Las comunidades autónomas dicen no las cesiones fiscales a Cataluña

El diálogo entre los gobiernos autonómicos mantiene una posición de bloques que apenas ha avanzado en los últimos cuatro años. Mal presagio para la reunión que el próximo miércoles celebrará el Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y que únicamente abordará la condonación de la deuda regional, aunque las comunidades del PP –que suman casi el 66% de la población española y que rechazan de plano cualquier privilegio para el independentismo– y la mayoría del PSOE –con la Cantilla-La Mancha de Page a la cabeza– ya han advertido que pondrán encima de la mesa la reforma de la financiación, algo a lo que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se ha negado después de que ni siquiera haya logrado un acercamiento de posturas previo.

Según la enquistada posición de frentismo actual, todo apunta que la reunión va a limitarse a revalidar los choques que hasta el momento han bloqueado el acuerdo para modificar un sistema que lleva 11 años caducado. Y la decisión del Ejecutivo de Pedro Sánchez de priorizar la condonación de deuda en la próxima cita ahonda más la grieta entre ambos.

La reforma del sistema tiene alianzas dispares pero rechazos unánimes. La financiación singular para Cataluña pactada con ERC cuenta con la oposición del resto de autonomías, pero algunas de ellas, como Madrid y Comunidad Valenciana, sí coinciden con la catalana en que las variables poblacionales, como la sanidad o la educación, deben tener un mayor peso en el nuevo cálculo de la población ajustada, que es la referencia para el reparto de la mayor parte de los recursos públicos.

Para el PP, la condonación de la deuda «no soluciona los problemas» de las autonomías. Por eso, apuestan por una reforma «integral» del sistema de financiación «de manera multilateral, sin privilegios fiscales, que aborde la creación de un fondo transitorio, la dotación de recursos, la reducción de los plazos de liquidación y que se tengan en cuenta variables de envejecimiento poblacional, natalidad, dispersión, coste efectivo o incluso la despoblación».

La comunidades del PP no descartan que se pueda reestructurar la deuda, pero sin condonaciones arbitrarias, y exigen un fondo de nivelación transitorio para solucionar los problemas de infrafinanciación. En Moncloa evitan rechazar este fondo de compensación, pero sí lo ligan a que no haya «dumping fiscal», en clara alusión a Madrid, para salvaguardar el criterio de «corresponsabilidad fiscal».

En una línea paralela, los analistas apuestan por ir eliminando de manera gradual los mecanismos extraordinarios de financiación, como el Fondo de Liquidez Autonómico (FLA), apostando por que las autonomías financien su deuda en los mercados y explorar otras herramientas financieras, porque «se han convertido en ordinarios, permanentes y en fuente de ineficiencias».

Por ello, al igual que otras instituciones como Funcas, BBVA Research o incluso en algunos aspectos el Banco de España o la Airef creen necesario aclarar el contexto financiero e institucional en el que se va a desarrollar el debate sobre la posible reestructuración de la deuda autonómica en manos del Estado y proponen una batería de medidas para minimizar el impacto económico en el Estado. Una de estas opciones pasaría por la reestructuración de la deuda basada en el alargamiento del plazo de amortización, una alternativa que no generaría costes financieros porque el mayor periodo de maduración se compensa con un número más elevado de vencimientos. Otra solución sería la reducción de tipos de interés acompañada de una extensión de los plazos, pero esto sí genera costes y un claro beneficio para las regiones beneficiarias, ya que se reduciría la cuantía de los intereses pagados, pero el acreedor asumiría el diferencial entre el antiguo tipo de interés y el nuevo. También se puede plantear un periodo de carencia, en el que tan solo se satisfagan intereses y no la devolución del principal. Lo que no comparten es la idea de la condonación directa de parte de la deuda autonómica en manos del Estado, como ha planteado el Gobierno. Además, habría que decidir si ligar la cuantía de la posible condonación a la infrafinanciación relativa o absoluta de las comunidades, al impacto estimado del ciclo económico sobre las finanzas regionales o a criterios de sostenibilidad de la deuda.

Santiago Lago, catedrático de Economía Aplicada en la Universidad de Santiago de Compostela e investigador de Funcas, aporta la clave meridiana que deberían tener en cuenta los negociadores en el CPFF: «La reforma debe buscar una mejora global de cara al beneficio de todas las comunidades. Los recursos que al final recibe cada una son un elemento importante, pero no el único. Los datos muestran que las ganancias deberían concentrarse en ciertas autonomías, pero sin que nadie pierda, ya que existen evidentes casos de infrafinanciación y otros en los que los costes de los servicios están infraestimados y debería ser ahí donde se vea el mayor incremento de recursos». Más claro, solo el agua.