Fiebre opositora: «No quiero ser rica, quiero hacer una vida normal sin temer que mañana me vayan a echar a la calle»

El camino del opositor es largo, solitario, duro y sin remunerar, pero para la mitad de la población en activo española es preferible a seguir trabajando en el sector privado. Y es que al llegar a la meta, la recompensa que ofrece el sector público, una mejor calidad de vida y estabilidad laboral, pesa más en la balanza que un salario alto. Si sumamos esto al actual contexto inflacionista y de incertidumbre económica, tenemos como resultado que uno de cada dos españoles de entre 18 y 55 años –alrededor de 12 millones de personas– ha opositado o está pensando hacerlo próximamente, según un informe del portal OpositaTest publicado recientemente. De ellos, el 65% lo hace por la estabilidad laboral y el 74% considera que ser funcionario permite tener una mejor calidad de vida que la que ofrecen la mayoría de empleos.

Esta avalancha de opositores que buscan un futuro estable pone en el punto de mira las condiciones laborales del sector privado. Según Jacobo Fariña, responsable de comunicación de OpositaTest, aunque la mitad de los opositores y de los que se plantean opositar tienen trabajo, siguen buscando la estabilidad, «una señal clara de que su contrato no les ofrece seguridad y certeza».

El criterio económico también importa, pero menos, ya que algunos son conscientes de que con el cambio cobrarán menos. Según el informe, el 55% de los opositores aumentarán sus ingresos si consiguen la plaza, pero un 12% indica que con un empleo público cobrará menos y el resto se mantendrá en el mismo nivel. «Así como antes aceptaban trabajados donde el salario era el factor decisivo, ahora influye la conciliación, la flexibilidad, un ambiente adecuado y la tranquilidad de saber que tienen garantizado un futuro», señala Jonathan García, consejero delegado de OpositaTest.

El perfil del opositor medio español es una mujer de entre 36 y 50 años, lo que deja claro que la vía del empleo público en la mayoría de los casos no es el plan A. Mientras que un porcentaje limitado de los opositores salen directos de la carrera y se preparan para el examen, buena parte cuenta con un empleo en el sector privado que no les permite conciliar y cuyo salario no es tan abultado una vez descontados los gastos. «Se critica que la gente quiera opositar en lugar de emprender o trabajar en empresas. Al final es gente que tiene un montón de caminos entre los que escoger y escoge el público porque le ofrece las mejores condiciones a nivel personal y económico. Hay que poner el foco en lo que debe mejorar el sector privado», advierte García.

Pilar, celadora de 55 años, es el ejemplo más representativo de por qué la mitad de los españoles prefiere el empleo público al privado. A los 16 años empezó a trabajar de auxiliar administrativo y tras seis años en la misma empresa, tres con contrato a cargo del padre y otros tres a cargo del hijo, decidieron echarla por ser mujer. «Un día me dijo el padre que ya no podían renovarme el contrato porque era mujer y posiblemente me quedase embarazada en algún momento. Corría el año 1990. No me lo esperaba, lo pasé fatal. Empecé a trabajar en otra empresa y pasó más de lo mismo. Cuando se acababa el contrato no me renovaban, no tenías ningún tipo de derecho», cuenta.

Tras ver lo que le deparaba el sector privado, se sacó el bachillerato a distancia y a los 25 años empezó a opositar a la administración local, pero tras varios exámenes cayéndose en la última fase de la prueba y viendo como los cargos los ocupaban familiares o amigos de políticos locales, decidió pasarse a las oposiciones regionales para trabajar como personal de servicio. «Siempre aprobaba pero me quedaba en bolsa, no conseguía plaza. En 2003 me llamaron para un puesto de celadora y desde entonces siempre he trabajado, a excepción de algún mes al principio», explica. Durante todos esos años, Pilar formó una familia, adquirió una vivienda, se sacó dos grados medios y siguió preparándose las oposiciones hasta que en 2019, 25 años después de su primera oposición, consiguió su plaza de celadora.

La seguridad y la capacidad de conciliar su vida familiar y profesional fueron los principales impulsores para seguir intentándolo. «Vi que siendo funcionaria se cumplían todos mis derechos y seguí opositando. Estoy muy bien y se lo aconsejo a mis hijos. No quiero ser rica, quiero hacer una vida normal sin temer que mañana me vayan a echar a la calle. Aunque ahora las cosas han cambiado y en una empresa no se atreverían a decirte a la cara que te echan por ser mujer y porque puedes llegar a tener hijos, sigue habiendo muchas violaciones de derechos», explica.

La misma opinión comparte Sergio, historiador y geógrafo de 26 años que se presentará este verano a las oposiciones de profesor de secundaria en su comunidad autónoma. En su sector, encontrar salidas laborales ajenas a la enseñanza es complicado y las experiencias que ha vivido trabajando a media jornada en empresas privadas le ayudaron a confirmar que el empleo público era la mejor opción. «El problema no es que la gente no quiera emprender o trabajar para el sector privado, el problema es que las empresas no pagan bien a sus trabajadores, les hacen trabajar horas extra gratuitas, no respetan las vacaciones y muchas más cosas. A medida que aumente la incertidumbre económica, más personas van a querer tener un empleo fijo donde se respeten sus derechos laborales», valora. Como hijo de funcionarios, en casa vio como otra realidad laboral era posible y tras un doble grado, dos másteres y un doctorado en proceso, decidió opositar, aunque no fuese su plan original.

Para Sara, psicóloga de 26 años, opositar tampoco fue la primera opción. «Al principio de la carrera decía que no rotundamente a hacer oposiciones, porque en psicología son complejas, no es un temario cerrado y las plazas son muy reducidas, apenas 230», explica. «Mi última opción era opositar, pero cuando terminé la carrera y vi que la otra alternativa era hacer un máster de dos años que no me aseguraba conseguir un trabajo, decidí encaminarme a la oposición», añade. Sara tiene claros los motivos: «Lo que me depara el futuro en el sector privado es una falta total de estabilidad, mientras que con la oposición tienes esa ventaja y además más formación, ya que durante cuatro años vas rotando por diferentes departamentos y eso te da mucha experiencia en muchas áreas de la psicología en lugar de en una solamente». Por esa razón, ya va por su segundo intento opositando y cree que el sacrificio vale la pena a cambio de conseguir un trabajo seguro.

Las regiones con más y menos opositores

En cuanto al peso de los opositores en cada comunidad autónoma, se sitúan por encima de la media nacional Canarias (44%) y Aragón (42%), donde cuatro de cada 10 personas entre 18 y 55 años oposita o ha opositado, seguidas de Castilla-La Mancha (37%), Castilla y León (33%), Andalucía (32%) y Galicia (31%). En el resto, el número de opositores se sitúa por debajo de la media, y Cataluña es la que menos tiene (17%), seguida de Madrid (23%). Por su parte, el número de personas con intención de opositar ha crecido de 2,9 millones en 2022 a más de 5 millones en 2023, siendo las regiones con mayor repunte Madrid, Baleares, Cataluña, Castilla y León, Murcia y Galicia.