Fedea avisa: el déficit estructural de las comunidades autónomas es el peor de la historia

El saldo estructural ajustado de las comunidades autónomas registró en el periodo 2022-2023 un deterioro sustancial de 1,1 puntos del PIB, lo que ha conseguido "el triste récord de convertirse en el peor de la serie histórica, si salvamos el excepcional 2020 del inicio de la pandemia". Alto y claro han constatado los analistas de Fedea este descuadre financiero, que tras los ajustes realizados en este periodo, el balance estructural de las comunidades marcó un 0,2% del PIB en 2022 y un -0,9% en 2023, con el resultado de una pérdida de 1,1 puntos del PIB en el en el último año.

En su estudio "El saldo estructural de las comunidades autónomas 2022-2023", Manuel Díaz, Carmen Marín y Diego Martínez advierten de que es necesario que en el corto plazo se realicen los ajustes fiscales necesarios para alcanzar los objetivos de la nueva gobernanza económica europea, porque la "existencia de un notable déficit público estructural constituye un reto para los Ejecutivos autonómicos", de lo que duda que puedan lograr las metas exigidas. Por ello, reclaman al Gobierno que se inicie "de una vez por todas una reforma del sistema de financiación autonómica que corrija sus principales limitaciones y lo alinee con un nuevo marco de gobernanza fiscal de ámbito nacional", y a los ejecutivos regionales que "adopten políticas fiscales prudentes, tanto en términos de gasto como de ingresos, especialmente ante la restauración de las reglas fiscales". En definitiva, urge a aprobar una reforma de la financiación autonómica y una fiscalidad "prudente" a los gobiernos regionales.

Justifican estas reclamaciones en que las comunidades autónomas asumieron en 2022 medidas y obligaciones con impacto en el gasto autonómico sobre los próximos ejercicios. "Solo las medidas de gasto en personal previstas por las comunidades tuvieron un efecto cercano a los 700 millones de euros en 2023 e impactos adicionales en torno a los 300 millones en 2024", señala el informe. También señala que estas medidas se concentraron "en la revisión de los complementos de carrera y complementos específicos o de productividad, especialmente en el ámbito educativo y en el sanitario", que como consecuencia provocaron una reducción de ratios en educación, de horas lectivas de los docentes y un "mayor coste estimado" en las cuotas a la Seguridad Social del personal de educación. "Por todo lo anterior, y como ya indicamos el año pasado, pensamos que el saldo estructural estimado para 2022 estaba sesgado al alza y, por tanto, el deterioro de 2023 ya estaba latente en el ejercicio anterior".

En consecuencia a su limitada capacidad económica, pide a las comunidades "eliminar del saldo presupuestario las operaciones no recurrentes". Fede explica que, todos estos ajustes sobre el saldo presupuestario -los ingresos extraordinarios de la compensación de la liquidación negativa de 2020, la compensación por el impacto del cambio del SII del IVA de 2017 sobre la liquidación de 2019 y la parte de la 'Línea covid' de ayudas a las empresas que las regiones no utilizaron y tuvieron que devolver al Estado en 2022-, "obtenemos ese deterioro sustancial de 1,1 puntos del PIB en el último año".

Asimismo, el estudio destaca las "sustanciales" diferencias entre comunidades autónomas ya que, mientras que la Comunidad Valenciana, Murcia y Cataluña fueron las tres regiones que en el año 2023 sufrieron los déficits estructurales más elevados -algo que estaría provocado principalmente por decisiones autonómicas y variables estructurales de gastos e ingresos y no por el ciclo económico-, Asturias (0,2%), Cantabria (0,5%) y Navarra (1,3%) lograron superávits estructurales en 2023. En el caso de la Comunidad Valenciana el saldo estructural supone el -2,2% del PIB, mientras que el de Murcia es del -2% del PIB y el de Cataluña fue de -1,4% en el año 2023. Tras estas comunidades y con saldo estructural negativo se sitúan Andalucía (-1,2%); Castilla-La Mancha y Extremadura (-1%); Castilla y León y Madrid (-0,7%); Baleares (-0,5%); Aragón (-0,4%); La Rioja y País Vasco (-0,3%) y Canarias (-0,2%).

La semana pasada, Fedea ya advirtió que la presión política ejercida por los socios independentistas del Gobierno amenaza la capacidad financiera de las comunidades autónomas. Así, la condición de Junts para que las comunidades autónomas puedan disponer de un tercio del límite total del déficit, si el Gobierno quiere su 'sí' a la senda de estabilidad, restaría unos 12.000 millones de euros en capacidad de gasto a la Administración General del Estado que pasaría a manos de las autonomías. La "contrapropuesta" de Junts aumenta al 0,8% el margen de gasto de las comunidades. En consecuencia, la Administración Central y la Seguridad Social tendrían que repartirse el 1,7% restante.