre la empleabilidad, es imprescindible que estén sometidas a procesos continuos de evaluación que permitan identificar qué funciona y qué debe corregirse. No se trata solo de destinar más recursos, sino de gastarlos de manera inteligente".

Salvador Guillermo ha destacado que aunque España muestra avances en la creación de empleo, "sigue manteniendo tasas de paro muy elevadas en comparación con otros países pese a gozar de periodos prolongados de expansión económica. Y eso que la tasa de actividad y empleo es relativamente más baja. Por eso, debemos invertir y dotar de más recursos a las políticas activas de empleo y hacerlas más efectivas. Los datos también confirman que estudiar sigue siendo positivo, ya que reduce de forma sustancial las tasas de desempleo".

Para Miguel Ángel García, doctor en Economía de la URJC, tanto la Ley de Función Pública colmo la Ley de Empleo lastras la políticas activas de empleo. En el caso de la Ley de Empleo, ha intentado realizar un "deseable ejercicio de ordenación" de las políticas de empleo, pero en la práctica "se limita a crear nuevos derechos subjetivos para los usuarios y a transformar el SEPE en una Agencia Española de Empleo sin explicar cuáles son los objetivos que lo justifican". Cree que el problema "profundiza el actual desequilibrio de derechos y obligaciones de usuarios y administraciones públicas" y, además no incorpora el "imprescindible cambio estructural en su diseño y funcionamiento, además de no dotar de los recursos personales y financieros suficientes para la aprobada ampliación de obligaciones".

Asimismo, estos expertos han expresado su preocupación por la limitada efectividad de los incentivos a la contratación, que en muchos casos no logran generar empleo adicional, especialmente cuando no están suficientemente focalizados. Según critican, la normativa actual, al establecer un diseño excesivamente detallado de estos programas de incentivos, "restringe la capacidad de las comunidades autónomas para adaptarlos a las particularidades de su entorno económico y social". Esta rigidez, combinada con la falta de una evaluación sistemática y continua, "reduce el impacto real de estas políticas". En este contexto, abogan por un "rediseño integral de estos instrumentos, basado en criterios más selectivos, adaptables y sometidos a mecanismos de revisión permanente que aseguren su efectividad y eficiencia".

Por todo ello, estos expertos han presentado una batería de propuestas para fortalecer las políticas activas de empleo, que pasan por fortalecer el vínculo con el tejido productivo, a fin de conocer con precisión las necesidades de las empresas y realizar un perfilado más eficaz de los demandantes de empleo, alineando aptitudes y actitudes con las vacantes reales; reorientar la formación para el empleo, superando la rigidez de los certificados de profesionalidad mediante contenidos más flexibles, actualizados y adaptados a los sectores con mayor potencial de crecimiento; diseñar programas de incentivos a la creación de empleo que permitan su adaptación a las particularidades de cada comunidad autónoma; dotar a las comunidades de acceso completo a los registros administrativos necesarios para el diseño y gestión de las políticas activas de empleo; reforzar la corresponsabilidad de los desempleados, exigiendo una búsqueda de empleo activa y continuada, con condiciones más estrictas para el rechazo de ofertas adecuadas; implementar un sistema permanente de evaluación y mejora, que permita medir el impacto real de las políticas aplicadas, identificar desviaciones y dirigir más recursos a las iniciativas con mayor eficacia comprobada; Impulsar una reorganización interna de los servicios públicos de empleo, orientada a mejorar su capacidad operativa, la coordinación entre niveles de gobierno y la gestión efectiva del personal implicado en el diseño y ejecución de estas políticas; modernizar la infraestructura tecnológica del sistema de empleo, incorporando herramientas digitales que faciliten la automatización de procesos, el cruce eficiente de datos y una atención más ágil y personalizada a empresas y trabajadores; fomentar una gobernanza más integrada entre el SEPE y las comunidades autónomas, con mecanismos claros de cooperación y reparto de responsabilidades, que permitan una implementación más coherente y eficaz del conjunto de las políticas activas y pasivas; e impulsar los esquemas de colaboración público-privada y establecer mecanismos flexibles de jubilación o de jubilación activa, entre otras.