La UE descafeína la agenda verde

Tras una década de hiperregulación en todo lo que tuviera que ver con la ESG, la nueva Comisión Europea se ha planteado ahora que quizá se ha pasado de frenada al haber hecho todo demasiado complicado. Como rectificar es de sabios, Ursula von der Leyen ha impulsado un nuevo paquete legislativo, recogido en un reglamento ómnibus, con el objetivo de reducir el exceso de burocracia y papeleo. Sin embargo, en su intento de hacer todo más sencillo, se podría también haber excedido, pero en la dirección opuesta. Y es que Bruselas ha «perdonado» al 80% de las empresas europeas la obligación de presentar los informes de sostenibilidad.

Es la primera vez en su historia que la UE se enmienda a sí misma y trabaja para modificar directivas ya en vigor o que lo estarán próximamente. Una reconsideración que, según la presidenta de la Comisión, tiene como objetivo impulsar la competitividad, mejorar la seguridad y reforzar la resiliencia económica.

El reglamento, que de momento solo recoge propuestas y que deberá todavía recorrer un largo camino antes de ser aprobado por el Parlamento Europeo y convertirse en directiva, abarca una simplificación de gran repercusión, precisamente, en los reportes de información, que están regulados por la Directiva de Información sobre Sostenibilidad Corporativa (CSRD); la Diligencia Debida (CSDDD); el Reglamento sobre Taxonomía, y el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM).

Se trata de un primer paso para tratar de reducir la «sopa de letras» en la que se ha convertido la normativa europea y que supone todo un galimatías para las empresas. Las condena a entrar en un laberinto burocrático del que, a menudo, les cuesta salir por la ingente cantidad de información que se les solicita. Y como muestra, un botón. Solo en el caso de la CSRD, las compañías deben proporcionar información sobre más de 1.000 métricas diferentes.

Esta semana se esperaba con gran expectación los detalles del plan de las autoridades para reducir la burocracia. Sin embargo, la UE ha sorprendido y ha sacudido el panorama regulatorio, al borrar de un plumazo las obligaciones en materia de información de sostenibilidad de alrededor de 30.000 empresas.

Así, las compañías de entre 250 y 1.000 trabajadores que, a partir del próximo año estaban obligadas a aplicar la CSRD (aunque con un periodo de transición hasta 2028), quedarán liberadas de esta exigencia, ya que la presentación de estos informes pasará a ser voluntaria para ellas.

De esta manera, en España, 6.500 empresas dejarán de estar sujetas a la directiva europea. Solo tendrán que cumplir con estas obligaciones las compañías de mayor tamaño, es decir, aquellas con más de 1.000 empleados, que en nuestro país ascienden a 1.210, el 0,04 % del total, según datos del Directorio Central de Empresas (DIRCE). No obstante, la imposición de la memoria simplificada sobre sostenibilidad (VSME), se mantendrá para toda la cadena de valor de las grandes compañías, de manera que también comprometerá a la pymes que les prestan sus servicios. La Comisión Europea ha calculado que la iniciativa podría suponer un ahorro anual en costes de 6.300 millones de euros.

«La UE ha comenzado un proceso que aún no sabemos cómo terminará. La simplificación era muy necesaria, ya que las empresas estaban más preocupadas en reportar que en actuar. En el mundo, se ha abierto un debate en torno a la sostenibilidad, ya que se viven momentos muy convulsos. Los inversores están reconsiderando sus operaciones porque no les están resultando tan rentables como esperaban, y se están fijando más en otros sectores como la Defensa. En Europa, se ha regulado primero sin que esté bien definido qué se entiende por sostenible. Es lógico que se haga una revisión», expone Juan Prieto, fundador de Corporance Asesores de Voto y experto en ESG.

Las propuestas presentadas por la comisión han generado un intenso debate entre aquellos que las defienden por su mayor flexibilidad normativa y los que advierten de que pueden suponer un retroceso en los compromisos en materia de sostenibilidad. Andrés Ferrer, CEO de la consultora especializada Omawa, considera que, si bien la simplificación siempre es una buena noticia, el nuevo reglamento, al "sacar" al 80% de las empresas, elimina la ambición europea en materia de sostenibilidad y envía un mensaje contradictorio, ya que, desde 2018, venía trabajando en una línea que ahora cambia. «Es cierto que la CSRD imponía una carga a veces innecesaria para las empresas, pero el hecho de que ya no sea obligatoria para la mayor parte del tejido empresarial europeo hará que muchas empresas simplemente no la apliquen. Esto supone un cambio relevante en la estrategia de sostenibilidad de la UE y puede comprometer el objetivo ‘‘net zero”», sostiene el experto.

Otras novedades

El reglamento ómnibus presentado el pasado miércoles no solo introduce modificaciones en lo que respecta a la CSRD, sino que también afecta a la Diligencia Debida en Sostenibilidad, cuya entrada en vigor se pospone un año, hasta 2027. Además, se limita su aplicación únicamente a proveedores directos, eliminando la debida diligencia a lo largo de toda la cadena de valor. Por su parte, la frecuencia de las evaluaciones se reduce y será obligatoria cada cinco años en lugar de anualmente. A esto se suman sanciones más suaves, ya que se suprimirán referencias a multas basadas en el volumen de facturación global, y se eliminará la responsabilidad civil.

En el caso de la taxonomía, el reporte también se vuelve opcional para la mayoría de las compañías. Solo aquellas con más de 1.000 empleados estarán obligadas a informar, y se introduce la posibilidad de un reporte de alineación parcial.

Las novedades en cuanto a CBAM incluyen la introducción de un umbral de exención para importadores de hasta 50 toneladas y la simplificación de los requisitos de seguimiento de emisiones. En este caso, su implementación igualmente se retrasa hasta 2027 en lugar de 2026.

Aunque todavía faltan meses para que el reglamento ómnibus acabe siendo una nueva directiva, y hay posibilidades de modificación, el Comité de la Autoridad Europea (ESMA) ya ha comenzado a trabajar con esta «simplificación» para revisar los nuevos criterios que se aplicarán a las empresas a la hora de reportar información, aunque las grandes compañías ya lo están aplicando.

Este cambio de rumbo se puede atribuir a la presión ejercida por algunos Estados miembros, principalmente Alemania y Francia, que han instado a la Comisión a replantear la regulación debido a su posible impacto en el crecimiento económico, así como a las preocupaciones manifestadas por algunos sectores industriales y empresariales. Estos actores argumentan que la aplicación del reglamento tal y como estaba planteado podría generar una carga administrativa excesiva y afectar la competitividad de las empresas europeas en un contexto de desaceleración económica y de importantes desafíos globales.

Postureo

Frente a la postura de Francia y Alemania, ha surgido la de España. La pasada semana solicitó a Bruselas, mediante una carta enviada por la ministra para Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, que no retrocediera en las obligaciones exigidas a las empresas en materia de sostenibilidad. Sin embargo, el compromiso exhibido por el Gobierno en materia de sostenibilidad resulta algo incoherente con sus actuaciones. Y es que ni siquiera ha transpuesto aún la CSRD, a pesar de ser de obligado cumplimiento. Los Estados miembros tenían de plazo hasta el 6 de julio de 2024 para incorporarla a sus ordenamientos jurídicos. Sin embargo, España, siete meses después de este límite, aún no ha aprobado el Proyecto de Ley de Información Empresarial sobre Sostenibilidad, que adaptaría la CSRD, motivo por el que las autoridades europeas han abierto a España un expediente sancionador.

Al no estar transpuesta la directiva, la CNMV y el Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas (ICAC) tuvieron que emitir el pasado mes de diciembre un comunicado conjunto recomendando a las empresas que preparasen sus informes de sostenibilidad de acuerdo con la CSRD y los estándares europeos de información.

Pero el Gobierno tampoco ha desarrollado mediante los reglamentos correspondientes la Ley de Cambio Climático y Transición Energética de 2021. En su disposición final tercera, establece que el Ejecutivo debía aprobar, en el plazo de un año desde la entrada en vigor de la ley, un real decreto que regulara el marco estratégico de energía y clima, cosa que no ha hecho hasta la fecha, afectando así a la implementación efectiva de las medidas necesarias para avanzar en el proceso de descarbonización. A esta inacción puede responder el hecho de que España no esté reduciendo las emisiones de CO₂ al ritmo que debería para alcanzar los objetivos de descarbonización. Según el Observatorio de la Sostenibilidad, nuestro país debería recortar sus emisiones en un 7% anual de forma sostenida. Frente a ello, España no solo no redujo las emisiones el año pasado, sino que aumentaron un 1% en relación con el año anterior.

Brújula de la competitividad

Esta revisión se enmarca en la recientemente anunciada estrategia europea «Competitiveness Compass» (Brújula de la competitividad), que pretende integrar políticas que combinen la descarbonización con el crecimiento. Dentro de la misma se encuadra el Pacto Industrial Limpio, que también fue presentado esta semana. Una iniciativa encaminada a revitalizar la industria europea mediante la promoción de la energía limpia y asequible. Planteado como una extensión del Pacto Verde Europeo, no obstante, sigue una hoja de ruta diferente, ya que se centra en acelerar la descarbonización de la industria europea en el ámbito de las energías limpias, que no tienen por qué ser necesariamente verdes. Y es que la energía limpia es aquella que no genera contaminación o emisiones significativas durante su producción o uso, y no necesariamente tiene que provenir de fuentes renovables, como sí sucede con la verde. El plan busca equilibrar los objetivos de descarbonización con la competitividad global frente a economías como Estados Unidos y China, donde los costes energéticos son sensiblemente más bajos que en Europa.

El Informe Draghi ya advertía la creciente pérdida de competitividad de la UE, especialmente con respecto a sus dos grandes «rivales» económicos. Y es que, en las últimas décadas, en particular desde la crisis financiera, el crecimiento de la UE ha sido reducido en comparación con las otras grandes potencias. En 2023, la diferencia con EE UU de PIB real ajustado por paridad de poder adquisitivo se situó en un -12%, frente al 4% veinte años antes. En el mismo periodo, China se ha acercado a gran velocidad al nivel de vida de Europa. En el plano agregado, el tejido productivo europeo tiene dificultades de adaptación a las transformaciones tecnológicas, energéticas y comerciales, tal y como revela un informe de Funcas. La Fundación Civismo también destaca en un reciente análisis la pérdida de peso del Viejo Continente en la economía mundial, que ha pasado de representar en 1980 el 28,6% al 16,7% en la actualidad. Mientras, en Estados Unidos, esta proporción se ha mantenido invariable, representando el 25,4% del PIB global.

Así, la nueva estrategia de la Unión Europea parece centrarse más en la descarbonización que en una visión integral de la sostenibilidad, en lo que es un nuevo enfoque del Pacto Verde Europeo, que ponía mayor énfasis en una transición ecológica equilibrada, considerando tanto aspectos ambientales como sociales y de gobernanza, que ahora pasan a un segundo plano. Sostenible, pero rentable.