Foment recaba apoyo jurídico contra la fiscalidad confiscatoria

Nueva andanada contra el intervencionismo impositivo impulsado desde el Gobierno. Juristas y abogados reclaman al Ejecutivo y a los tribunales que definan a partir de qué porcentaje un tributo se considera confiscatorio, igual que han hecho otros países de la Unión Europea, como en Francia y Alemania, que es del 50%, o en el caso de Bélgica, del 80%.

Según el artículo 31.1 de la Constitución, «todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». Entre estos principios, el de no confiscatoriedad, los expertos reunidos por la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales (SBEES) de Foment del Treball en una jornada de debate en el edificio CaixaForum de Madrid consideran que es el que está menos avanzado, ya que la definición de su contenido no está clara y ha tenido un menor desarrollo en la doctrina de los tribunales ordinarios y en el Tribunal Constitucional.

En España no se ha fijado un porcentaje a partir del cual un tributo puede tener carácter confiscatorio, lo que significa que solo se considera que lo tiene si alcanza el 100% de la capacidad económica del contribuyente. Para avanzar en la precisión del contenido del mandato constitucional de no confiscatoriedad tributaria y en su desarrollo, varios expertos compartieron sus opiniones en un diálogo moderado por Manuel J. Silva, socio consultor de Roca & Junyent.

Para Gabriel Casado, catedrático de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense «es evidente que es necesario atender al gasto público, pero esto no justifica los excesos del poder fiscal y el intervencionismo del Gobierno en la economía, con cargas como el impuesto oculto de la inflación o el riesgo de tributos extra fiscales».

Por su parte, Juan Ignacio Moreno, letrado del Tribunal Constitucional, explicó que «aunque en el Congreso cada vez se debate más sobre la confiscatoriedad de los tributos, el artículo 31.1 es un artículo bastante denostado que da miedo a los políticos y al Tribunal constitucional aplicarlo».

Otro de los ponentes, Dimitry Berberoff, magistrado del Tribunal Supremo, aseguró que «la capacidad económica y el principio de no confiscatoriedad subyace en la mayoría de los litigios tributarios. El problema que nos encontramos es que estos principios no están sustantivados, es difícil encontrar sentencias concretas de una aplicación directa y exclusiva del principio de no confiscatoriedad».

En su intervención, Josep Sánchez Llibre, presidente del Foment del Treball, aseguró que «el objetivo de la Sociedad Barcelonesa de Estudios Económicos y Sociales, que en septiembre inaugurará sede en Madrid, es desarrollar el proyecto España Metrópolis que potencie colaboración entre ciudades y comunidades que son clave para el desarrollo social y económico del país».