El FROB no prevé más ayudas a las nacionalizadas para el pago de preferentes

El presidente del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB), Fernando Restoy, ha asegurado hoy que esta entidad no prevé dar nuevas ayudas públicas a los bancos nacionalizados para costear la devolución de preferentes que deban afrontar por los procesos de arbitraje.

Restoy ha comparecido a puerta cerrada en la subcomisión de reestructuración bancaria y saneamiento financiero del Congreso para informar sobre los avances del FROB en la reestructuración financiera y posteriormente ha remitido a los medios de comunicación su intervención.

El presidente del FROB ha explicado que el coste de los arbitrajes "deberá ser cubierto por las propias entidades a partir de los beneficios generados y del ahorro de capital regulatorio derivado del proceso de reducción de tamaño que prevén los planes de resolución o reestructuración".

El 17 de abril, la Comisión parlamentaria de seguimiento de participaciones preferentes estableció los criterios para que los clientes que adquirieron productos híbridos -participaciones preferentes o deuda subordinada- de alguna de las entidades nacionalizadas (Bankia, NCG y CatalunyaBanc) puedan acceder a un proceso de arbitraje que les permitiría recuperar el total de su inversión en estos productos.

Estas devoluciones son las que deberán costear las entidades con fondos propios, según el FROB.

Previamente al proceso de arbitraje, los clientes de las tres entidades sufrirán una quita mediante un canje del este producto por acciones.

Por otra parte, el presidente del FROB ha afirmado que el Fondo no prevé realizar nuevas emisiones de deuda en el futuro inmediato, puesto que cuenta con una "holgada"posición de liquidez para hacer frente a los vencimientos de emisiones anteriores.

Restoy ha explicado que la posición de tesorería no comprometida por el FROB ascendía a finales de marzo a 11.018 millones de euros, de los cuales 4.650 millones se encuentran depositados en forma de efectivo en el Banco de España y 6.368 millones en la cartera de deuda pública disponible para la venta.