Casi 6.000 millones en el aire

Las dificultades para aprobar el techo de gasto obligarán a Sánchez a gobernar por segunda vez con las cuentas elaboradas por el PP y evitarán que pueda hacer uso del margen adicional concedido por la UE

Septiembre es tradicionalmente el mes en el que conocemos las grandes cifras de las cuentas públicas del año siguiente. La Constitución Española dicta que «el Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior». Sin embargo, en los últimos tiempos la fragmentación política y, por extensión, la debilidad parlamentaria de los Gobiernos está provocando que nos acostumbremos a ver cómo se aprueban las cuentas más allá del 1 de enero, y todo apunta a que este año ocurrirá de nuevo.

El más que previsible retraso en los Presupuestos de 2019 compromete los planes de Pedro Sánchez de aprovechar el nuevo margen otorgado por la Unión Europea, que permitiría suavizar la relajación del déficit público en alrededor de 6.000 millones de euros el año que viene. En este sentido, la senda de estabilidad aprobada por el Consejo de Ministros el mes pasado y rechazada luego por el Congreso contemplaba elevar el techo de gasto no financiero del Estado en 5.230 millones respecto al año anterior: de los 119.834 millones de euros de las anteriores cuentas del Partido Popular a los 125.064 millones que pretende gastar el Ejecutivo socialista.

Ahora, los últimos movimientos del PSOE junto a Unidos Podemos para sortear la mayoría absoluta del PP en el Senado dejan en el aire este incremento del gasto, ya que todo apunta a que no dará tiempo para que entren en vigor antes del 1 de enero. Ahí es donde entra en juego el siguiente epígrafe del artículo 134 de la Constitución: «Si la Ley de Presupuestos no se aprobara antes del primer día del ejercicio económico correspondiente, se considerarán automáticamente prorrogados los Presupuestos del ejercicio anterior hasta la aprobación de los nuevos». Es decir, Sánchez tendría que seguir gobernando con las cuentas de Mariano Rajoy, retrasando gran parte de su agenda política y económica. Toda, salvo la que sea aprobada por decreto sin esperar a obtener los apoyos parlamentarios necesarios.

Además de estos 6.000 millones de margen (2.500 irían destinados para que las comunidades puedan gastar con mayor alegría en año electoral), otras partidas también se verían afectadas. Es el caso de la revalorización de las pensiones, que también queda pendiente de ver cómo queda encuadrada en los Presupuestos. Este año ya sucedió que los pensionistas tuvieron que esperar hasta el verano para cobrar los atrasos de la subida. Además, en 2019 se supone que las pensiones de viudedad de las personas con 65 o más años que no perciban otra pensión pública deben elevar su base reguladora. Esto se traduciría en una subida de estas pensiones del 7%, beneficiando a casi medio millón de personas, la mayoría mujeres. El empleo público también se verá perjudicado, ya que no se concretará la tasa de reposición de los funcionarios para cubrir las jubilaciones y tampoco podría ponerse en marcha la previsible ampliación del permiso de paternidad.