Mario Conde ni siquiera declaró por IRPF en 2013 y 2014

El juez rechaza su aval hipotecario y le exige que pague en efectivo los 300.000 euros de fianza

Mario Conde no podrá salir de la cárcel con la garantía hipotecaria sobre cuatro fincas en Corralejo (Fuerteventura) que aportaron dos amigos suyos, Jaime y José Ángel Alonso García, directivos de la Fundación Francisco Franco. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz rechazó ayer la fianza aportada al considerarla insuficiente e insta al ex presidente de Banesto a consignar los 300.000 euros de la caución en efectivo o mediante aval bancario si quiere abandonar la cárcel.

La Fiscalía Anticorrupción solicitó al magistrado que no admitiera ese aval hipotecario y defendió que Conde «tiene recursos económicos desconocidos todavía por el juzgado». Además, la fiscal Elena Lorente esgrimió el comportamiento del ex banquero con la Administración Tributaria, a la que adeuda diez millones de euros, llegando incluso a no presentar declaración del IRPF en los ejercicios 2013 y 2014.

Pedraz desconfía de la tasación remitida a la Audiencia por los dos fiadores, que cifra el valor de las cuatro fincas en 610.818 euros, que «casualmente», dice la Fiscalía, cumpliría las exigencias de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de que el valor de los bienes hipotecados sea el doble del importe de la fianza. Se trata, recalca, de una tasación «de parte» realizada, además, sin «inspección ocular» de esas propiedades. Y para acreditar la propiedad, los fiadores de Conde aportaron notas simples del Registro, con valor puramente informativo, y no certificaciones literales, apreciando la fiscal y el juez, incluso, «divergencias» entre las inscripciones registrales y las parcelas catastrales.

Aunque esos reparos podrían solventarse con una tasación pericial judicial, Pedraz zanja la cuestión al descartar la garantía hipotecaria de la fianza y exigir «aval bancario o dinero en efectivo» con el objetivo de asegurar que Conde «no se va a sustraer a la acción de la Justicia». De esta forma, argumenta, se opta por un procedimiento más «efectivo y rápido» que, además, sirve para «conminar» de forma más efectiva a Conde a no darse a la fuga. Y es que en ese caso sus fiadores «podrían perder de inmediato el dinero» aportado como aval.

En el escrito en el que se opone a la admisión del aval, Anticorrupción recordaba al juez que el ex presidente de Banesto «ha impedido la ejecución de los comisos» acordados en 2002 en la sentencia del «caso Banesto», «realizando presuntas maniobras torticeras precisamente con varias de las fincas decomisadas».

Entre éstas hace referencia a que Conde se sirvió de terceros para constituir en 2008 una hipoteca sobre la finca «Los melonares» (Sevilla) por importe de 3,8 millones de euros, «una evidente y muy notoria carga sobre el inmueble que hace inoperante la ejecución judicial del comiso». Pero, por si fuera poco, la Fiscalía comprobó a posteriori que la tasación judicial efectuada a la finca en marzo de 2012 concluye que el valor de la misma es de casi 3,2 millones de euros, «una cantidad inferior a la hipoteca constituida».

Asimismo, las fincas de Can Poleta (Mallorca), también decomisadas, fueron puestas a nombre de una sociedad luxemburguesa, GI Beteiligung, «con la evidente y presunta intención de impedir» la ejecución del decomiso.

Anticorrupción cree que Conde tiene medios suficientes para hacer frente al importe de la fianza, pues en su domicilio de la calle Triana (Madrid) se encontraron «diversos certificados de obras de arte». Además, añade, dispone de «cuentas y recursos económicos en el extranjero».

La fiscal Lorente cree que la garantía hipotecaria de los amigos de Conde obligaría a la Audiencia a realizar «un control constante y férreo» sobre cualquier posible cambio de titularidad de esas fincas, un contratiempo teniendo en cuenta que la investigación no va a concluir «ni de lejos de modo inminente». Por tanto, insta a los fiadores del ex banquero a obtener con esas garantías «el aval de una solvente entidad bancaria».

Un avalista era su socio

Por otro lado, se da la circunstancia de que al menos uno de los dos avalistas es también accionista de una de las sociedades de Mario Conde, en concreto, de «Los carrizos de Castilblanco, S.A.», en la que se incluye una finca radicada en Sevilla de más de 4.000 hectáreas. Así, según constata la Fiscalía Anticorrupción, José Ángel Alonso es titular del 6,28 por ciento de las acciones de esa sociedad; mientras que «un tal Francisco Jaime García lo es en un 18,42 por ciento» de la misma. Por ello, ha solicitado que se pida a la Guardia Civil un dictamen para saber si en algún informe preliminar «ha sido encontrado algún documento que relacione» a los dos citados anteriormente, o a algunos de ellos, con Mario Conde «o con algunos de sus más próximos familiares o allegados».

Junto a ello, reclama a la Guardia Civil que le informe si los certificados correspondientes a los cuadros encontrados en el registros se corresponden con los que tenía Conde en su vivienda.

De Pablo Picasso a Juan de Ávalos

La familia de Mario Conde tenía al parecer una gran afición por las obras de arte. Al menos, así se desprende de lo incautado en el registro de su domicilio, en la madrileña calle Triana. Así, en sus paredes tenía colgado un cuadro del malagueño Pablo Picasso (en la imagen), así como un documento con el significativo título «Colección MC de carteles de Picaso». También se encontró un documento del Museo del Prado en el que se solicita que se le preste una obra de Joaquín Sorolla. Junto a ello, sendos certificados de autenticidad de dos esculturas de Juan de Ávalos: «La vendimia» y «La mujer sentada», además de un documento en el que Alejandra Conde cedía a una galería de arte el cuadro de Antoni Tàpies «Composición blanca» para su venta.