El acuerdo entre el Gobierno central y la Generalitat de Cataluña para explorar una financiación de carácter singular ha vuelto a colocar el modelo autonómico en el epicentro de la agenda política. Este paso, todavía en sus fases iniciales, ha provocado un rechazo considerable por parte de diversos gobiernos regionales, que ven en él un precedente complejo para la cohesión territorial del país.

Pese a que los detalles concretos y las cifras que conformarán este nuevo esquema todavía no se han hecho públicos, expertos en economía ya han expresado su preocupación. Advierten de que las bases sobre las que se está trabajando tienen el potencial de transformar sustancialmente el actual sistema de reparto de recursos entre las comunidades autónomas.

Desde algunas formaciones políticas, como el Partido Popular, ya se ha comenzado a denominar a esta iniciativa como el "cupo catalán". Esta etiqueta busca asemejar el futuro modelo al régimen foral del País Vasco y Navarra, donde sus administraciones forales recaudan todos los impuestos y transfieren una cantidad al Estado para competencias comunes.

Un modelo que redefine la caja común

El esquema en el que se trabaja para Cataluña contempla que la administración autonómica se encargue de la recaudación de la totalidad de los impuestos generados en su territorio, para posteriormente transferir una parte al Estado. Este planteamiento, tal y como recoge el medio Ondacero, supone una alteración en la estructura de financiación que ha regido en España.

La intención manifestada desde el Gobierno central sería extender este mismo modelo al resto de comunidades autónomas en el futuro, una posibilidad que los economistas consultados consideran inviable. Alertan de que aplicar este sistema de forma generalizada podría vaciar las arcas del Estado y, en consecuencia, poner fin al principio de solidaridad interterritorial que ha sustentado el sistema actual.

Críticas de expertos al reparto y la solidaridad

La propuesta ha generado una serie de reacciones entre los analistas económicos, quienes han manifestado públicamente sus reservas. Uno de ellos es Gonzalo Bernardos, economista, quien ha calificado el acuerdo de "nefasto". Sus declaraciones subrayan la preocupación por las implicaciones a largo plazo de este tipo de financiación.

Bernardos ha sostenido que una de las consecuencias directas de este nuevo sistema de reparto de recursos sería que algunas de las regiones con menores ingresos acabarían financiando a una de las comunidades autónomas más prósperas. Esta advertencia pone de manifiesto el debate sobre la equidad y la cohesión territorial dentro del modelo de Estado autonómico.