Cuando el poder público entra en el juego de la empresa privada, las cosas empiezan a funcionar mal. Esta es la premisa sobre la que ha girado el Desayuno para los Negocios organizado por el Ilustre Colegio de Gestores Administrativos de Madrid (ICOGAM), la Confederación Española de Pequeñas y Medianas Empresas (CEPYME) y The Objective.

El evento, en el que han participado Gerardo Cuerva, presidente de CEPYME, y Fernando Santiago Ollero, presidente del ICOGAM, ha estado moderado por Álvaro Nieto, director de The Objective, y ha servido como altavoz para que los directivos de CEPYME e ICOGAM hicieran un interesante y cercano análisis de la actualidad económica.

Si bien los datos macroeconómicos sitúan a España a la cabeza del crecimiento en la Unión Europea, la realidad de las empresas es bien distinta. Como explicó Fernnando Santiago Ollero, el barómetro de los Gestores Administrativos refleja que «este año 70.000 empresas echarán el cierre». Un dato demoledor, pues significa que, cada día, 190 empresas cerrarán. La causa está bien clara. Como explica Gerardo Cuerva, «crecemos más que la media de la Unión Europea, pero a costa de aumentar el déficit público, lo que supone un endeudamiento para las generaciones futuras».

El 96% de las empresas de nuestro país se compone de pymes o autónomos, y su realidad dista mucho de la que ofrecen los titulares de Moncloa. «En cuatro años se ha aumentado un 25% los costes, pero las ventas no crecen a la misma velocidad», destacó Cuerva. Esta situación va en detrimento de la productividad de las empresas.

Por eso, la situación es grave. «Vivimos un momento de máxima recaudación, sin embargo, no se ve reflejada en una relajación de la presión fiscal», explicaba cuerva.

Además, medidas como la subida del SMI y la reducción de la jornada laboral no hacen más que agravarla situación, pues «solo se busca añadir un nuevo foco de ingreso tributario, más que ayudar al ciudadano con un aumento salarial», explicó Fernando Santiago Ollero.

SMI y reducción de jornada

Efectivamente, «es deseable que los trabajadores perciban más salario, pero ese aumento no puede venir de otro lado que no sea la mayor eficiencia y productividad de las empresas. Y en la situación actual, esta productividad se encuentra en mínimos históricos. La causa está clara: cada vez hay más intervencionismo del poder público en la empresa privada.

Coincidiendo con esta tesis, Cuerva explicó que «cuando el gobierno decide por decreto reducir la jornada laboral, está echando por tierra el trabajo de las más de las 4.500 mesas de negociación que existen entre sindicatos y empresarios en todo el país, que llevan 45 años trabajando en beneficio de empresarios y trabajadores». Estas mesas, perfectas conocedoras de las pequeñas particularidades de su región y sectores, son quienes deben negociar si es bueno o no esa reducción de jornada, atendiendo siempre a los representantes de las partes interesadas, «como está contemplado en nuestra Constitución», comentaba Cuerva.

Fernando Santiago coincidía con esta idea, y declaró que «el gran problema del gobierno es que ni conoce ni escucha la realidad de las pymes». De hecho, para Gerardo Cuerva, la principal labor de un gobierno debe ser gestionar, no legislar, pero aún vivimos en una época donde los partidos políticos utilizan como argumento electoral el número de normas aprobadas por su anterior mandato, cifradas en «414.272, solo las que hacen referencia a la actividad empresarial», acotó Fernado Santiago.

Economía sumergida

Para el presidente de CEPYME, que ve a España como líder europeo en aplicar legislaciones cuanto más restrictivas mejor, «es mucho más lógico bajar un poco el listón, enseñar a superarlo que subirlo al máximo y hacer más fácil colarse por debajo».

Por eso, ve la subida del SMI como una medida política, y no social, pues debe ser reflejo de la calidad de las empresas. «Si el SMI, que está basado en la productividad de las empresas, no es suficiente para un trabajador, entonces es ahí cuando deben entrar en juego las políticas sociales que ayuden a las personasy sus familias a salir adelante».

Por eso el presidente de las pymes pide una generación de gobernantes que apuesten verdaderamente por un pacto de Estado con vigencia para los próximos 40 o 50 años. De otra manera, será imposible mantener nuestra economía llegado ese momento.

Mano de obra

La productividad de las empresas españolas roza mínimos históricos, por lo que no es de extrañar que la mano de obra brille por su ausencia. Los ponentes se preguntaban «por qué hoy tenemos los mismos índices de absentismo que durante la pandemia». Los números oficiales de empleo, sin embargo, sitúan a España como el cohete que tira de Europa. Cuerva destacó que, desde hace dos años, piden al gobierno de manera continua que ofrezca los datos de trabajadores fijos discontinuos sin obtener respuesta. CEPYME cifra esta cantidad en más de 700.000 trabajadores.

La realidad empresarial, la que toma el pulso de la economía real, del bienestar de los trabajadores y de sus familias, de las necesidades que atraviesan y de las oportunidades de las que disfrutan es bien distinta. «Aunque hemos mantenido el tipo gracias a los fondos europeos, al turismo y a la inversión, la realidad es que el PIB per cápita es similar a los niveles de 2008», explicó Cuerva. Sin embargo, el mercado avanza, los precios suben y los salarios, en el mejor de los casos, se mantienen. De esta manera no se puede mantener un sistema que, «como el cáncer, está invadiendo el cuerpo entero, y si no se detecta y se trata a tiempo, acabará matándolo», aseguró Fernando Santiago en una acertada aunque no agradable comparación.

Durante el evento, celebrado en la Fundación Ortega- Marañón de Madrid, quedaron muchos temas en el tintero, pero la foto es clara. La situación que unos presentan como perfecta y en pleno progreso es en realidad el crudo día a día de empresarios y trabajadores que, con esfuerzo, a duras penas logran mantenerse con la cabeza fuera del agua. Otros muchos, 190 cada día, 70.000 al año, no logran mantenerse a flote y deben echar el cierre a proyectos necesarios para la sociedad, pero que han sido condenados a quedarse en el cajón por una excesiva presión fiscal, medidas incongruentes alejadas de la realidad y una falta real de talento para llevarlos a cabo.