Denunció «acoso laboral» institucional

Madrid- No ahorra calificativos ni críticas a lo largo de los 24 folios que presentó en el CGPJ en su solicitud de amparo, una petición que justificó en dos motivos principales: «Denuncia por acoso laboral institucionalizado y solicitud de amparo contra determinados miembros del CGPJ y del Ministerio Fiscal», y, en segundo lugar, por las «injerencias, injurias y presiones recibidas por los medios de comunicación».

Respecto al citado «acoso laboral», señalaba el juez la «conexión espacio-temporal que existe respecto de la presión a la que viene siendo sometido mi juzgado, y particularmente este magistrado, por los poderes públicos del Estado (Fiscalía y CGPJ) que nace, precisamente, en el mismo mes en el que se acuerda la reapertura del mal llamado caso Blesa».

Junto a ello, y tras aludir al «amplio historial de investigaciones institucionales» que sufre desde 1991, afirma que su carácter de «independiente» le ha causado serios problemas. Problemas, destaca, ocasionados por «no haber permitido la injerencia en el trabajo que realizo y desempeño, por no sucumbir a las presiones de ciertas "personalidades y autoridades"», razones por las que se ha visto «perseguido, acosado y vilipendiado interna y públicamente en el sistema judicial».

De ahí que llegue a la conclusión de que mejor le hubiese ido con una actuación profesional sin tener para nada en cuenta «estímulos externos», tales como «el poder, el dinero, la fama...». Por ello, sostiene que en lugar de ser «independiente» debería haberse «dejado llevar pro las corrientes del sistema, en lugar de remar en contra de cierto poder establecido o institucionalizado, cruzando determinadas líneas rojas (invisibles para los ciudadanos)».

Tras relatar no pocas vicisitudes que sufrió en Castilla-La Mancha, refiere que cuando llega a su actual destino, en 2011, es cuando, «por primera vez en muchos años», puede desempeñar su trabajo diario «sin injerencias externas, ni persecución institucionalizada».

Sin embargo, cuando el pasado mes de noviembre decidió reabrir el «caso Blesa», y dado que ese procedimiento «debió causar alarma en un determinado sector del poder», afirma que empiezan nuevamente «a surgir investigaciones internas, pesquisas por parte de la Fiscalía y extraños movimientos de espionaje laboral».

En cuanto a las críticas de los medios de comunicación, afirma que ha habido «manifestaciones denigrantes, calumniosas e infundadas». Pero también de ello culpa al CGPJ y a la Fiscalía, ya que ello se produjo por la «actuación negligente de algunos miembros del CGPJ y del Ministerio Público, que me acusan de prevaricador, juez conflictivo, múltiples veces expedientado, enajenado, al margen de que tales filtraciones realmente revelan un comportamiento psicopático de acosadores institucionales encubiertos por parte de quienes lo practican en secreto, prevaliéndose de los medios de comunicación».