La Inspección de Trabajo amenaza a Díaz con una huelga indefinida por no incorporar los refuerzos pactados en 2021

El conflicto de los trabajadores de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social con el Ministerio de Hacienda y Función Pública, a cargo de María Jesús Montero, y el Ministerio de Trabajo, presidido por Yolanda Díaz, sube de tono. Los sindicatos han convocado para este martes, 9 de mayo, un nuevo paro parcial en el organismo como parte de una segunda fase de movilizaciones, "que irá in crescendo" y concluirá con una huelga indefinida con paro absoluto en el mes de junio, en protesta por la "caótica" situación y el "abandono" que sufre la Inspección, afectada por la falta de recursos a consecuencia del incumplimiento del acuerdo alcanzado en julio 2021. Por ello, durante una rueda de prensa celebrada hoy, CC OO, CIG, CSIF, Sitss, Sislass, UGT, UPIT y Usess, sindicatos convocantes de las protestas han anunciado paros semanales durante mayo y junio, a los que se sumarán concentraciones y encierros en las oficinas, y que denunciarán al Ministerio de Trabajo ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por incumplir los convenios internacionales.

Los sindicatos declaran que se ven "obligados" a iniciar esta segunda fase de movilizaciones ante las carencias del organismo y la "incompetencia" de su actual directora general, Carmen Collado, "que sólo parece capaz de encogerse de hombros cuando se le señalan las soluciones que deben adoptarse con urgencia", critican.

Como parte troncal de la negociación, los sindicatos exigen que se cumpla "de una vez por todas" el acuerdo para reforzar e incrementar la plantilla de la Inspección, firmado en 2021 y que "ha sido sistemáticamente ignorado", lo que ha provocado graves carencias, envejecimiento progresivo de la plantilla y exceso de trabajo, con el agravante de que la vigencia de ese plan estratégico acaba en diciembre de 2023.

Las organizaciones sindicales argumentan que la anterior Relación de Puestos de Trabajo de la Inspección data de hace más de 20 años, por lo que es necesario dar cumplimiento a la que se acordó con los sindicatos e incorporar de manera inmediata los 500 efectivos estructurales (es decir, permanentes) que se habían prometido de manera urgente y progresivamente el resto de personal comprometido.

La plantilla de la Inspección está compuesta por 3.100 efectivos, de los que 2.200 son inspectores y subinspectores y el resto, personal de estructura, que deben atender a 20 millones de afiliados a la Seguridad Social, 1,4 millones de empresas y 10 millones de pensionistas. Por ejemplo, en el caso de la Comunidad de Madrid hay 88 inspectores, 130 subinspectores y 62 trabajadores personal técnico de apoyo, que deben atender y garantizar los derechos laborales de 3,6 millones de población activa, empresas y pensionistas.

Según los sindicatos, para que la Inspección funcionase correctamente, la plantilla debería elevarse a 4.500 efectivos, un aumento que no se está realizando no por falta de presupuesto, señalan los sindicatos, sino por posibles problemas que el Ministerio de Hacienda y Función Pública no está comunicando. "Hemos dado tiempo a la Administración porque nos decían que la situación se iba a resolver de forma inminente por parte del Ministerio de hacienda y Función Pública, que parece ser quien tiene las competencias para hacer cumplir el acuerdo", ha señalado José Manuel Gándara Ruiz, responsable de acción sindical de CC OO en la Inspección de Trabajo, pero temen que lo que finalmente se implemente no se va a parecer en nada al acuerdo firmado, lo que provocará un nuevo repunte de conflictividad.

Las organizaciones sindicales afean a Trabajo que apele al diálogo social y no lo ejerza en la Inspección, "columna vertebral" del Ministerio. "La incompetencia de la ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, para garantizar una Inspección de Trabajo y Seguridad Social mínimamente robusta es palpable. Un acuerdo incumplido en su totalidad, un presupuesto desperdiciado que es incapaz de utilizar, ofertas de empleo que no se terminan de gestionar, son alguno de los elementos que demuestran el total abandono de nuestra Inspección de Trabajo", advierten los sindicatos. "Dos años donde ha sido constantemente incumplido el pacto que regula las condiciones de trabajo de la Inspección de Trabajo. Si la Inspección no funciona, ¿dónde quedan los derechos de los trabajadores?", ha subrayado Miguel Ángel Montero, responsable nacional de Inspección de Trabajo de CSIF.

"El desentendimiento y la lejanía que venimos observando por parte del Ministerio de Trabajo y Economía Social no sólo es una actitud irresponsable, va más allá, al poner de manifiesto la instrumentalización que se está realizando, por parte de la dirección política de este ministerio, de los esfuerzos que viene realizando la plantilla de la Inspección de Trabajo, en beneficio propio", añaden.

Por ello, exigen la inmediata dimisión" de toda la cúpula ministerial, incluida la dirección general y el secretario de Estado de Empleo, Joaquín Pérez Rey, "al que no podemos obviar". La plataforma sindical cree que es necesario que "otras personas tomen las riendas de la dirección de la Inspección y de la Secretaría de Estado, personas con mayor credibilidad y con mayor implicación en la defensa de las soluciones necesarias para los organismos que dirigen".

Desde el Ministerio han vuelto a defender su gestión en la Inspección de Trabajo y han recordado las palabras del propio Pérez Rey la semana pasada, en la que expresó su "compromiso nítido" con el refuerzo de la Inspección, a la que aseguró se van a incorporar 600 inspectores y subinspectores nuevos, un 30% más de la plantilla actual, que se suma al aumento del 20% del personal auxiliar. Además, aseguran que el presupuesto destinado a la Inspección se ha incrementado en un 41% y que se está impulsando una fuerte digitalización en el organismo gracias a los fondos europeos.

A la plataforma sindical no le convencen las promesas del Ministerio. "Ni se van a cubrir de forma inmediata ni en su totalidad. Están jugando a dilatar y a dinamitar", han denunciado. Por ello, ha anunciado que van a redoblar sus protestas y paros hasta junio. En concreto, los paros, que han arrancado este martes, estarán marcados por media hora de inactividad diaria desde esta semana hasta el 2 de junio. Asimismo, del 5 al 9 de junio, los paros tendrán una duración de una hora durante tres días a la semana, mientras que del 12 al 16 de junio la inactividad del personal de Inspección pasará a ser de dos horas. La semana previa a la huelga indefinida, la del 19 al 23 de junio, los paros tendrán una duración de tres horas, hasta que se produzca la inactividad completa desde el 26 al 30 de junio.

Además, los sindicatos presentarán una denuncia ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por el incumplimiento de los convenios estatutarios 81, 87, 98, 150 y 151, firmados por el Ministerio de Trabajo. Estos convenios "tienen que ver con la negociación de la situación laboral de la plantilla, que es inexistente, y con el incumplimiento del mantenimiento de una plantilla y unos medios adecuados", ha explicado Ana Ercoreca, presidenta de Sislass.

Esta denuncia internacional se suma a la que ya realizaron los sindicatos ante la Comisión Europea, en base a los incumplimientos con la Agenda 2030, con la inaplicación del Plan de Recuperación que conlleva el reparto de los fondos europeos vinculados al Plan Estratégico de la Inspección de Trabajo, "que se publicó en el BOE y está aprobado por el Consejo de Ministros, pero ni se está aplicando ni cumpliendo", añade Ercoreca.

Durante su intervención en la rueda de prensa celebrada hoy, la presidenta de Sislass también ha denunciado la discriminación salarial que se produce dentro de la Inspección: "De los puestos de directores territoriales, que son en total 17, sólo 4 están ocupados por mujeres. ¿Hay techos de cristal en la Inspección de Trabajo? Sí los hay. Por otro lado, estamos viendo que compañeros que están haciendo las mismas funciones están teniendo una diferencia salarial de 300 euros". Así, Sislass asegura que la Inspección de Trabajo está incumpliendo el artículo 28 del Estatuto de los Trabajadores, que recoge que ante igual trabajo se cobrará el mismo salario.