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César Lumbreras

España llega a Bruselas sin una posición clara para reformar la PAC

El sector pide que se aclare la figura del «agricultor genuino»

Luis Planas, ministro de Agricultura
Luis Planas, ministro de Agriculturalarazon

El sector pide que se aclare la figura del «agricultor genuino».

Luis Planas acude hoy a Bruselas para participar en la reunión del Consejo Agrícola de la UE en el que se negocia la PAC que se aplicará en el futuro (en teoría, a partir de 2021, pero lo más probable es que sea en 2023), sin haber cerrado previamente un acuerdo con las Comunidades Autónomas sobre la posición que debe defender la delegación española.

Precisamente, la semana pasada, durante el encuentro del Consejo Consultivo, varios consejeros socialistas, como los de Castilla- La Mancha y Aragón (en octubre lo hizo la de Castilla y León) pidieron al ministro que se impulsen las negociaciones sobre las llamadas cuestiones políticas que se están discutiendo en la capital comunitaria, entre las que figuran la definición de «agricultor genuino», que es el que tendrá derecho a recibir las ayudas de la PAC, el debate sobre los derechos históricos y la convergencia de las ayudas y los topes para el dinero que se podrá recibir en concepto de ayudas en cada una de las explotaciones.

Mientras tanto, en la reunión del Consejo Agrícola que tiene lugar hoy en Bruselas los debates van a girar en torno la Organización Común de Mercado (OCM) Única y al llamado reglamento horizontal. Las delegaciones de los Estados deberán responder si consideran que los instrumentos de mercado disponibles actualmente son suficientes y si la nueva evaluación anual de los mercados permitirá una gestión más eficaz de la PAC.

En octubre se abordó la propuesta que presentó la Comisión Europea sobre los planes estratégicos. En la reunión del Consejo Consultivo, compuesto por representantes del Ministerio y de las autonomías, el consejero de Castilla-La Mancha, Francisco Martínez Arroyo, manifestó que es necesario concretar qué es un «agricultor genuino» y determinar si España va a defender que se mantenga el modelo de ayudas basado en los derechos históricos o, por el contrario, opta por la convergencia en los importes de las misma, que defienden desde su comunidad.