El Gobierno "cuela" la regulación de los VTC en su decreto escoba: declara el taxi como servicio de interés público y permite a las regiones limitar las licencias

Por sorpresa y sin mediar más palabra con las patronales de VTC. Así ha regulado el Gobierno las licencias de VTC tras la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) que rechaza las limitaciones de la ley española a la circulación de estos vehículos. En concreto, el Gobierno ha "colado" las nuevas limitaciones a los VTC aprovechando el decreto escoba que aprobaba hoy para transponer directivas europeas y cumplir con compromisos pendientes antes de las elecciones anticipadas del 23 de julio .En el texto, el Ejecutivo declara el taxi como servicio de interés público, incluye como novedad exigir que el titular de la licencia de VTC disponga del vehículo en propiedad o en arrendamiento más de tres meses, establece unos criterios medioambientales para otorgar las licencias de VTC estatales y fija que las comunidades podrán exigir una autorización adicional y limitar las autorizaciones "de forma proporcionada y justificada". Las patronales de VTC denuncian que el texto contraviene la sentencia del TJUE mientras que el taxi, por el momento, ha mostrado su satisfacción desconvocando la manifestación prevista para este jueves 29 de junio, adelanta Antaxi a LA RAZÓN.

Por un lado, se exige que la disposición del vehículo que, en todo caso, debe vincularse a la autorización, deba estar en propiedad, arrendamiento financiero o arrendamiento a largo plazo en el sentido que dispone la normativa de tráfico al respecto, es decir, arrendamientos con una duración superior a tres meses, de conformidad con el artículo 1 de la Orden INT/3215/2010, de 3 de diciembre, por la que se regula la comunicación del conductor habitual y del arrendamiento a largo plazo al Registro de Vehículos. "Esta medida permitirá garantizar el cumplimiento del requisito de disposición del vehículo, porque se detentan numerosos casos de adscripción de vehículos estrictamente para sustanciar los trámites administrativos de comprobación y, una vez en alta la autorización, se dan de baja inmediatamente", se explica en el decreto-ley.

Por otro, la norma establece que a los procedimientos sobre autorizaciones VTC pendientes de otorgamiento a la entrada en vigor del real decreto se aplicarán los criterios medioambientales previstos en la modificación de la ley. De esta manera, compañías como Cabify que tenían casi 10.000 coches pendientes de autorización desde 2018 a la espera de que cayese la ratio de un VTC por cada 30 taxis, declarada ilegal por el TJUE, ahora tendrán que enfrentarse a un cambio en las reglas del juego. Según la norma, si no se otorga la autorización por estos nuevos criterios, el procedimiento quedará suspendido aunque podrá reanudarse en cualquier momento, siempre que hayan pasado tres años desde la notificación inicial del incumplimiento.

La nueva regulación afecta sólo a las autorizaciones estatales, que habilitan para la realización de transporte interurbano con recorridos que deben iniciarse en la comunidad autónoma donde estén domiciliadas, mientras que las comunidades autónomas y entidades locales regularán las autorizaciones para la realización del transporte urbano en vehículos de turismo.

La norma establece que la autorización será denegada si, en el momento del otorgamiento, determinados contaminantes superan los umbrales regulados en la normativa de mejora de la calidad del aire, si hay congestión viaria o por la aplicación de los criterios medioambientales y de gestión del tráfico de cada comunidad autónoma.

Con el fin de garantizar el cumplimiento de estos puntos, podrán establecerse otros criterios objetivos, amparados en razones imperiosas de interés general, determinantes del otorgamiento de la autorización. Por su parte, las comunidades autónomas podrán, "previa motivación y, de forma proporcionada y justificada, limitar cada solicitud a un número máximo de autorizaciones de arrendamiento con conductor", así como solicitar una autorización adicional a los VTC para realizar transporte urbano en su ámbito territorial, que deberá estar justificada por razones de interés público, tales como la protección del medio ambiente o la garantía de la seguridad vial, y resultar proporcionadas.

"Es evidente que un crecimiento exponencial del número de autorizaciones para prestar estos servicios de transporte (y, por tanto, de vehículos) en un determinado ámbito impacta potencialmente en el medio ambiente, la congestión, la seguridad y la gestión del espacio público, por lo que las Administraciones con capacidad para detectar y modular esos impactos deben ostentar las herramientas adecuadas para conseguirlo", justifica el Gobierno en el decreto para adoptar estas restricciones.

Además, "se apuesta por la declaración del transporte de viajeros en taxi como servicio de interés público, dada la naturaleza de la actividad que desempeña, y que exige su prestación en condiciones de calidad muy estrictas, de universalidad, sin posibilidad de elegir por criterios comerciales la prestación de unos servicios y rechazar otros, con garantía de un precio estable en todas las circunstancias y con amplia cobertura en todo el territorio, incluso en las áreas geográficas con demanda inestable y limitada, por la escasa población residente", detalla el texto. En consecuencia, las comunidades y ayuntamientos deberán adoptar las medidas necesarias para garantizar la prestación de un servicio "de calidad", "no discriminatorio" y con cobertura "suficiente".

En el decreto, el Gobierno justifica la adaptación de su regulación aludiendo a que el fallo del TJUE plantea que los objetivos de buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público de una conurbación, así como de protección del medio ambiente, pueden constituir razones imperiosas de interés general" que justifiquen "la exigencia de una autorización específica adicional y la limitación del número de licencias". En este sentido, la sentencia del TJUE, hecha pública el pasado 8 de junio, establece que la limitación del número de licencias y la exigencia de una autorización específica adicional para los VTC van en contra de la libertad de establecimiento, aunque se abre la puerta a que las comunidades autónomas pidan una segunda licencia, además de la nacional, para la buena gestión del transporte, del tráfico y del espacio público, así como para la protección del medio ambiente, aunque estos criterios deben ser "objetivos y no discriminatorios", es decir, se deberían exigir tanto a los taxis como a los VTC. Por otro lado, los magistrados de Luxemburgo consideraron que "garantizar la viabilidad económica del taxi" no entraría dentro de estos objetivos de interés general.

Según fuentes del sector de los VTC, el Gobierno podría estar "burlando la sentencia del tribunal europeo al establecer por ley que el taxi es un servicio de interés general cuando el TJUE ha dicho que no lo es, aunque lo fije un estado miembro, y se salta su propia ley sobre coordinación con las comunidades autónomas (Disposición adicional 1 del RDL 3/18) que es un imperativo, al no reunirlas para analizar aquellas medidas estatales y autonómicas susceptibles de modificación". En opinión de estas mismas fuentes, "no existe urgencia para incluir estas normas en un real decreto-ley", por lo que jurídicamente podría ser nulo, pero el Gobierno ha adoptado esta vía, mezclando varias normas en este decreto escoba" para que ningún partido pueda cuestionar la regulación a los VTC". Hay que tener en cuenta que al elevar estas limitaciones a categoría de ley, sólo la podrían recurrir 50 diputados o senadores, el TJUE o del Tribunal Constitucional.

Desde Feneval VTC y Unauto VTC denuncian que el real decreto-ley aprobado hoy contraviene la sentencia del TJUE. Por ello, pondrán su contenido en conocimiento de la Comisión Europea y le solicitarán que abra un procedimiento contra el Gobierno de España. "Nuevamente nos encontramos con una regulación exprés en forma de real decreto-ley, negociado con el sector del taxi en lugar de con los representantes del sector al que se pretende regular, sin que se nos haya consultado en ningún momento sobre el borrador que se ha llevado al Consejo de Ministros. Todo ello en plena campaña electoral, con el objetivo indisimulado de ganarse el favor del taxi y evitar movilizaciones masivas", exponen ambas patronales en un comunicado. José Manuel Berzal, portavoz de la sección VTC de Unauto, considera que con esta forma de proceder el "Gobierno ha vuelto a dar muestras de que no es creíble", porque "ha incumplido el compromiso adquirido el pasado viernes de negociar el texto". "Sentimos una gran impotencia por la falta de credibilidad del secretario de Estado de Transportes", añade Berzal.