El fiscal rechaza que se rebaje la «moderada» fianza a Díaz Ferrán

Ni desproporcionada ni estratosférica. La fianza de 30 millones impuesta por el juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco a Gerardo Díaz Ferrán es «incluso moderada». Eso es lo que piensa la Fiscalía, que rechaza la pretensión del ex presidente de Marsans –investigado por alzamiento de bienes e insolvencia punible, estafa procesal, falsedad documental y blanqueo de capitales– de que se reduzca su cuantía.

Un mes después de que Díaz Ferrán ingresara en prisión, el fiscal Daniel Campos sigue pensando que, si es puesto en libertad, existe «riesgo concreto» de que se fugue, por lo que pide al tribunal de la Sala de lo Penal que debe resolver su recurso de apelación que lo desestime y confirme la resolución del instructor y la cuantía de la referida fianza.

En el escrito remitido a la instancia superior al magistrado –al que ha tenido acceso LA RAZÓN–, el fiscal defiende los argumentos expuestos por el juez Velasco para acordar la prisión provisional de Díaz Ferrán, eludible con el pago de una fianza de 30 millones de euros. Según Campos, esa resolución del pasado 5 de diciembre describe «de forma exquisita» tanto las razones para adoptar la medida como la finalidad que se perseguía al imponerla (Velasco hacía referencia a la gravedad de los delitos que se le imputan y al riesgo de fuga existente).

La Fiscalía sostiene que, además del pormenorizado relato de los hechos efectuado por el instructor y de la abundante documentación incautada a la supuesta trama, los propios imputados (Díaz Ferrán incluido), en sus declaraciones policiales y ante el juez, «reconocieron aunque fuera parcialmente los actos de disposición de bienes en fraude de los acreedores» de Marsans. Y recuerda, además, que los hechos que se le imputan podrían ser calificados como insolvencia punible (que lleva aparejada una pena de hasta seis años de prisión) en concurso con un delito de blanqueo.

El riesgo de fuga, determinante

Pero el argumento definitivo del fiscal Campos para oponerse a las pretensiones de Díaz Ferrán (que recurrió su auto de prisión directamente ante la Sala sin hacerlo antes ante el juez instructor, como hizo el resto de los imputados) es el riesgo de fuga. Según el Ministerio Público, la investigación ha puesto de manifiesto hasta el momento «una dinámica» de la trama «tendente a situar sus intereses fuera de nuestras fronteras», lo que acentúa el riesgo de que Díaz Ferrán pueda abandonar el territorio nacional «eludiendo las responsabilidades penales pendientes en España». Todo ello, junto al hecho de que el imputado «haya actuado concertadamente con otras personas de forma organizada para la comisión de hechos delictivos o realice sus actividades delictivas con habitualidad», puede ser, añade, «determinante» para mantenerle en prisión sin rebajar la fianza impuesta por el juez instructor.

Y aunque el fiscal reconoce que 30 millones de euros es una cantidad «muy elevada e inaccesible para el común de las personas», no resulta –insiste– «en absoluto» desproporcionada si se tienen en cuenta los recursos económicos de Díaz Ferrán y el «lucro obtenido» mediante la supuesta comisión de los delitos que se le imputan. Atendiendo a la naturaleza del delito y a las ganancias de él procedentes», así como a la situación económica del recurrente y a su «interés y capacidad» para eludir la acción de la Justicia, esa cuantía «podría resultar incluso moderada», concluye. Por estos motivos, el fiscal Campos pide a la Sala que desestime el recurso de Díaz Ferrán y confirme el auto de prisión.