El Defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha abogado este martes por limitar el alquiler del uso turístico e incentivar el de larga duración como una de las medidas que deben adoptar los municipios para combatir el incremento sostenido de los precios del arrendamiento en España. También ha señalado, en una comparecencia en el Congreso de los Diputados, que las administraciones públicas deben procurar utilizar las herramientas dispuestas en la Ley por el Derecho a la Vivienda para hacer frente a esa escalada de precios, según informa Efe.

"Ya que está generalmente aceptado que el acelerado incremento del alquiler turístico supone una disminución de viviendas para alquiler habitual y perturba el equilibrio del entorno humano y los servicios necesarios, parece razonable limitar el alquiler de uso turístico en los numerosos municipios en que produce esos problemas, para incentivar el de larga duración y la correlativa reducción de los precios", ha explicado.

En una intervención ante la comisión mixta de diputados y senadores para informar, a petición del PP, de sus actuaciones en relación con el problema de la vivienda y la okupación, Gabilondo ha destacado que su oficina recibe "más quejas sobre desahucios que sobre okupación". Según sus datos, en 2024 recibió 200 quejas relativas a procesos de desahucios frente a 45 quejas de vecinos por molestias, problemas de convivencia y vandalismo relacionadas con ocupaciones de viviendas y 41 quejas de propietarios.

Tras explicar que el defensor del Pueblo no puede intervenir en procedimientos judiciales, ha indicado que esta institución adoptó el año pasado 102 actuaciones en este ámbito frente a las 60 de 2023.

Ha destacado también que más de 300 quejas recibidas en 2024 denunciaban las "largas esperas" en procesos de adjudicación de vivienda pública con "miles de inscritos", lo que, a su juicio, pone de manifiesto la "escasez" de viviendas de esa naturaleza en España, algo que "no permite amortiguar las consecuencias sociales del incremento de los precios".