Esther Arizmendi: «Nos han preguntado hasta por los cambios de sexo entre los presos»

En un país al que la corrupción ha hecho tanto daño, hablar de transparencia provocaba entre los ciudadanos una extraña mezcla de risa e indignación hace apenas doce meses. Para eso se creó el Consejo de Transparencia y Buen Gobierno que preside Esther Arizmendi, que presume de que ese escepticismo inicial se ha transformado en preguntas, respuestas y resoluciones. En sólo unos días, el organismo celebrará su primer aniversario.

–¿Cuál es el Ministerio más transparente?

–Seguramente estará entre aquellos que más preguntas tienen. Los ministerios que más esfuerzo hacen por responder a las dudas de los ciudadanos son los inversores, los que tienen un presupuesto importante: Hacienda y Administraciones Públicas, Industria y Fomento.

–¿Y la institución más opaca?

–No suele haber resistencia a dar información en la Administración. En Presidencia hay una oficina en la que confluyen todas unidades de información. El éxito es la consecuencia del gran esfuerzo que se hizo, en el cual más de 2.000 empleados públicos han sido instruidos en transparencia y en la forma de hacer transparente esa información.

–¿Cuál es la solicitud de información más extraña que ha recibido el Consejo?

–Unas monjitas nos preguntaron si tenían que dar acceso a la información de sus presupuestos, lo que gastaban en hacer sus bollos y dulces. Nos pareció muy tierno. Hay algunas que tienen que ver con cuestiones más complejas, nos han preguntado cuántos cambios de sexo ha habido entre los presos españoles. También se han interesado por lo que ha gastado en Eurovisión TVE, una cuestión que aún no tiene respuesta.

–¿Qué país toma como modelo?

–No nos podemos parecer mucho a países como Suecia, que lleva 250 años con su modelo. La transparencia allí no es una ley, sino una forma de actuar. Lo ideal sería que fuera un deber. Estamos lejos de estas culturas, los ciudadanos tienen que saber que los datos y la información son suyos y que quien pregunta obtiene respuestas. Contribuirá a prevenir la corrupción.

–¿Qué tal en el Congreso?

–Me gusta ir al Parlamento, también recibo retornos. Mi comparecencia de septiembre duró tres horas y fue muy detallada, y me traje algunos «deberes» y sugerencias interesantes de los diputados. Me propusieron que los partidos políticos recibieran información puntual para cumplir la Ley de Transparencia.

–¿Qué otros «deberes» le pusieron?

–Me dijeron que cuando hubiera calado un poco más tratara de dar normas homogéneas para que la transparencia fuera muy comparativa y que colaboráramos más con todos los que trabajan en estos temas, como las ONG y las universidades. Ya lo habíamos pensado, tenemos convenios y colaboramos con ellas. Me dieron muchos ánimos, me dijeron que no hay vuelta atrás y que vamos a llegar muy alto. Hemos tardado diez legislaturas en aprobar esta ley, con lo cual, todo este retraso hay que recuperarlo.

–¿Existe riesgo para el futuro del Consejo de Transparencia en caso de que cambie el Gobierno?

–De ninguna manera. En esta etapa electoral la transparencia tendrá un papel muy relevante y va a ser el «leitmotiv» de los programas de todos los partidos.

–A punto de cumplir un año, ¿qué tarea considera que queda pendiente?

–Es pronto para modificar la ley, pero ya empieza a mostrar algunas oportunidades de mejora. Tanto en el acceso de los ciudadanos a la información como en el Consejo, que no tiene capacidad sancionadora.

–¿Qué se puede hacer para que no se repitan casos como la ocultación de déficit por parte de la Comunidad Valenciana?

–Las comunidades tienen sus propias leyes y, concretamente, la Valenciana va a tener su propio consejo. La primera lucha es que las cuentas tienen que estar en publicidad activa. Van a rendir cuentas ante los ciudadanos, que van a poder ver las cuentas publicadas en las webs.

–A nivel local, con más de 8.000 ayuntamientos y diputaciones, ¿qué se puede hacer?

–Como se ha dilatado tanto la entrada en vigor de la ley, dos años después de su aprobación, algunos lo han dejado todo para el último momento y se han visto sorprendidos. Muchos ayuntamientos se acercan para pedirme ayuda, los pequeños van a tener muchas dificultades para cumplir la ley. Los grandes van más adelantados, pero yo creo que hay que echarles una mano. El ciudadano no puede teclear y buscar transparencia y respuestas y encontrar que hay «la nada» cuando hay una ley en vigor. Pierden la confianza.

–¿Qué balance hace del primer año?

–Estamos muy contentos, principalmente porque hemos puesto en pie el organismo, que tenía que ser con coste cero. Nos hemos esforzado mucho para tener una sede, una plantilla, una organización, los dispositivos para que todo funcione, el orden interno, las redes sociales, la página web... Todo el esfuerzo de los últimos meses ha tenido bastantes momentos de dificultad, pero hoy actúa al 100% de su capacidad, ha establecido todas las alianzas con los distintos departamentos de la Administración, ONG y representantes de la ciudadanía. No estamos solos. Hemos tenido 700 consultas y hemos resuelto 344 reclamaciones, de las que más de la mitad dan la razón a los ciudadanos.

–¿Existe la posibilidad de que el Consejo se financie de forma autónoma?

–Nos han ofrecido alianzas de colaboración público-privada. De momento, en esta primera fase queremos ser muy puros, con el dinero de todos, trabajando para todos. En la esencia del Consejo queremos ser austeros, públicos, y no casarnos con nadie.

El lector

«Cada mañana, leoLA RAZÓN junto al resto de periódicos nacionales para contrastar los distintos puntos de vista. Además, sigo todo lo que se publica relacionado con la transparencia», afirma Arizmendi, licenciada en Derecho y con una carrera de casi 35 años en la Administración. Para un alto cargo del Estado que lleva toda su vida ligada al sector público, que le pregunten por los sueldos de los diputados podría ser un asunto menor. No obstante, apunta que «cada vez las preguntas de los ciudadanos tienen una mayor enjundia».