Las importaciones de bienes contaminantes deberán pagar por su entrada al mercado europeo

El Parlamento Europeo ha dado este martes su voto definitivo a la legislación para reducir las emisiones de gases contaminantes un 55% para el 2030 en comparación con los niveles de 1990. Este ambicioso paquete incluye un mecanismo de ajuste de carbono en frontera para que las importaciones de terceros países que no sean respetuosas con el medio ambiente sufran una penalización en su entrada al mercado europeo. Esto es una manera de incentivar en el resto del mundo la lucha contra el cambio climático a la que vez que se garantiza que la industria europea no sea castigada por sus estándares y no se enfrente a deslocalizaciones.

Este mecanismo, cuya entrada en vigor comenzará de manera paulatina en 2026, incluye materias primas como hierro, acero, cemento, aluminio, fertilizantes, electricidad e hidrógeno. Los importadores de estos bienes tendrán que pagar cualquier diferencia entre el precio del carbono en el país de producción y las tarifas por los derechos de emisión en la UE.

El paquete aprobado por la Eurocámara también incluye un fondo contra la pobreza energética para auxiliar a las familias y empresas vulnerables y una reforma del sistema de derechos de emisión, por el que las empresas que contaminan están obligadas a pagar. Este nuevo sistema será más duro de cumplir ya que termina de manera progresiva con ciertos derechos gratuitos e introduce a nuevos sectores.

La iniciativa más novedosa es el Mecanismo de Ajuste de Carbono en Frontera (CBAM, por su siglas en inglés), que fue aprobada con 487 votos a favor, 81 en contra y 75 abstenciones, validando así el acuerdo alcanzado el pasado diciembre entre el Parlamento Europeo, los Estados miembro y la Comisión Europea. La medida busca que las compañías europeas que están sujetas a las normas climáticas del bloque y tienen que pagar por sus derechos de emisión de CO2 no estén en una desventaja competitiva frente a sus rivales de terceros países en los que las exigencias climáticas son menos ambiciosas.

En particular, este gravamen se aplicará a partir del 1 de octubre de 2023 -pero con un periodo transitorio donde las obligaciones del importador se limitarán a proporcionar datos sobre sus emisiones- a las importaciones de sectores como la siderurgia, la producción de cemento o fertilizantes, el sector del aluminio y la generación de electricidad, como propuso la Comisión. Y se extenderá al hidrógeno, las emisiones indirectas en determinadas condiciones, determinados precursores, así como algunos productos intermedios, como tornillos y pernos y artículos similares de hierro o acero, como pidió el Parlamento.

Los importadores europeos de los productos afectados tendrán que obtener, primero, una autorización y, después, comprar los derechos de emisión de CO2 correspondientes al precio del carbono que se habría pagado si esos mismos bienes se hubiesen producido dentro de las fronteras del club comunitario. Las exigencias se irán endureciendo gradualmente desde 2026 a 2034.