Durante décadas, el éxito económico de Alemania se ha sustentado en una potente industria exportadora altamente competitiva. Esa competitividad descansaba, entre otros factores, en unos costes energéticos reducidos que permitían a las empresas alemanas producir bienes de alta calidad a precios razonables. Pero ese modelo está hoy en ruinas. Y no sólo por la presión externa de países como China —capaces de replicar productos alemanes a menor coste—, sino por el suicidio económico deliberado que ha cometido la propia clase política germana.

La piedra angular de este desmantelamiento ha sido el encarecimiento sistemático de la energía. En las dos últimas décadas, el precio de la electricidad industrial se ha duplicado nominalmente, y se ha incrementado un 50% en términos reales. Y no hablamos de una fatalidad procedente del mercado: ha sido consecuencia directa de decisiones políticas como el apagón nuclear o la interrupción de las importaciones de gas ruso. Medidas todas ellas orientadas a impulsar una electrificación forzada y geopolíticamente teledirigida de la industria teutona.

El resultado es una industria alemana cada vez menos competitiva, atrapada entre precios energéticos artificialmente elevados y una regulación ambiental cada vez más restrictiva. ¿Y cómo responde el nuevo canciller Friedrich Merz a este desastre que su propio gremio político ha generado? No con reformas estructurales ni con un cambio de rumbo, sino con más gasto público: 4.000 millones de euros en subsidios para las industrias electrointensivas, con el fin de cubrirles la mitad de su factura eléctrica durante tres años. Es decir, socializar el coste del desastre regulatorio que ellos mismos han provocado.

Como bien advirtió Ludwig von Mises, el intervencionismo estatal tiende a degenerar en un círculo vicioso: se regula, se dañan los incentivos y los precios, y cuando emergen las consecuencias de ese daño, en lugar de desregular, se subsidia, se parchea y se multiplica el problema.

La economía alemana lleva siete años estancada, y lo peor es que este modelo de autodestrucción energética no se limita a Berlín. Es el mismo patrón intervencionista que se está replicando, corregido y aumentado, desde las instituciones europeas. Es decir, que se nos está aplicando también a nosotros.