UE

La Comisión abre un expediente a España por no aplicar el impuesto mínimo de sociedades del 15%

Afectará a unas 830 empresas y se espera una recaudación de 10.000 millones de euros

 La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.
La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero.SERGIO PEREZAgencia EFE

Bruselas ha abierto este jueves un proceso de infracción contra España por no aplicar la legislación comunitaria que le exige poner en marcha un impuesto mínimo de Sociedades del 15% a multinacionales que facturen más de 750 millones de euros al año. El Ejecutivo comunitario ha lanzado este aviso a España y a otros ocho países europeos que tenían de plazo hasta el 1 de enero de este año, tras el acuerdo en el seno de la OCDE.

Los países que están en la misma posición de España son Portugal, Polonia, Estonia, Letonia, Lituania, Chipre y Malta. En el caso español, aunque la medida fue aprobada en el Consejo de ministros, todavía no ha concluido su tramitación parlamentaria, lo que ha impedido la entrada en vigor que reclaman las autoridades europeas Según el anteproyecto de ley aprobado antes de Navidad, la normativa española que adapta el marco europeo afectará a unas 830 empresas y se espera una recaudación de 10.000 millones de euros, según las estimaciones del Gobierno.

España y el resto de los países europeos concernidos tienen un plazo de dos meses para tomar las medidas necesarias. Si el Ejecutivo comunitario considera insuficiente este respuesta, puede llevar a nuestro país ante el Tribunal de Justicia de UE, quien en última instancia puede acabar imponiendo una multa.

Con la puesta en marcha de este acuerdo, se espera dar una mayor estabilidad e igualdad a los tributos europeos y terminar con carreras a la baja para que las empresas con alto valor añadido se instalen en aquellos países con unos impuestos más bajos. 140 países de todo el mundo se han adherido a esta nueva normativa dentro de la OCDE. Esta norma se aplica a cualquier grupo, ya sea tanto nacional como internacional, que tenga una sociedad matriz o una filial en un Estado miembro de la UE. Para evitar la fuga de empresas a países fuera del territorio comunitario, la normativa también abarca aquellos casos en los que la sociedad matriz se encuentra en territorio extracomunitario en países con bajos niveles impositivos y que no apliquen normas equivalentes.