La inseguridad jurídica desbarata el potencial económico español

Es triste escuchar a los miembros del Gobierno repetir sin descanso el mensaje de euforia económica, algo completamente injustificado. El último episodio es particularmente preocupante. El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, se lanzó a la descalificación contra Feijóo y Bravo por decir que en España cae el empleo industrial, algo que es una evidencia empírica incontestable. Ya tuvimos que sufrir esa táctica gubernamental de negar la evidencia cuando Díaz anunció que el empleo en agricultura había crecido cuando es simplemente falso.

Lo preocupante no es la batalla de cifras, en las que los gobiernos siempre escogen el trimestre que les interesa. Lo hemos visto en la presentación de Calviño «Gobernamos contigo», en la que usa unos años u otros como corte para lo que le interesa. Pero lo realmente preocupante es que en España el Gobierno se conforma con la mediocridad más absoluta mientras endeuda a todos los ciudadanos de manera irresponsable.

Mediocridad absoluta. Con un aumento de deuda sobre PIB de más de 13 puntos desde 2019, se ha conseguido un irrisorio rebote del PIB de dos puntos, si se compara con la media de la eurozona, que refleja un aumento de PIB de 3,1%, con un incremento de deuda de menos de la mitad que España con respecto al PIB. Eso con la mayor tasa de paro de la OCDE y la UE para España, por encima ya de Grecia y perdiendo nivel de convergencia con los países de nuestro entorno. España no sólo ha perdido nivel de convergencia con la UE en empleo, sino en renta per cápita ajustada por poder adquisitivo, que se sitúa a niveles inferiores a 2011 y 15 puntos con respecto a la media de la UE.

Vanagloriarse de tener la mayor tasa de paro de la OCDE, horas trabajadas estancadas y una economía que sólo mejora por estar masivamente apalancada a la admirable recuperación del turismo es muy triste. Pero todavía más triste es leer que la inversión extranjera se desploma un 26% en los primeros seis meses de 2023 y menos de la mitad del nivel alcanzado en 2018. Un dato muy preocupante y que es todavía más negativo si vemos que el dato sería deprimente si no fuera por el empuje de Madrid, que concentra más de 7.000 millones de los casi 12.000 millones de euros de inversión extranjera.

En el debate mediático se habla mucho sobre las consecuencias políticas de la aleatoriedad política y la injerencia gubernamental en el poder legislativo y los reguladores, y se suele hacer desde un punto de vista político, constitucional y de convivencia, pero poco se habla de la inseguridad jurídica e inversora que se genera. El desastre de la cifra de inversión extranjera debería preocuparnos mucho porque, además, la cifra de 2018 que ya se ha quedado como un triste recuerdo, tampoco reflejaba el enorme potencial de nuestra economía y las oportunidades que deberíamos aprovechar.

España pierde interés para los inversores internacionales por varias razones, pero la más evidente es que el riesgo institucional y jurídico es muy relevante. Los inversores extranjeros se encuentran con un país asfixiado por elevadísimos impuestos a la inversión, el capital y el trabajo, todos superiores a la media de la Unión Europea que tampoco es una maravilla de competitividad fiscal. Adicionalmente, España es uno de los países en el que los empresarios deben dedicar más tiempo a cumplimentar requisitos burocráticos, casi la mitad de su tiempo, según un estudio de PwC. Finalmente, los episodios de injerencia política en regulación, libertad de capitales y discrecionalidad legislativa también cercenan nuestro enorme potencial.

Usted se creerá que los cambios de opinión del Gobierno de la mediocridad económica sólo afectan al entorno político, pero también suponen inseguridad inversora. En el extranjero se percibe a España como un país que incumple sus compromisos, y eso nos ha supuesto el embargo de algunos activos públicos, que cambia las leyes y reglas según le venga bien al inquilino de la Moncloa, y donde se cierra un círculo de mercantilismo peronista que ataca a los creadores de riqueza y subvenciona a los que rinden pleitesía al líder político. Eso también es inseguridad jurídica.

No, los datos de España no solo no son buenos, sino que son deprimentes considerando el maravilloso potencial que tenemos y los excelentes empresarios que tenemos. Empresarios que son héroes y heroínas que se ven obligados a pasar desapercibidos para que no les caiga el yugo de la burocracia inquisitiva y la fiscalidad expropiatoria.

Es urgente que los partidos de la oposición al Gobierno en funciones y probable futuro Ejecutivo se despierten y se enfrenten sin remilgos ni medias tintas a lo que es una ruina anunciada. La alternativa, como hemos explicado en esta columna, debe ser contundente, incuestionable y demoledora.

Qué tristeza de propaganda. Qué pena de partidos que celebran y aplauden la mediocridad económica y la pleitesía al expoliador de riqueza.