El Consejo de Ministros aprueba la extensión a 2025 del gravamen a las grandes energéticas que retiró del paquete fiscal

El Consejo de Ministros ha aprobado el real decreto que pretende ampliar el gravamen temporal a las energéticas, con el objetivo de convalidarlo en el Congreso de los Diputados y tramitarlo como proyecto de ley para convertirlo en impuesto. Culmina así la extensión a 2025 del gravamen a las grandes energéticas que retiró en el Congreso del paquete fiscal después de que Junts y PNV amenazaran con tumbarlo si ese impuesto no se quedaba fuera. Ahora, el presidente del Gobierno ha usado la carta del Consejo de Ministros para aprobarlo por decreto ley para cumplir con el compromiso con sus socios ERC, Bildu, Podemos y BNG, y en contra de nacionalistas vascos e independentistas catalanes, que lo rechazan para evitar que se pongan en riesgo las inversiones de estas compañías en España y que tendrán en su mano derribarlo en el Parlamento. Para intentar contentarles ha incluido bonificaciones fiscales para las compañías energéticas que realicen inversiones verdes. Pese a ello, nada está claro y el Gobierno tendrá que negociar los apoyos a este decreto uno a uno, ya que necesita de todos los votos de los socios de investidura para que el decreto sea convalidado por el Congreso, unos votos con los que no cuenta.

La intención de Hacienda pasa por ofrecer que el decreto se tramite después como proyecto de ley para ahí transformar el gravamen en un impuesto permanente y así convencer a sus socios, especialmente a Podemos, que rechaza la temporalidad, y al PNV, que no se opone directamente porque su gestión correspondería a las haciendas forales vascas y navarra. En el caso de Junts, la posibilidad de un acuerdo es mucho más lejana, ya que han confirmado que no apoyarán ningún impuesto que ponga en peligro las inversiones en Cataluña.

Pese a ello, y jugando con dos barajas para derogar el impuesto a las energéticas en el paquete fiscal previo y aprobarlo unos días después por decreto, el presidente del Ejecutivo, Pedro Sánchez ha reconocido en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros que "somos muy conscientes de cuál es la complejidad del Parlamento, pero salimos a ganar, con humildad, pero salimos a ganar y evidentemente no damos un balón por perdido". El presidente ha explicado que la norma introduce "un incentivo fiscal" para que las inversiones estratégicas esenciales para la transición ecológica y la descarbonización se puedan deducir del impuesto. "Lo que estamos haciendo es demostrar que puede exigirse un esfuerzo adicional a las empresas energéticas, al tiempo que también continuamos con nuestra hoja de ruta de descarbonización y de impulso a proyectos industriales tan importantes como la producción de hidrógeno verde".

Según fuentes consultadas por LA RAZÓN, la fórmula pactada -la retirada del paquete fiscal, la aprobación del decreto y la posterior tramitación como proyecto de ley- "es la única posible para asegurar su entrada en vigor el 1 de enero de 2025", así como su conversión en impuesto a continuación y el traspaso de la gestión a las Haciendas Forales vasca y navarra. De momento, una vez que lo ha aprobado el Consejo de Ministros y se publique en el BOE, entrará en vigor, a expensas de su convalidación o derogación por el Congreso. "El Gobierno cumple con sus compromisos con las distintas formaciones políticas", ha reiterado el presidente.

Otro de las decisiones que estaban en el aire era la subida de la fiscalidad del diésel para equipararla al de la gasolina, cumpliendo con el compromiso adquiridos con la Comisión Europea, medida vinculada al desbloqueo del quinto tramo de fondos europeos. En la actualidad, el gasóleo tiene una bonificación fiscal que Bruselas considera que debe suprimirse y, de momento, continuará así, ya que el Gobierno ha pasado de puntillas por esta cuestión, aunque desde el Ejecutivo se insiste en que sigue negociando con sus socios para incluirlo "en cuanto sea posible". De nuevo, PNV y Junts son los que se muestran reacios a acabar con esta bonificación, que ingresaría en las arcas públicas unos 1.500 millones extra.