El glifosato y la competencia desleal

El glifosato ha vuelto a situarse en el primer plano de la actualidad. La Comisión Europea ha propuesto que siga autorizado durante diez años más. La primera votación de los expertos de los Estados miembros tendrá lugar el próximo viernes. Aunque el Parlamento Europeo no tiene poder de codecisión sobre esta propuesta, los eurodiputados han debatido sobre esta cuestión. Muchos miembros del PE consideran que la Comisión debe modificar su propuesta para incluir en ella medidas más estrictas de gestión de los riesgos que supone el uso de esta sustancia. De momento, los de Bruselas solo prevén la prohibición de utilizar el glifosato para la desecación y plantea el establecimiento de zonas tampón sin tratar para evitar la difusión del herbicida fuera del área de tratamiento. Hay otras limitaciones que solo se recomiendan y se dejan a discreción de los Estados miembros, lo que puede dar lugar a distorsiones de la competencia entre agricultores de los distintos países, según los eurodiputados. Algunos de ellos apuntaron también que si no se presiona a los Gobiernos para que investiguen en métodos alternativos de control de malas hierbas no invertirán en ellos. Las organizaciones de agricultores se han mostrado partidarias de esta medida planteada por Bruselas, mientras que los ecologistas la rechazan de plano.

El problema de las posibles distorsiones de la competencia entre los agricultores de los Estados miembros es importante, pero todavía lo es mucho más que el glifosato está autorizado en un gran número de países terceros con los que la Unión Europea mantiene relaciones comerciales. Eso significa, por ejemplo, que productos agrarios procedentes de estas naciones que han sido tratados con glifosato pueden entrar en el mercado de la UE, lo que podría suponer una competencia desleal para algunos agricultores comunitarios dependiendo de cómo quede la normativa. Este caso no es único, ya que durante los últimos años la Comisión Europea y los Estados miembros ha ido prohibiendo diversos productos fitosanitarios para diferentes cultivos, especialmente en el caso del arroz y de los cítricos. En este último caso, las organizaciones agrarias han denunciado la entrada en el mercado de la UE de agrios procedentes de terceros países que han sido tratados con sustancias prohibidas en el mercado comunitario, lo que supone, en su opinión, un caso claro de competencia desleal. Esta es una de las quejas más recurrentes que se han multiplicado en los últimos años por parte de las organizaciones agrarias. Eso, unido a las obligaciones adicionales impuestas en el marco del Pacto Verde europeo, han supuesto más costes de producción para los agricultores y los ganaderos comunitarios que se sienten en inferioridad de condiciones para competir con las mercancías procedentes de terceros países, con los que, por otro lado, se han multiplicado los acuerdos comerciales de carácter preferencial.