Industria intenta anular el «tarifazo» eléctrico

El ministro de Industria, Energía y Turismo, José Manuel Soria, ha calificado de "inaceptable"el resultado de la subasta eléctrica de este jueves, que presiona un 10,5% al alza el recibo de la luz, y ha anunciado que en 24 horas se decidirá si se invalida.

¿«Tarifazo interruptus»? La subida del 11% del recibo de la luz para el 1 de enero que deparó ayer la subasta energética del mercado mayorista –«pool»– puede quedar en nada. El Ministerio de Industria está a la espera de que la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia (CNMC) le remita hoy un informe que podría anular el citado procedimiento y evitaría una dolorosa cuesta de enero para los 20 millones de hogares acogidos a la Tarifa de Último Recurso (TUR), que verían incrementada su factura, de media, en 110 euros anuales, según la OCU. José Manuel Soria cree que la subasta pudo realizarse en condiciones anómalas, hecho que, de ser refrendado por la CNMC, posibilitaría su anulación y fijar otra nueva. Según recoge la orden ministerial 1659/2009 en su artículo 14.2, si el regulador detecta anormalidades en la subasta, puede anularla en un plazo máximo de 24 horas.

Subasta

El precio de la energía se disparó ayer un 26,5% en la subasta trimestral del mercado mayorista, denominada Cesur (Contratos de Energía para el Suministro de Último Recurso), a la que concurren las grandes compañías suministradoras, Iberdrola, Endesa, Gas Natural Fenosa, HC y E.ON. La energía pesa aproximadamente un 40% en la factura de la electricidad, por lo que, de validarse la subasta, empujaría al alza el coste de la factura de la luz en torno al 10,5%. Si se suma el otro componente del recibo, los peajes, superaría el 11%. Soria, sin embargo, aseguró que este encarecimiento «es inaceptable. No se corresponde en absoluto con las proyecciones que había de acuerdo a los precios futuros que el "pool"había marcado en las últimas semanas. Y por eso hemos solicitado formalmente a la CNMC que abra una investigación sobre las circunstancias que han rodeado la subasta, para ver si ha habido manipulación, si no ha habido transparencia o si no ha habido competencia», manifestó antes de apuntar a esta última como posible anomalía. Fuentes del sector admitieron que el proceso estuvo dominado no sólo por una «especial incertidumbre regulatoria» sino también por la reducción del número de agentes que participaban tradicionalmente en este sistema, lo que habría empujado los precios al alza. Además, añadieron «factores exógenos», como la baja producción de energía eólica e hidráulica que se espera para enero, como otras de las posibles causas del encarecimiento al producir estas últimas tecnologías electricidad más barata.

En las últimas semanas, el mercado mayorista ya venía marcando precios muy altos. El 3 de diciembre alcanzó los 90,66 euros el megavatio hora, el nivel más elevado desde febrero de 2006. Además, el precio a plazo de la energía para el primer trimestre de 2014 se había incrementado también un 13,5% con respecto a octubre. El miércoles, alcanzó los 57,55 euros el megavatio, muy por encima de los 47,58 euros en que cerró en septiembre. Ayer llegó a los 61,83.

Tanto las asociaciones de consumidores como los grandes clientes sospechan que los precios mayoristas de la energía se inflan artificialmente por las eléctricas en los días previos a la subasta para conseguir una tarifa alta. Por este motivo, Soria impulsó una investigación de Competencia, independiente de la abierta por la subasta de ayer, para averiguar si ha habido manipulación.

¿Qué sucedería si la CNMC valida la subasta? Entonces, las opciones de Industria para abaratar el recibo de la luz se reducirían de forma drástica, pues sólo podría tocar los denominados peajes –que se pagan en concepto de distribución, primas, transporte...–, que pesan en el recibo de la luz el otro 60% que no corresponde a la energía. Si los anulase, sólo conseguiría abaratar el recibo el 1% después de que el Ejecutivo, tras varias marchas y contramarchas, apostara esta semana por subirlo. En la reforma energética aprobada en junio, el Gobierno presupuestó 3.600 millones de euros para cerrar este año sin el déficit que se genera en el sistema al ser el coste de producción de la energía superior a lo que las eléctricas recuperan vía recibos. Sin embargo, a finales de noviembre, el Ejecutivo retiró esos fondos para cuadrar el objetivo de déficit público que exige Bruselas, lo que obligará a los consumidores a tener que rascarse el bolsillo hasta 2029 para tapar ese agujero de 3.600 millones.

Con independencia de lo que dictamine la CNMC, Soria aseguró que el Gobierno estudia modificaciones en la subasta para que sea «más transparente y competitiva» y no deje margen alguno para la manipulación.