Desmembrar Renfe y Aena, entre las exigencias que los nacionalistas catalanes pondrán a Sánchez para pactar

Si Alberto Núñez Feijóo fracasa en su intención de formar Gobierno tras haber ganado las elecciones generales del pasado domingo y Pedro Sánchez trata de reeditar su Ejecutivo de coalición con el apoyo de partidos como ERC y Junts per Catalunya, sobre la mesa de negociación se va a encontrar, entre otras reivindicaciones, dos de gran calado que tienen que ver con importantes infraestructuras: aeropuertos y ferrocarriles. Porque tanto una como otra formación secesionista aspiran a conseguir el control tanto del servicio de Cercanías catalanas, Rodalíes, como del principal aeropuerto de esta comunidad autónoma, Barcelona-El Prat.

La gestión integral de Rodalies es una vieja aspiración de los partidos secesionistas catalanes. En la actualidad, el Ejecutivo catalán se encarga de organizar cuestiones como los horarios y las tarifas. Sin embargo, el servicio es explotado por Renfe. Lo que ambas formaciones quieren es que el Estado traspase también todos los activos a la Generalitat, lo que incluiría el material rodante, personal e infraestructuras; para asumir de forma integral su control a través de Ferrocarrils de la Generalitat.

Por el momento, la respuesta del Estado a la petición del Gobierno catalán ha sido un “no” a segregar la parte catalana tanto de Renfe como de Adif, gestor y propietario de las infraestructuras. En el caso de las infraestructuras, fuentes del sector aseguran que, sobre el papel, sería factible su traspaso reformando completamente el modelo ferroviario, que en la Ley del Sector Ferroviario identifica la Red Ferroviaria de Interés General con Adif. Se podría, explican, no darle a Cataluña la titularidad de estas infraestructuras pero sí su gestión, es decir, el control. No obstante, convienen en que, ahora mismo, parece más "política ficción" que otra cosa.

Financiación

Lo que sí se llegó a pactar a finales de 2021 entre el Gobierno y la Generalitat fue traspasar a Cataluña el presupuesto para posibilitar la regularización de la situación contemplada en el Estatuto de Autonomía de Cataluña que permite a la Generalitat establecer un Contrato Programa con Renfe Viajeros para que preste los servicios de Rodalies, ya que si no se formaliza ese Contrato Programa, Renfe no puede sustentar la inversión a realizar en material rodante para modernizar los trenes dedicados a las Cercanías de Cataluña. Sin embargo, desde el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) precisan que no se ha completado porque el Ejecutivo catalán no ha firmado el citado contrato programa.

Aeropuertos

El Prat es el otro gran objeto de deseo en materia de infraestructuras de ambas formaciones. El aeropuerto es el segundo en número de pasajeros tras Barajas y la Generalitat también aspira desde hace años a hacerse con su control. Pero el Estado, por el momento, no ha cedido a las presiones. Desde el Gobierno no han mostrado por el momento predisposición alguna a romper el modelo en red con el que opera Aena y del que El Prat, que se considera un aeropuerto de interés general, es pieza clave. Los beneficios que se obtienen en este aeródromo y el de Madrid, los más importantes del sistema, sirven en gran medida para enjugar las pérdidas que sufren otros más pequeños pero que se mantienen para garantizar la conectividad de territorios y alimentar también estos dos "hubs". Además, Aena debe medir cada paso que da porque el 49% de su capital está en manos privadas y cotiza también en bolsa.

Junto a El Prat, Junts también plantea en su programa electoral el traspaso de los aeropuertos de Gerona, Reus y Sabadell. Además, en materia de infraestructuras reclama igualmente el traspaso de los puertos de Barcelona y Tarragona, en manos ahora de Puertos del Estado. Además, la formación de Carlos Puigdemont también pide que el Estado invierta en Cataluña el equivalente al peso de esta región en el PIB, un 19% frente al 12% actual, y destinar parte de este dinero precisamente a la mejora de estas infraestructuras.

Al margen de más dinero y gestión de infraestructuras, Junts también alega que que Cataluña está infrafinanciada en 20.000 millones de euros por el Estado. motivo por el que reclaman la condonación de 75.000 millones de euros de deuda correspondiente al Fondo de Liquidez Autonómica, así como la, a su juicio, deuda que mantiene el Estado correspondiente al periodo 2008-2013 por presupuestos no ejecutados y que ascendería, según la formación, a 3.710 millones de euros.